Educación
El gasto de las familias en la concertada triplica al de la pública en Primaria y ESO
En pleno debate sobre la posible necesidad de cambiar las reglas que rigen para la educación concertada, el Instituto Nacional de Estadística (INE) pone datos sobre la mesa. Son datos contundentes. A pesar de la teórica gratuidad en los niveles obligatorios de la educación concertada, es decir, de la educación privada financiada con fondos públicos, el gasto por alumno que suponen para las familias los servicios educativos acaba siendo claramente superior al que supone en la pública. Más de tres veces superior en la concertada que en la pública en Primaria y Secundaria, como desvelan los datos del INE del curso 2019-2020.
Entre educación Infantil y Superior, el 72,2% de los estudiantes cursaron sus estudios reglados en un centro público. Por su parte, el 17,5% lo hicieron en un centro concertado y el 10,3% en uno privado, según datos de la Encuesta sobre el gasto de los hogares en educación, sobre el curso 2019-2020, publicada este lunes. A la pública asistieron entre educación Infantil y Superior 10,16 millones de alumnos, frente a 1,78 millones a la concertada y 1,04 millones a la privada.
Donde mayor porcentaje de alumnado hay en la concertada es en el Infantil (27%), Primaria (26,6%) y Secundaria (19,3%). El porcentaje de gasto de los hogares por alumno en servicios educativos en la concertada fue superior al que corresponde a estos bocados: 39%, 45,6% y 26,8%, respectivamente. La diferencia es notable. Con un 27% del alumnado en Infantil, la concertada concentra el 39% del gasto de los hogares. El Primaria la relación entre porcentajes es de 26,6%-45,6% –cerca de los 20 puntos– y en Secundaria de 19,3%-26,8%.
El gasto medio por estudiante en servicios educativos en estudios reglados en enseñanza pública fue de 664 euros, en la enseñanza concertada de 1.252 euros y en la privada-privada de 4.656 euros. La comparación más interesante es entre pública y concertada. En la segunda el gasto por alumno es 1,88 veces superior, aunque se trata de un porcentaje que no da la medida real de la brecha, especialmente significativa en Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
La nueva norma educativa, la conocida como Lomloe o Ley Celaá, aprobada en el Congreso y pendiente aún del Senado, introduce una serie de medidas para evitar la segregación escolar, un fenómeno avivado por el funcionamiento de una parte significativa de la concertada [ver aquí, aquí y aquí informaciones en detalle]. Informes académicos, de consumidores y familias detallan cómo centros privados financiados con dinero público, en su mayoría controlados por la Iglesia, levantan barreras de entrada a alumnado desfavorecido, entre ellas el pago de cuotas. Y ello a pesar de que la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la que establece el actual sistema de conciertos, afirma que la educación obligatoria dede ser gratuita.
Pues bien, en la educación Primaria, obligatoria, la concertada tiene el 26,6%, pero concentra el 45,6% del gasto de los hogares. Sus alumnos gastan cada uno de media 1.367 euros, frente a 435 en la pública. Es decir, el gasto de los hogares en servicios educativos es 3,14 veces superior en la concertada.
En Secundaria, también obligatoria, la concertada reúne al 19,3% del alumnado, que concentra el 26,8% del gasto de los hogares. En la pública el gasto medio por alumno es de 336 euros, frente a 1.078 en la concertada. En este apartado el gasto por alumno en servicios educativos es 3,2 veces más alto en la privada financiada con fondos públicos.
Encuesta sobre el gasto de los hogares en educación del Instituto Nacional de Estadística. Curso 2019-2020.
La pregunta que podría hacerse es: ¿Podrían las familias que llevan a los hijos a la pública en estas etapas obligatorias pagar lo que se acaba pagando en la concertada? ¿Son estos datos indicativos de una posible existencia de barreras de entrada?
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El gasto total de los hogares en educación fue de 19.811 millones de euros, según la encuesta. De esta cifra, 15.783 millones (el 79,7% del total) se desembolsaron en servicios educativos y 4.028 millones (el 20,3%) en bienes adquiridos con finalidad educativa.
La mayor parte de los hogares, un 22,8%, gastaron cada uno entre 1.000 y 2.000 euros. Cada estudiante gastó, de media, 1.649 euros. ¿En qué se va ese dinero? 1.313 euros en servicios educativos (matrícula y clases lectivas, comedor, actividades extraescolares…) y 335 euros en bienes con fines educativos (libros de texto, uniformes, papelería…). El gasto medio por hogar en libros de texto fue de 167 euros. En productos informáticos, de 165 euros.
Estudiar en el municipio de residencia del alumno redujo el gasto hasta los 950 euros. Los que tuvieron que desplazarse a otro municipio de la provincia, desembolsaron 1.289 euros y los que se trasladaron a otra comunidad autónoma, 3.243 euros.