La política sanitaria de Esperanza Aguirre, que presentó la privatización de hospitales como gran mascarón de proa y garantía de una mayor eficiencia, ha terminado abofeteando al erario madrileño no solo como fuente de continuos sobrecostes sino también desde el flanco legal. En un solo año, 2015, la sanidad pública de Madrid se vio obligada a pagar más de 66 millones de euros a golpe de sentencia firme por litigios perdidos frente a un centenar de empresas, y así consta en una respuesta parlamentaria facilitada por el Ejecutivo autonómico a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera.
El monto total supera sin duda los 66 millones aunque, de momento, no se sabe por cuánto: el listado entregado a la oposición incluye tres sentencias favorables a otras tantas empresas concesionarias de hospitales pero no detalla el importe que vino obligada a desembolsar la Comunidad de Madrid para darles cumplimiento. Las fuentes oficiales consultadas en la sanidad pública madrileña aseguraron este martes que no disponen de las cifras y que las están recabando. Salvo sorpresa, serán elevadas.
De los 66 millones que suman las condenas cuantificadas, al menos el 27% (18,3 millones) procede de sentencias ganadas por compañías vinculadas a la construcción y gestión de los nuevos hospitales de titularidad pública y gestión privada o semiprivada y que fueron promovidos en la segunda mitad de la pasada década. Consultados por infoLibre, portavoces del Ejecutivo de Cristina Cifuentes admiten que las "discrepancias sobre la construcción o la fase de arranque" de esos hospitales o las que persisten con "proveedores de servicios/suministros" como el Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda) están detrás de dos de los grandes grupos de pleitos perdidos.
Expertos ajenos al Gobierno madrileño subrayan en cambio que los contratos de concesión revisten tal carácter laberíntico que se prestan a múltiples interpretaciones. Y que, por tanto, entrañan un riesgo cierto de inseguridad para los intereses públicos.
El Puerta de Hierro constituye el paradigma: gestionado a partir de 2005 por el grupo ACS (Florentino Pérez) y desde 2015 controlado por un fondo de inversión holandés, el hospital de Majadahonda absorbió a parte de la plantilla que ya trabajaba para la sanidad pública madrileña en su antiguo emplazamiento de Puerta de Hierro. Bajo esa premisa, el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), y así lo relatan fuentes oficiales, "dedujo el equivalente salarial del pago a la concesionaria". Pero como el contrato decía que la Administración había de incluir en sus pagos el coste de la plantilla, la concesionaria acudió a los tribunales. Y ganó. Conclusión: solo en 2015, el Hospital de Majadahonda se embolsó 12.912.878 euros vía sentencia firme.
El tercer bloque de sentencias contrarias a la Administración madrileña tiene igualmente su origen en la segunda mitad de la década pasada: hasta 2006, y en aplicación de una vieja norma estatal de 1974 cuya aplicación asumió la Comunidad de Madrid tras el traspaso de competencias sanitarias, varios bancos prestaban atención médica a sus respectivos pensionistas y endosaban luego la factura al Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
En 2006, y así lo relata la sentencia del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) derivada del litigio que planteó uno de esos bancos, el Santander, la Comunidad de Madrid dejó de pagar [pincha aquí para leer la resolución judicial]. Lo hizo, rememora una fuente del sector, "a las bravas". Es decir, sin anular previamente el convenio marco que le obligada a esos pagos ni modificar la legislación en que se sustentaba el pacto. Aquel abaratamiento de costes aplicado por el equipo de Aguirre en su etapa de máximo esplendor político le ha salido caro a la Administración autonómica: cuatro entidades financieras (Santander, BBVA, Banesto y BNP Paribas) han ganado litigios que suman 20,9 millones de euros. Las fuentes consultadas en el Ejecutivo madrileño no pudieron confirmar si la sentencia del BNP Paribas se encuadra en la categoría de gastos médicos impagados.
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Ningún otro departamento del Gobierno madrileño se vio forzado en 2015 a indemnizar a empresas por imperativo judicial en una cuantía ni siquiera cercana a la impuesta a Sanidad, y así lo certifica el listado de sentencias aportado al PSOE.
¿Es habitual que una administración que dispone de un potente servicio jurídico y que durante lustros mantuvo en activo un Consejo Consultivo pierda en un solo año contenciosos sanitarios valorados en 66 millones de euros? La respuesta de los portavoces oficiales de la Consejería de Sanidad a esa pregunta fue la siguiente: "Consideramos que es una cuantía global excepcional, ya que concurren dos grupos de pagos por sentencias no habituales, los correspondientes a las discrepancias con las constructoras /consecionarias en el arranque de los centros, y de los contenciosos de los bancos por un hecho puntual en el cambio de relación con la administración. Los pagos por sentencias originadas por discrepancias con los proveedores forman parte de la relación entre la administración con otras entidades, y se enmarca en la defensa de los intereses de la administración. Aquí no se reflejan las sentencias que se ganan por parte de la administración".
La política sanitaria de Esperanza Aguirre, que presentó la privatización de hospitales como gran mascarón de proa y garantía de una mayor eficiencia, ha terminado abofeteando al erario madrileño no solo como fuente de continuos sobrecostes sino también desde el flanco legal. En un solo año, 2015, la sanidad pública de Madrid se vio obligada a pagar más de 66 millones de euros a golpe de sentencia firme por litigios perdidos frente a un centenar de empresas, y así consta en una respuesta parlamentaria facilitada por el Ejecutivo autonómico a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera.