El Gobierno hace de sus 31 medidas de regeneración la hoja de ruta para agotar la legislatura

Hasta la noche del lunes estuvieron negociando el PSOE y Sumar dentro del Gobierno para llegar a un acuerdo. Intercambiando papeles, afinando conceptos, buscando puntos de acuerdo. Y el documento del plan de regeneración democrática logró ver la luz este martes tras semanas de conversaciones principalmente entre los ministros de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y de Cultura, Ernest Urtasun.

En las dos partes eran conscientes de la expectación mediática y entre los grupos parlamentarios. Pero, además, lo acordado supone una “hoja de ruta”, como dicen dentro del Gobierno, de la propia coalición para la legislatura. Las 31 medidas tendrán que ver la luz, según sus cálculos, durante estos tres años y serán una de las grandes banderas que enarbolarán los socios, después del periodo de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el Gobierno sostienen que no se pueden quedar sólo en denunciar la “máquina del fango” sino que se tienen que tomar medidas valientes en medio de un debate que no sólo afecta a España sino que está instalado en la mayoría de las democracias del entorno. Y después del ciclo electoral, sostienen los socialistas y especialmente los miembros de Sumar, el Ejecutivo progresista debe materializar proyectos que calen entre su propio electorado. No se trata sólo de resistir.

Por ahora, el documento es una planificación de intenciones que se tendrá que enfrentar al debate parlamentario y a la aprobación de los socios de investidura. El Gobierno sigue presionando al PP, entendiendo que debería ser coherente con el voto afirmativo que dio al reglamento europeo de medios de comunicación que sirve de base para el plan español. Pero muchos en el Ejecutivo ven casi imposible que los populares terminen accediendo a aprobar las medidas y señalan como termómetro el anuncio de Génova 13 de que ni siquiera dará su voto a favor de Teresa Ribera en el Parlamento Europeo para su puesto como vicepresidenta para la Transición Justa y responsable de la todopoderosa cartera de Competencia en la Comisión Europea, a pesar de que la popular Ursula Von der Leyen la haya puesto en uno de los puestos clave en Bruselas.

Atraer al PNV y Junts

Los socialistas y Sumar esperan, en cambio, poder sacar las medidas (cada una se irá desarrollando a su tiempo, no se trata de un paquete incluido en una única iniciativa legislativa) con los socios de investidura. De hecho, algunas de ellas son propuestas que llevan reivindicando partidos como el PNV, en el caso de la reforma de la ley de secretos oficiales (la actual se aprobó durante la dictadura franquista). Además, no se trata de un plan intocable sino que fuentes del Gobierno explican que podría incluir aportaciones de los grupos (se mira especialmente a la reforma de la ley mordaza, donde por el momento sólo se incluye eliminar las sanciones por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

Los medios de comunicación

Una de las principales miradas está puesta sobre los medios de comunicación: el ecosistema actual ha superado un marco regulatorio en muchos aspectos desfasado. En el Gobierno se afanan en explicar que se basa en lo acordado en la Unión Europea para fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad en un momento donde muchas veces campan a sus anchas los bulos y las fake news. En este sentido, una de las principales novedades será la creación de un registro de medios de comunicación con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben. Se articulará como organismo independiente a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Asimismo, se obligará a las administraciones públicas a que publiquen su inversión publicitaria (actualmente hay un absoluto descontrol y no hay cifras oficiales de cómo se reparte ese dinero público).

Todo ello acompañado por una reforma de la ley de publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación de asignación. El Ejecutivo prevé en este eje una reforma de la ley para garantizar sistemas de medición de audiencia. A la vez, se pondrá en marcha una Estrategia Nacional de lucha contra la desinformación y se marcarán límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación.

De esta manera, se quiere luchar principalmente con la aparición de “pseudomedios” o “panfletos”, como suelen señalar dentro del Gobierno, que viven especialmente de campañas de administraciones públicas dominadas por el Partido Popular. En el epicentro siempre está el ecosistema nacido alrededor de las instituciones madrileñas. Además, el Gobierno va a aprobar la transposición de la directiva anti SLAPP para la protección de periodistas de acosos externos y se va a revisar el marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios, siguiendo la senda que marca el reglamento europeo. Un ministro del núcleo duro de La Moncloa hace esta reflexión tras el plan: "Es superescrupuloso. No es un ataque a la libertad de información. Nadie dice que se persiga la línea editorial".

¿Entrarán las injurias a la Corona?

Uno de los puntos del plan que más interés ha suscitado es el que dice lo siguiente: “Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal”.

Preguntado Bolaños tras el Consejo de Ministros sobre si esto supone despenalizar las injurias a la Corona y si estaba de acuerdo, el ministro no lo lo negó pero tampoco lo quiso explicitar: "Lo que será realmente importante será el proyecto de ley que salga aprobado por el Consejo de Ministros cuando así lo hagamos y, luego, contar con apoyos parlamentarios suficientes para modificar el Código Penal en este caso". En una entrevista con infoLibre, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, desvela que el PSOE no ha querido explicitar la palabra Corona, pero que no hay duda de que se derogará el delito de injurias por el redactado acordado. "Es medieval", sostiene el político de Sumar.

En Sumar hacen referencia a sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2011 y 2018 (esta última sobre la quema de fotos del rey). A la vez que subrayan los de Yolanda Díaz que en otra sentencia del TEDH de 8 de junio de 2023 se dictamina que la libertad de expresión “no se aplica solo a información o ideas que se perciben como inofensivas”, sino también a las que “ofenden, crean impacto o perturbación al Estado o a cualquier sector de la sociedad”.

Un plan que ya afectará al próximo ciclo electoral

El Gobierno incluye en su plan una ley de lobbies y otra para reforzar el control sobre los cargos públicos

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El plan presentado también tiene un potente lado de cara al sistema electoral con la idea de reformar la LOREG para hacer obligatorios los debates electorales y para tener que publicar los microdatos de las encuestas, algo que hasta ahora hacen pocas casas de encuestas. Asimismo, se pretende fijar una reforma del reglamento del Congreso para que se tenga que celebrar cada año el debate sobre el estado de la nación.

El Gobierno pretende también buscar apoyos para reformas de las leyes orgánicas del derecho al honor y a la rectificación, fortalecer el régimen sancionador a los partidos que no presenten correctamente sus cuentas y aprobar una ley de lobbies (con código de conducta para los grupos de interés y para vigilar el proceso parlamentario) y otra sobre gobierno abierto (que endurecerá lo controles sobre cargos públicos en temas de conflicto de interés). Lo que sí se han quedado fuera son reformas judiciales, que sí puso sobre la mesa Sumar, pero que el PSOE, según fuentes gubernamentales, descartó después de haber pactado con el PP el Consejo General del Poder Judicial.

El plan de Sánchez, con un viso temporal de tres años, marca también la idea que lleva transmitiendo el Ejecutivo de que quiere agotar la legislatura a pesar de la difícil situación en el Congreso de los Diputados. Los números se ponen a prueba de manera más vibrante durante este nuevo período de sesiones con la vista puesta en el proyecto de ley de Presupuestos generales del Estado. Y con un examen apenas en dos semanas de mucha altura: la senda de déficit para las administraciones públicas. Por el momento no parece fácil, Podemos ya ha avanzado que no le gusta la letra.