El Gobierno aprueba el decreto que acorta los grados a tres años

El Ministerio de Educación vuelve a dar la vuelta al sistema universitario español. El Ejecutivo dio luz verde este viernes al decreto que da la posibilidad a los campus de cambiar sus planes de estudio y pasar a ofrecer a partir del próximo curso carreras de tres años y másteres de dos. Se trata del llamado sistema 3+2 que vendría a enterrar el 4+1 (carreras de cuatro años y posgrados de uno) que generalizó el todavía incipiente Plan Bolonia. Esta reforma ha generado el rechazo casi al completo de la comunidad educativa.

Los estudiantes defienden que dilapidará la igualdad de oportunidades, pues los estudios de máster no habilitantes –que entienden que tomarán más relevancia de cara a poder competir en el mercado laboral– tienen precios por crédito que, de media, duplican a los de los grados. Según datos del Ministerio de Educación en el curso 2013-2014 el precio medio del crédito de grado fue de 18,42 euros y el de máster de 40,11 euros. En el departamento que dirige José Ignacio Wert, sin embargo, defienden que esta reforma supondrá un ahorro para las familias que cuantifican en 150 millones de euros. Eso, claro está, en el caso de que todas las universidades cambiaran de sistema (hacerlo es opcional) y de que se mantuviera el porcentaje actual de univesitarios que tras completar sus estudios de grado optan por hacer un máster y que el propio Wert cifró en el 20% de los estudiantes que no hacen estudios para los que el llamado máster habilitante es obligatorio. 

Con esta medida, el Gobierno asegura que pretende flexibilizar la oferta académica y facilitar la convergencia de los grados españoles con los itinerarios universitarios de "la mayoría de países europeos", con el objetivo de facilitar la movilidad. A juicio de José Ignacio Wert, una mayor semejanza de la estructura de los estudios facilitará tanto que estudiantes extranjeros acudan a realizar sus estudios a España como que los españoles puedan cursar estudios en otras universidades.

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La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha rechazado esta reforma porque, a su parecer, sería "imprudente" cambiar el sistema de titulaciones universitarias cuando apenas han terminado sus estudios las primeras generaciones del Plan Bolonia y, es más, aún quedan estudiantes del plan anterior. Además, los rectores dicen que no se han hecho estudios previos a la aprobación de la nueva normativa, y que ésta generará "caos" en las universidades. 

El Consejo de Estado se ha pronunciado en términos similares. Emitió un dictamen sobre el decreto en el que pedía a Educación que aplazara la reforma, al tiempo que le recordaba que el sistema de grados de cuatro años más uno de master terminó de implantarse de forma generalizada en 2010 y las primeras generaciones se graduaron en 2014. Además, señalaba que todavía no se ha extinguido el plan antiguo (licenciatura) en la mayoría de universidades.

"La falta de estabilidad en la regulación de las enseñanzas durante los últimos años no parece beneficiar a la consecución de una educación de calidad en España –indica el informe– siendo muy deseable que se tratara de alcanzar un acuerdo generar de las fuerzas políticas y sociales a fin de buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema".