El Gobierno planea "resignificar el Valle de los Caídos" para convertirlo en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional y en el que las "30.000 víctimas de los dos bancos tengan paz y respeto", ha avanzado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.
Calvo, que ha presentado el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, adelantado [ver aquí] por infoLibre, ha dicho que esa "resignificación" se hará en el futuro y está aún por estudiar.
Entre las novedades de la ley, destinada fundamentalmente a exhumar, identificar y reparar a las víctimas, está la futura conmemoración de dos fechas: el 31 de octubre, fecha en que se aprobó el proyecto de Constitución española de 1978 en el Congreso de los Diputados y el 8 de mayo como efeméride para recordar a quienes lucharon contra el nazismo y el fascismo.
Calvo también ha avanzado que se cambiará el nombre el Panteón de Hombres Ilustres, donde las mujeres están "desaparecidas", por el de Panteón de España, y se le dará relevancia enterrando en él a personalidades ilustres. La vicepresidenta ha hecho una encendida reivindicación de Clara Campoamor, la impulsora del voto femenino en España, porque "se le debe la aplicación exacta y precisa de la soberanía popular".
Por otro lado, ha afirmado que la ley pretende "proteger para el futuro los archivos de la Presidencia del Gobierno de España", tener "útiles" los archivos históricos hasta el momento anterior a la democracia y traer a España archivos de personalidades insignes que se encuentran fuera del país.
Además, la vicepresidenta primera del Gobierno ha anunciado que la fundación de los benedictinos presente en el Valle de los Caídos "se extinguirá automáticamente" porque "ya no tiene ningún sentido en relación al nuevo objetivo del Valle de los Caídos en términos de memoria democrática". "La fundación de los benedictinos se extinguirá automáticamente, no está en el objetivo de los fines en los que va a estar el Valle de los Caídos y, entre tanto, hasta que se produce la extinción, habrá un régimen transitorio que regularemos mediante decreto y llevaremos al paraguas de protección y decisión del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, el responsable del Valle de los Caídos", ha subrayado Calvo.
Según ha señalado, con posterioridad, irán "avanzando en la resignificación" pero ha precisado que, "de momento, se convertirá en un verdadero cementerio civil, de respeto y de paz de todas las víctimas que son de los dos bandos". La vicepresidenta ha insistido en que la presencia de los benedictinos en el Valle de los Caídos es "incompatible" con la resignificación de este lugar, y ha agregado que tanto las fundaciones públicas como las privadas que tengan una repercusión pública "no pueden enaltecer las dictaduras ni los totalitarismos ni las figuras correspondientes".
"Todo lo que tenga repercusión pública no puede estar en esos fines que están expresamente prohibidos por esta ley", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que la norma también retirará las condecoraciones que conllevan reconocimiento de quienes en el ámbito de la función pública, civil o militar, están o han estado inmersos en violaciones directas de derechos humanos bien en el periodo de la dictadura o posteriormente".
Exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que, entre otras cosas, contemplará la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo; la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos; o que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad español.
La norma que arranca ahora su tramitación avanza en la senda que ya abrió la ley de memoria histórica aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y, entre otras cosas, incluye una condena expresa del golpe de Estado militar de 1936 y la dictadura franquista, según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno de coalición. Asimismo, recoge que será causa de extinción de fundaciones la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, al considerarse que son contrarias al interés general, lo que llevará previsiblemente a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.
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A este respecto, también contempla que las personas u organizaciones que atenten, alienten o toleren prácticas en contra de la memoria democrática no podrán recibir subvenciones, bonificaciones ni prestarán ayudas públicas. Asimismo, el anteproyecto declaran ilegales, nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra y demás procesos (con las sentencias correspondientes) instruidos por causas políticas durante el régimen franquista, como por ejemplo, la del que fuera presidente catalán durante la II República, y fusilado por el franquismo, Lluís Companys.
La vicepresidenta primera ya avanzó la semana pasada que esta iniciativa también servirá para poner en marcha un plan de exhumaciones sufragado con recursos públicos, reconociendo así el derecho de las víctimas y sus familiares a investigar y conocer los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido, y a la identificación y sepultura digna, dando traslado al Ministerio Fiscal los indicios de comisión de delitos que se aprecien al realizar estas localizaciones e identificaciones.
Y a propuesta de Unidas Podemos, se contempla que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española. "Los descendientes de los brigadistas internacionales que combatieron por la libertad y contra el fascismo en España, podrán acceder a la nacionalidad española. Ya era hora de decir desde el Gobierno a estos héroes y heroínas de la democracia: gracias por venir", ha celebrado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las redes sociales.
El Gobierno planea "resignificar el Valle de los Caídos" para convertirlo en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional y en el que las "30.000 víctimas de los dos bancos tengan paz y respeto", ha avanzado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.