Interior pone a los Mossos en la diana de Llarena mientras Illa se apresura a restaurar su imagen

El Gobierno lleva días sacudiéndose su responsabilidad por la huida del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, sobre el que pesa una orden nacional de detención, tras su reaparición en el centro de Barcelona. Primero, ante los medios de comunicación. Y ahora, ante la justicia. El Ministerio del Interior ha remitido ya al Tribunal Supremo su informe sobre el dispositivo dispuesto para la detección y arresto del líder de Junts a su regreso a España. El documento pone el foco sobre los Mossos d'Esquadra, cuya imagen se ha visto lastrada por el fracaso del operativo. Una crisis que el nuevo Govern de Salvador Illa quiere atajar cuanto antes. Muestra de ello es que la primera visita oficial del president vaya a ser al cuartel general del cuerpo policial.

La fuga de Puigdemont no ha tardado en convertirse en la enésima derivada del procés. Pocas horas después de que el exlíder del Ejecutivo se esfumase en la Ciudad Condal, el instructor de la causa, Pablo Llarena, decidió poner el foco sobre el fiasco de la operación. La orden de detención cursada contra el prófugo es de obligado cumplimiento para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ahí que el magistrado pidiese explicaciones sobre lo sucedido no solo a los Mossos d'Esquadra, sino también al Ministerio del Interior, del que dependen Policía Nacional y Guardia Civil. No hay, por el momento, una investigación penal como tal por estos hechos, lo que no quiere decir que no pueda acabar abriéndose en un futuro.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ya ha hecho llegar a Llarena un informe en el que da respuesta a las distintas cuestiones planteadas por el magistrado. Interior sostiene que la detención de Puigdemont "ha sido, es y será, hasta que su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales". Y señala que "en los dispositivos de control y vigilancia" establecidos en la frontera, así como en puertos y aeropuertos, "no se detectó en momento alguno" al expresident. El secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró la pasada semana que el exlíder del Ejecutivo catalán llegó a Barcelona dos días antes de su reaparición televisada, que coincidió con la investidura de Illa.

Interior, no obstante, deja caer que es difícil establecer en la frontera con Francia un "control policial" que garantice una "impermeabilidad absoluta". Se agarra a la normativa comunitaria. Así, menciona el artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: "[La Unión] garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores". Y el 22 del Código de Fronteras Schengen: "Las fronteras interiores podrán cruzarse en cualquier lugar sin que se realice inspección fronteriza alguna de las personas". Dicho reglamento, además, obliga a notificar a la Comisión Europea y al resto de Estados el restablecimiento de controles fronterizos. Una medida de último recurso para cuando exista una amenaza grave para el orden público o seguridad interior.

Sobre la detención ya en territorio nacional, responsabiliza a los Mossos del fracaso. El cuerpo policial autonómico, sostiene el informe, comunicó al ministerio su dispositivo. E Interior le ofreció apoyo operativo por parte de Policía Nacional y Guardia Civil. Pero los primeros renunciaron a dicha colaboración. "[No fueron] requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia", reza el documento que se ha hecho llegar al instructor del procés. Por eso, y dada "la competencia" del cuerpo catalán para labores de "seguridad ciudadana" o "policía judicial", ni el Instituto Armado ni la Policía Nacional montaron operativos específicos paralelos para la detención en el centro de Barcelona.

Una vez que la fuga dejó de ser una sospecha y se convirtió en una realidad, el departamento que dirige Grande-Marlaska dio orden de activar los "recursos operativos y de inteligencia extraordinarios" para localizar y arrestar a Puigdemont. De esta manera, el informe apunta que se reforzó la vigilancia en puertos y aeropuertos y se dispusieron dispositivos en vías públicas, especialmente aquellas que conducían o estaban próximas a la frontera –algo en lo que se llevaba trabajando días–. No obstante, las de "alta capacidad" quedaron bajo responsabilidad de los Mossos, que evitan aclarar si han enviado ya su propio informe al Supremo y a quienes también ha pedido explicaciones el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Una imagen tocada que Illa busca restituir

La televisada desaparición de Puigdemont ha provocado una profunda crisis de imagen y credibilidad en la policía autonómica, donde algunos agentes hablan de "ridículo". Un cuerpo que ha tenido que remar intensamente desde el referéndum ilegal del 1-O para recuperar la confianza perdida de jueces y fiscales. Entonces, se les acusó de connivencia con el independentismo. "Han quedado evidenciados episodios de auténtica complicidad (...) quizás por la coincidencia ideológica o por la seguridad de que de esa forma podían granjearse el aplauso y beneplácito de ciudadanos rebeldes o responsables políticos", llegó a decir el Tribunal Supremo en su sentencia del procés. Un fantasma que ahora, siete años después, ha vuelto a resurgir.

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No ayuda, además, que tres de los detenidos hasta ahora por su supuesta participación en la fuga del expresident de la Generalitat sean agentes de los Mossos d'Esquadra –uno de ellos, el dueño del coche en el que desapareció el líder de Junts por las calles de Barcelona–, igual que lo eran algunos de quienes participaron en su primera huida a Bruselas o de quienes le acompañaban cuando fue detenido en Alemania. "Es un acto reprobable e inaceptable y una afrenta al conjunto del cuerpo. No merecen vestir nuestro uniforme", se encargó de decir sobre los detenidos el comisario jefe, Eduard Sallent. Lo hizo el pasado viernes, durante una rueda de prensa que encabezó el entonces conseller de Interior, Joan Ignasi Elena.

Aquella fue su última gran comparecencia antes de pasar el testigo a la socialista Núria Parlón. A partir de ahora, será ella quien lleve las riendas de este departamento. Y a la que le tocará lidiar con la crisis de imagen que afronta la policía catalana. Algo que el nuevo Govern de Salvador Illa parece tener entre sus prioridades. La primera visita oficial que harán este miércoles el president y la consellera de Interior será, precisamente, al cuartel general de los Mossos d'Esquadra. Un movimiento cargado de simbolismo con el que ambos quieren mostrar su "reconocimiento y pleno apoyo" al cuerpo y conocer "de primera mano" sus "inquietudes y necesidades". "El gran grueso tiene un compromiso firme y su comportamiento es ejemplar", ha dicho la portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

Aunque el nuevo Ejecutivo catalán no ha dado aún ningún paso en esa dirección, se da por descontado un relevo en la cúpula policial. Una reestructuración con un nombre propio: el de Josep Lluís Trapero. Durante la campaña electoral, Illa dejó claro que si llegaba al Palau el major sería director general de los Mossos, un cargo al que hasta ahora no ha accedido ningún uniformado. Si alguien sabe lo que supone que el cuerpo esté bajo la lupa, ese es Trapero. Hace solo cuatro años, tuvo que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional junto al resto de cúpula policial por el procés. Se les acusó de rebelión y sedición. Pero fueron absueltos. En el fallo, el tribunal recordó que el major llegó a preparar un dispositivo para detener a cargos políticos tras la declaración unilateral de independencia.