El Gobierno da el impulso definitivo a la reforma de la ley del aborto tras el 25-M

La próxima semana será clave para que el Gobierno dé un impulso a la reforma de la ley del aborto, un texto que fue presentado en el Consejo de Ministros del 20 de diciembre de 2013 y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere trasladar al Congreso para su debate parlamentario a finales de este mes o a principios de julio. Pese a que en el equipo del presidente desvinculan la trayectoria de este anteproyecto de las europeas, tanto el Gobierno como el PP optaron por aparcar este tema hasta después de las elecciones.

Moncloa sostiene que el único motivo por el que el anteproyecto ha estado parado estos meses no tiene que ver con el 25-M y el miedo al castigo en las urnas. Ni siquiera con el malestar que ha generado en las filas conservadores. Todo estriba, según afirman, en el tiempo que se han tomado los órganos consultivos en analizar la información remitida por el Ministerio de Justicia, el encargado de la reforma. Un tiempo que llega a su fin y que implica que el texto podrá llegar de nuevo en más o menos un mes al Consejo de Ministros, ya como proyecto de ley.

La fase de informes está a punto de culminar. El miércoles 11, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un órgano en el que están presentes el Ministerio de Sanidad y los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas, se pronunciará sobre el anteproyecto y después trasladará sus conclusiones al departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.

Esta cuestión fue incluida en el orden del día de la reunión en un encuentro previo celebrado este viernes en el que se fijaron los asuntos a tratar en este consejo que tendrá lugar en Toledo. Así, el punto 39 del orden del día, establece como asunto para debate y aprobación la elaboración, a petición del Ministerio de Justicia, de un informe sobre el impacto en la normativa sanitaria del denominado anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.

Informe de impacto

Pese a que se trata de un tema polémico que generará debate entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular y las que están en manos de otros partidos, lo único que pretende Justicia con esta demanda de un informe es que el Consejo Interterritorial de Sanidad precise la forma en la que este texto afectaría a la legislación que es competencia del departamento de Ana Mato. De hecho, todo proyecto de ley va acompañado de su correspondiente informe de impacto.

Para el PSOE, el hecho de que este asunto haya sido introducido en el orden del día de esta reunión en la que están presentes todas las comunidades es una muestra de que el Gobierno ha decidido ahora agilizar los trámites para empezar con la tramitación de la ley.

Dos informes para el órgano de los jueces

Mayor relevancia tiene, no obstante, lo que ocurrirá el próximo viernes, 13 de junio. Tras la solicitud de varias prórrogas a la hora de emitir el informe y el aplazamiento de algunos de los plenos en los que se iban a votar los dictámenes, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá para posicionarse sobre la reforma del aborto más restrictiva de la democracia.

Según el calendario establecido, los miembros del CGPJ tienen de plazo hasta el mediodía del 12 de junio para presentar sus alegaciones a las propuestas de informe al anteproyecto de Ley del Aborto redactadas por las ponentes Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda. Ambas vocales no se pusieron de acuerdo para presentar un informe conjunto.

Mientras que la progresista Sepúlveda pide la retirada del texto, el informe de la conservadora Llombart, nombrada a propuesta del Partido Popular, reclama que una mujer pueda abortar cuando se presenta una anomalía fetal sin tener que acreditar que ello le provoca daño psicológico.

El anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia, que acaba con la ley de plazos de los socialistas de 2010, reduce a dos los supuestos por los que una mujer puede interrumpir legalmente la gestación: la violación o el peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer. En la ley del 85 sí existía el supuesto de la malformación fetal que Llombart pide recuperar en el caso de que sea incompatible con la vida.

El debate y votación de este asunto había sido fijado inicialmente para el 4 de junio, pero tras la petición de varios vocales de disponer de más tiempo para hacer alegaciones se decidió aplazar el pleno extraordinario y señalar una nueva fecha.

Justicia solicitó 29 informes previos

Junto al informe del Consejo Fiscal, votado ya esta semana, y en el que ocho de los 12 fiscales avalan el texto de Justicia, el del CGPJ es el que más tiempo ha tardado en emitirse de los 29 solicitados. Además, ambos son de carácter preceptivo. El Consejo de Estado no se ha pronunciado todavía. Lo más probable es que lo haga sobre el proyecto que se redacte una vez tenidas en cuenta las consideraciones del resto de órganos consultivos.

Una vez que el ministerio reciba todos los textos, algo que se prevé para la próxima semana habida cuenta que la reunión del órgano de Gobierno de los jueces es el viernes, el departamento de Ruiz-Gallardón introducirá los cambios que considere necesarios en el anteproyecto. Los cálculos del Ejecutivo apuntan a que este proceso de modificaciones llevará, a lo sumo, 15 días. Por lo tanto, salvo cambios de última hora, se mantienen los plazos adelantados por infoLibre de que el Consejo de Ministros dé luz verde a este texto a finales de junio o principios de julio. De ahí, iría al Congreso de los Diputados y se iniciaría su tramitación. El verano hará que la aprobación de esta promesa electoral del PP no sea una realidad en este periodo de sesiones.

Las líneas rojas

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El principal asunto sobre el que tiene reflexionar ahora el Gobierno tiene que ver con las críticas que ha recibido por la supresión del supuesto de malformación por parte de los órganos consultivos, las asociaciones de mujeres, la oposición, e incluso de sectores del PP.

En su día, cuando fue presentado el anteproyecto, destacados dirigentes del PP y varios barones territoriales mostraron su disconformidad con un texto que calificaron de "vuelta al pasado". El miedo a una rebelión interna hizo que el propio Rajoy, en un Comité Ejecutivo Nacional lanzara un llamamiento al ministro Ruiz-Gallardón a que escuchara las observaciones de sus compañeros de partido. Posteriormente, el partido se abrió a cambios en la tramitación parlamentaria. La duda está en dónde se pone la línea roja.

Dirigentes conservadores consultados ponen sobre la mesa la posibilidad de que el Gobierno reconsidere la supresión del supuesto de la malformación fetal incluyendo algún tipo de observación que aplaque el malestar. Sería, en definitiva, volver a una ley como la de 1985. De hecho, siempre que se le pregunta el presidente del Ejecutivo asegura que esta reforma pretende volver al consenso del 85.