El fin del uso del carbón para generar energía eléctrica, uno de los grandes emisores de contaminantes atmosféricos que agravan el cambio climático y perjudican a la salud de miles de personas, está cerca en España. Las razones no se encuentran en una medida del Ministerio de Transición Ecológica, sino en las exigencias de la Unión Europea y las propias decisiones de las empresas propietarias de las instalaciones. El Gobierno se ha limitado, a diferencia del anterior, a no oponerse a la clausura: el Ejecutivo del PP llegó a plantear un decreto para torpedearla.
La celebración durante esta semana del Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama) ha dejado novedades en torno a una iniciativa adelantada por la prensa hace varios días: la de Endesa, que planea cerrar, con límite 30 de junio de 2020, las centrales térmicas de carbón de Compostilla (León), y Andorra (Teruel). La fecha tope es la que establece la Directiva de Emisiones Industriales (DEI), que fija rigurosos límites de emisiones para las instalaciones. Sin embargo, también establece dos excepciones a la que pueden acogerse las centrales. 17 de las 19 instalaciones que usan el carbón en España se acogieron a alguna de ellas, o a las dos, para seguir funcionando.
Una de esas excepciones dispone que las instalaciones se podían acoger a planes de transición, con límite junio de 2020. A partir de dicha fecha, las centrales deben reducir sus emisiones en base a la directiva o cerrar. Endesa ha decidido que las de Compostilla y Andorra tomarán la segunda vía. Pero no serán las únicas. El Secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha informado este martes de que otras nueve térmicas no han hecho las inversiones necesarias para adaptarse a la DEI, por lo que también se verán obligadas a la clausura.
Cuando El Confidencial adelantó que Endesa pretendía cerrar las centrales de Compostilla y Andorra, Enel, la matriz de la energética española, se apresuró a negar la información, ante las exigencias de los sindicatos. Sin embargo, este martes, el director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, ha ratificado la intención de la empresa. Según la legislación, la eléctrica está obligada a comunicar al Gobierno el cierre de una planta de generación de electricidad, y Endesa no lo ha hecho todavía: afirma que quiere acompañar la solicitud de un plan de transición para todos los empleos que dependen de las instalaciones. El Ejecutivo, si da el visto bueno a dicho plan, no se opondrá a la clausura. Nadal amenazó con un decreto para boicotear un propósito similar de Iberdrola.
Los sindicatos son escépticos. No porque crean que el plan para reubicar a los trabajadores no vaya a surtir efecto, sino porque son críticos con la estrategia de Enel desde que se convirtió en máximo accionista (70% de las acciones) de Endesa. UGT considera que la multinacional italiana ha sumido a la española "en un proceso constante de descapitalización, desinversión y externalización de actividades que destruye el empleo estable" ante la pasividad, aseguran, de los dirigentes españoles.
Dejar caer el carbón
La estrategia del Gobierno es confiar en que el carbón caiga por su propio peso. Según Domínguez, las exigencias de la Directiva de Emisiones Industriales provocarán que las que no hayan cerrado para junio de 2020, fin del plazo de las excepciones previstas en la normativa, cerrarán entre 2025 y 2030, un plazo acorde a los planes del Gobierno. Así, el borrador de la Ley de Cambio Climático no habla de una fecha concreta para el fin de la quema de carbón para generar electricidad. Tampoco se mencionará, aseguró el Ministerio a infoLibre, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluirá en su lugar escenarios a alcanzar de participación de las distintas tecnologías en el mix energético.
El secretario de Estado desmintió, además, que el posible cierre de nueve centrales de carbón en 2020 afecte a la seguridad de suministro. Con la legislación actual, es el único requisito que exige el Gobierno para que una empresa cierre una central de generación de electricidad. En otras palabras: el sistema eléctrico español tiene capacidad suficiente para seguir alumbrando los hogares de toda España sin que esas nueve instalaciones sean necesarias. Según datos aportados por Domínguez, esas nueve térmicas suman una potencia de entre 5.000 y 6.000 MW. En España, afirma, hay 100.000 MW de capacidad y los picos de potencia requerida alcanzan únicamente los 40.000 MW. Las cifras contrastan con el discurso de organizaciones como Foro Asturias, que en su última intervención en el Congreso sobre el combustible fósil en cuestión enarbolaron la bandera de la seguridad de suministro.
Para el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidma), una de las organizaciones más activas contra el carbón, la estrategia del Gobierno de dejar caer el combustible no es suficiente. Exigen que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que desarrollará la Ley de Cambio Climático, incluya una fecha para el cierre de todas las térmicas. "Sin fijar una fecha concreta de fin del carbón en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se corre el riesgo de que estas centrales continúen funcionando más allá de esta fecha, lo que conllevaría impactos muy graves en el medio ambiente y en la salud", asegura el instituto. No les vale con la DEI: "Todas las centrales de carbón en España deben cerrar a más tardar en 2025, a pesar de que se hayan realizado inversiones para cumplir con los valores límite de emisión de la Directiva de Emisiones Industriales". Recuerdan que los costes económicos sanitarios derivados de la contaminación de las instalaciones de carbón españolas se cuantifican entre 880 y 1.667 millones de euros y en 700 muertes prematuras anuales en España.
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La próxima COP, prueba de fuego
La próxima Cumbre del Clima está a la vuelta de la esquina: se celebrará del 3 al 14 de diciembre de 2018 en Katowice, Polonia. El objetivo es ratificar plenamente y acordar todos los mecanismos necesarios para la implementación del Acuerdo de París, firmado hace tres años. Pero es de esperar que, como sucedió en Bonn, paralelamente se lleven a cabo iniciativas que pongan a prueba el compromiso de España con la acción climática. En el encuentro de 2017, el país se abstuvo de unirse a una declaración que proclamaba el fin del carbón como fuente de energía eléctrica en 2030. España es, de hecho, uno de los pocos de Europa occidental que aún no ha calendarizado el cierre.
Por entonces, Teresa Ribera, la actual ministra de Transición Ecológica, se mostraba en contra de la iniciativa de Nadal para impedir el cierre de las centrales de Iberdrola, que fue recibida en la COP con "estupor". "Ha sido percibido como una marcianada. España no se da cuenta del planeta en el que vive. La decisión viene de un ministro de Energía de un país cuya capacidad instalada duplica el consumo medio", afirmó a infoLibre. En 2018, su cartera se niega a poner por ley una fecha y confía en la voluntad de las eléctricas. La COP de Katowice puede servir para que el Ejecutivo dé un golpe sobre la mesa y apriete las tuercas al carbón.
El fin del uso del carbón para generar energía eléctrica, uno de los grandes emisores de contaminantes atmosféricos que agravan el cambio climático y perjudican a la salud de miles de personas, está cerca en España. Las razones no se encuentran en una medida del Ministerio de Transición Ecológica, sino en las exigencias de la Unión Europea y las propias decisiones de las empresas propietarias de las instalaciones. El Gobierno se ha limitado, a diferencia del anterior, a no oponerse a la clausura: el Ejecutivo del PP llegó a plantear un decreto para torpedearla.