Mantener en funcionamiento y buen estado el mausoleo fascista donde reposan desde hace décadas los restos del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, no es barato. Entre 2014 y 2017, el Estado ha enterrado en el Valle de los Caídos más de 8 millones de euros, según los datos ofrecidos por el Gobierno en respuesta escrita a varias preguntas parlamentarias planteadas durante la presente legislatura. La mayor parte de ese desembolso correspondió a los gastos de personal, que ascendieron durante los últimos cuatro años a 4,4 millones de euros. El resto, se repartió entre gastos corrientes en bienes y servicios –1,65 millones–, el dinero que reciben los monjes benedictinos que cuidan el complejo –1,36 millones– e inversiones –0,77 millones–. En total, 8,18 millones de euros de dinero público fueron a parar a un complejo monumental que, a causa de los continuos incumplimientos legales de los sucesivos gobiernos en democracia, sigue operando bajo las normas aprobadas por el dictador en los años cincuenta del siglo pasado.
De todos estos desembolsos, hay uno que no varía ni un sólo céntimo ejercicio tras ejercicio. Es lo que el Ejecutivo denomina como “transferencias corrientes”. Tras ese nombre se esconde la subvención anual de 340.000 euros que Patrimonio Nacional aporta a las arcas de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz, la comunidad religiosa que custodia los restos del dictador, para que pueda dar cumplimiento a las diferentes obligaciones que desde 1957 tiene atribuidas por decreto-ley. Un procedimiento que, según denunció en 2016 el Tribunal de Cuentas, no cumplía con los requisitos de justificación exigidos en la Ley de Subvenciones. “No se aporta memoria justificativa de haberse cumplido las condiciones y los objetivos del convenio suscrito, ni una explicación sobre la vinculación de los gastos justificados con el contenido de dicho convenio”, señalaba entonces el órgano fiscalizador.
Estas ayudas anuales a la Abadía no son los únicos costes que el Estado tiene que asumir en relación con Cuelgamuros. A ellos hay que sumar, por un lado, los gastos de personal, que se han ido recortando ligeramente en los últimos años –han pasado de 1,28 millones en 2014 a 1,02 millones en 2017–. Y, por otro, los gastos corrientes en bienes y servicios y los desembolsos relativos a inversiones.
Mientras tanto, por la vía de los ingresos –venta de entradas, explotación de la cafetería y arrendamientos de inmuebles–, el Valle de los Caídos se embolsó, según las diferentes informaciones publicadas en los últimos años por la Cadena SER, un total de 5,51 millones de euros. Por tanto, el déficit público del complejo monumental en los últimos cuatro años ha sido de 2,67 millones de euros. Un agujero que podría reducirse este año gracias al incremento de visitantes registrado.
Actuaciones de mantenimiento
Sólo en los últimos cuatro años, el Estado ha gastado en actuaciones de mantenimiento y para asegurar la integridad del mausoleo fascista 1.014.602 euros, impuestos incluidos: 198.754 euros en 2014, 540.671 euros en 2015, 184.918 euros en 2016 y 90.258 euros en 2017. Entre ellas, puede destacarse el mantenimiento del funicular del Valle de los Caídos, que lleva ya una década cerrado a los visitantes pero que sigue tragando dinero público. En los últimos cuatro años, se han desembolsado 65.542 euros por este concepto. De ellos, 63.364 euros fueron a parar a la empresa Moncobra SA por el mantenimiento. Y los 2.178 euros restantes se adjudicaron a la firma SGS Inspecciones Reglamentarias SA. Dicho contrato tenía por objeto la “prestación de servicios de evaluación y estudio de las condiciones de seguridad” del aparato.
El funicular del Valle de los Caídos lleva, desde julio de 2008, “en funcionamiento limitado exclusivamente para el servicio interno y la conservación, en correcto estado, de la instalación” por el riesgo que la apertura al público supone para las esculturas de la base de la cruz, tal y como reconoció el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional en sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, apuntaron que, a pesar de su cierre, “es importante” continuar con el mantenimiento: “Si no se verificasen periódicamente un mínimo de operaciones, la degradación de la instalación supondría actuaciones futuras y mucho más costosas en cables de tracción, poleas y cojinetes, baterías y motores de accionamiento”, aseveraron desde Patrimonio.
Otro desembolso notable se produjo en el entorno de los monjes. Para la reparación de las carpinterías exteriores del claustro de la abadía el Estado gastó 45.867 euros. El contrato fue adjudicado a la empresa Construcciones Ángel Navarro SL, que entre 2015 y 2016 también se hizo con la licitación para la reparación de la tapia perimetral del complejo monumental –43.917 euros– y con la adjudicación relativa a la adecuación de estancias en la abadía para la enfermería de la comunidad religiosa –45.002 euros–. Otro gasto a destacar es el de la reconstrucción de bóvedas en las arquerías exteriores de la escolanía y la abadía de Cuelgamuros. En total, el Estado pagó por ello 106.412 euros –58.000 euros en 2016 y 48.412 euros en 2017–. Ambos contratos cayeron en manos de la misma empresa: Proasur SL.
También se desembolsaron importantes cantidades en concepto de consultoría. En este sentido, puede destacarse, por ejemplo, un gasto de 55.450 euros para la elaboración de un informe sobre el grupo escultórico de San Marcos en la base de la cruz del Valle de los Caídos y otro pago de 21.659 euros por un estudio sobre el estado de conservación y la posible restauración de todos los grupos escultóricos de la base de la cruz. Las dos firmas agraciadas con estas adjudicaciones fueron Restauraciones y Rehabilitaciones Especiales SL y Restauración de Obras de Arte y Arquitectura SL, respectivamente.
Los gastos de Fomento
El Gobierno paga a una empresa de Florentino por el funicular cerrado del Valle
Dentro del millón de euros en actuaciones de mantenimiento y para asegurar la integridad del monumento sólo están incluidas las inversiones realizadas por Patrimonio Nacional. Sin embargo, también el Ministerio de Fomento se ha rascado el bolsillo en relación con el mausoleo fascista. Según ha podido consultar infoLibre en el Portal de Contratación del Sector Público, la cartera que en la actualidad dirige José Luis Ábalos ha licitado en los últimos cuatro años al menos cinco contratos por un total de 188.823 euros. Dos de ellos se adjudicaron en 2016. El primero, por valor de 47.827 euros, fue a parar a manos de la empresa Padecasa Obras y Servicios SA por la reposición de firme en el acceso a la basílica. El segundo se lo llevó Tecnología de Firmes SA, que se embolsó 42.635 euros por la reposición del pavimento en el entorno de la escolanía.
Los otros tres fueron licitados en 2017. Una de las firmas agraciadas fue Lumán Edificación y Restauración SL, que ingresó 28.854 euros por la reparación de portillos en el Monte de Cuelgamuros. La otra afortunada fue Aceinsa Movilidad SA, que se embolsó 69.508 euros por la adjudicación de los dos contratos restantes: 31.254 euros por “el encauzamiento del drenaje en la zona del arroyo del Boquerón en el Valle de los Caídos” y 38.254 euros por el “recalce de la calzada y reparación de cunetas en la carretera principal del Valle de los Caídos”.
Estos pagos de Fomento no se incluyen en los más de 8 millones destinados por el Estado directamente para el mausoleo fascista.
Mantener en funcionamiento y buen estado el mausoleo fascista donde reposan desde hace décadas los restos del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, no es barato. Entre 2014 y 2017, el Estado ha enterrado en el Valle de los Caídos más de 8 millones de euros, según los datos ofrecidos por el Gobierno en respuesta escrita a varias preguntas parlamentarias planteadas durante la presente legislatura. La mayor parte de ese desembolso correspondió a los gastos de personal, que ascendieron durante los últimos cuatro años a 4,4 millones de euros. El resto, se repartió entre gastos corrientes en bienes y servicios –1,65 millones–, el dinero que reciben los monjes benedictinos que cuidan el complejo –1,36 millones– e inversiones –0,77 millones–. En total, 8,18 millones de euros de dinero público fueron a parar a un complejo monumental que, a causa de los continuos incumplimientos legales de los sucesivos gobiernos en democracia, sigue operando bajo las normas aprobadas por el dictador en los años cincuenta del siglo pasado.