El Gobierno se escuda en la "confidencialidad" para no dar datos del acuerdo entre Navantia y la empresa militar saudí

La visita del príncipe heredero saudí a España el pasado abril culminó con un acuerdo entre Navantia y la empresa militar estatal saudí SAMI (Saudi Arabian Military Industries) para la creación de una empresa conjunta que se implique en los futuros programas navales en Arabia Saudí. Todavía Mariano Rajoy era presidente del Gobierno. El 16 de abril, cuatro días después de esa visita, la diputada del PDeCAT Míriam Nogueras registró una pregunta al Gobierno, para su respuesta por escrito, en la que se interesaba por el alcance de ese "memorando de acuerdo" entre "la empresa pública española Navantia y la empresa pública saudí SAMI". La respuesta fue muy breve: las cláusulas de confidencialidad no hacen posible conocer más datos.

La respuesta llegó al registro general del Congreso de los Diputados el pasado 30 de julio, ya con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras la moción de censura que planteó al ahora expresidente del Partido Popular.

El memorando de acuerdo, responde el Ejecutivo, "contiene cláusulas de confidencialidad que impiden ser revelado a terceros". 

Sólo añade el Gobierno que "la creación de esta empresa conjunta supone una oportunidad excepcional para posicionar los sistemas integrados y soluciones tecnológicamente avanzadas de Navantia y está alineada con la estrategia de internacionalización de la compañía".

El episodio de las 400 bombas

Tres meses después, el 12 de julio, la empresa pública informaba, a través de un comunicado, de que el Gobierno de Arabia Saudí había firmado el contrato "para la construcción de cinco corbetas". La operación, añadía, "alcanza un importe de 1.800 millones de euros" y "representa la mayor de la historia de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero".

El mismo comunicado recordaba que Navantia había acordado "la creación de una Joint Venture (JV) [empresa conjunta] en Arabia Saudí".

Estos acuerdos han estado en riesgo en las últimas semanas después de que el pasado 3 de septiembre la cadena Ser adelantase que el Ministerio de Defensa había paralizado la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser del Ejército español que podrían ser utilizadas para bombardear Yemen.

Se trataba de dejar sin efecto un contrato firmado entre España y Arabia Saudí en 2015 e implicaba devolver los 9,2 millones de euros abonados por este material, según informó Europa Press.

"No se van a equivocar matando a yemeníes"

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Tras conocerse la noticia, comenzaron las movilizaciones de los trabajadores de Navantia en Cádiz advirtiendo al Gobierno de que cancelar la entrega de esas bombas ponía en riesgo la construcción de las cinco corbetas.

Tras varias versiones contradictorias, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, confirmó este jueves que el Gobierno enviaría el material. Justificó la polémica decisión en que se trata de "armamento de precisión", guiado por láser. Y que "no produce efectos colaterales en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria".

El viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, utilizó argumentos similares a los de su compañero Borrel: "Son láser de alta precisión y si son de alta precisión no se van a equivocar matando a yemeníes".