El Gobierno espera la reacción de la sociedad vasca para dar nuevos pasos en Euskadi

La sentencia que tumba la doctrina Parot ha puesto al Gobierno contra las cuerdas. Primero, porque supone un mazazo sobre sus postulados. Segundo, porque la cuestión ha servido para evidenciar de nuevo la brecha entre diferentes sensibilidades de su partido y su electorado, además de indignar a las asociaciones de víctimas del terrorismo. En medio de este complicado escenario, el Gobierno dirige la mirada a la respuesta que pueda dar la sociedad vasca a la aplicación del fallo de Estrasburgo. Según coinciden las fuentes consultadas, esta reacción será clave para decidir si ha llegado el momento de dar nuevos pasos en Euskadi. Unos pasos que, según insisten desde el PP, estarán guiados por el "estricto cumplimiento de la ley".

Antes del verano, el Gobierno central y el vasco iniciaron las gestiones para establecer un marco de diálogo entre ambas instituciones. El acuerdo cristalizó a la vuelta de las vacaciones de verano. La interlocutora elegida por Mariano Rajoy fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Hasta la fecha, se han hecho públicas dos de estas reuniones bilaterales en las que se han abordado asuntos como las infraestructuras y la renovación del cupo vasco. La política antiterrorista y cuestiones como el acercamiento de presos, sostienen las fuentes consultadas, nunca estuvieron sobre la mesa puesto que a ojos de la Moncloa la pelota está en el tejado de la banda terrorista, que debe anunciar su disolución permanente y entregar las armas. "Si ETA avanza en esta senda, el Gobierno también dará sus pasos", mantiene un destacado dirigente conservador cuando se le pregunta sobre la situación de los reclusos.

El pasado agosto, infoLibre adelantó que ETA se debatía entre su disolución y una acción violenta para forzar la negociación con el Gobierno. En esta información se hacía hincapié en que todas las miradas estaban puestas en la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y en su decisión sobre la legalidad de la doctrina Parot. Las fuentes consultadas admitían que una sentencia en contra conllevaría que 66 presos etarras saliesen a la calle, una válvula de descompresión en el frente de las cárceles. 

Pasado ya este trámite y subrayando que la sentencia no gusta, sectores del PP y del Gobierno admiten que esta decisión judicial abre una nueva etapa que vuelve el foco hacia la banda terrorista y hacia la izquierda abertzale. En esta nueva fase que el Ejecutivo contempla con preocupación –no en vano supondrá que terroristas con un amplio historial de asesinatos a sus espaldas salgan a la calle– el termómetro para dar nuevos pasos será la reacción de la sociedad vasca. Expertos en materia antiterrorista y conocedores de la realidad social del País Vasco consultados ponen el énfasis en que la derogación de la doctrina Parot puede suponer un impulso a la disolución definitiva de la banda en un momento en el que el Gobierno había decidido permanecer inmóvil.

Pese a que nadie oculta que Rajoy se la juega en esta materia, tampoco pasa inadvertido que, hasta la fecha, su Gobierno no ha movido una sola ficha y han sido los tribunales, en este caso el TEDH, los que han propiciado la posibilidad de un nuevo escenario en materia de política penitenciaria.

"La situación es muy delicada. Esta gente [los condenados a los que podría afectar el fallo] son, han sido y serán asesinos, pero la clave está en ver cómo reacciona la totalidad de la sociedad vasca y el papel que juegan esa sociedad y el poder político de Euskadi", admiten fuentes de los conservadores de Euskadi. "No sirve de nada mirar hacia atrás aunque también hay que poner en valor que si se han dado avances ha sido porque el Estado de Derecho ha funcionado y, con la ley en la mano y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se ha puesto a ETA en una situación muy complicada", completan.

Otra de las variables a tener en cuenta por el Ejecutivo será la reacción de la izquierda abertzale a la puesta en libertad de terroristas en base a la aplicación de la decisión de la Gran Sala del TEDH. Desde Justicia e Interior se ha alertado de que el caso de la etarra Inés del Río es "único" y que lo que se aplica para ella no es extrapolable a otros reclusos. Con el compromiso de estudiar "caso a caso", el Ejecutivo se prepara, no obstante, para nuevas excarcelaciones y estará muy vigilante para que no sean recibidos "como héroes". "Es la altura de miras que se pide a la sociedad vasca", añaden fuentes del PP vasco, formación que preside Arantza Quiroga.

El PP, en la concentración que cuestiona la decisión de Estrasburgo

Que Rajoy tiene entre manos un asunto muy delicado en el que es muy difícil mantener los equilibrios no es un secreto. Desde diferentes partidos y sectores de la sociedad vasca se le traslada el mensaje de que Euskadi ya ha pasado página y debe empezar a dar pasos para asentar un nuevo marco de convivencia. Pero desde el ala más conservadora de su propio partido y desde gran parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo –uno de los referentes históricos de la formación– también le llegan presiones. Lo que ocurrirá este domingo en Madrid es un ejemplo de esto último. Y es que podrá verse cómo el PP, el partido que gobierna España, se suma a un acto en el que los asistentes cuestionarán el fallo de TEDHTEDH y llamarán a su incumplimiento. Todo, cuando desde el propio Ejecutivo se insiste en que no cabe más que acatarlo.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la mayoritaria, ha convocado para las 13.00 horas una concentración en respuesta al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Plaza de Colón. La presidenta de esta organización, Ángeles Pedraza, llegó a pedir el pasado miércoles a Rajoy en una reunión en la Moncloa que el Gobierno no acatase la sentencia. Una petición que, según fuentes de la Presidencia del Gobierno, fue rechazada con el argumento de que, pese a que a ningún miembro del Gobierno le gusta el mazazo a la doctrina Parot, no cabe dar la espalda a los tribunales.

Rajoy recibía a Pedraza justo un día después de que esta anunciase la convocatoria de concentración en Madrid. Y en un momento en el que, pese a que el PP no había fijado postura oficial, dirigentes del partido como Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid; Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, o Ana Botella, alcaldesa de la capital, ya habían anunciado que se sumaban a la marcha.

Tras un importante debate interno centrado sobre todo en cómo desvincular al Gobierno de una marcha secundada por su propio partido, el jueves a primera hora los conservadores emitían un comunicado en el que respaldaban la convocatoria, enviaban a un representante oficial –Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas– y animaban a sus cargos públicos y militantes a sumarse a la convocatoria de la AVT a la que también se han sumado otras asociaciones de víctimas.

Pons, no obstante, no estará solo. La actual dirección nacional del partido también estará representada por los otros dos vicesecretarios, Javier Arenas y Carlos Floriano, y por Jaime Mayor Oreja. Considerado uno de los máximos referentes del ala dura del PP, el portavoz del partido en el Parlamento Europeo se sienta todos los lunes en el comité de dirección de la formación, el núcleo duro de la toma de decisiones.

En representación de los conservadores de Euskadi acudirá el secretario general de la formación regional y responsable de Justicia y Libertades Públicas del partido, Iñaki Oyarzábal.

Ningún miembro del Gobierno de Rajoy, integrado mayoritariamente por militantes del PP, acudirá a Colón este domingo. Es la forma que ha escogido la Moncloa de minimizar los riesgos que supone la foto del presidente del Gobierno o integrantes de su gabinete en un acto en el que los mensajes y las consignas no están controladas. El lema oficial es "Justicia para un final con vencedores y vencidos". Pero tanto en el Ejecutivo como en el PP son conscientes de que lo que ocurra se les puede escapar de las manos porque no se descarta que los asistentes carguen contra la política antiterrorista del Gobierno y contra la sentencia firme de Estrasburgo.

Desviar el foco hacia el juez López Guerra

Rajoy no estará. Quien tampoco estará será su antecesor en el partido y expresidente del Gobierno, José María Aznar. Fuentes de FAES aseguraron este viernes que su ausencia está justificada en su intención de no robar el protagonismo a las víctimas del terrorismo. No obstante, la postura de su fundación ya quedó clara esta semana. 

El Gobierno recalca que se trata de un “caso concreto” y deja en manos de la Justicia la aplicación a otros presos

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"No puede atribuirse el fallo a una Corte distante y ajena a la tragedia que el terrorismo ha causado en España. En el Tribunal se sienta un magistrado español, con trayectoria política y puestos de alta responsabilidad en el Ministerio de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un magistrado que había ya expresado su prejuicio, en el sentido literal del término, en contra de la doctrina Parot. No puede extrañar que si es el propio magistrado español el que aboga por la nulidad de esa doctrina, los demás le sigan no sólo en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos sino en la interpretación de la legislación nacional. Pero ni la nulidad de la doctrina Parot era evidente por sí misma –como ahora muchos pretenden hacer ver– ni faltan en la propia jurisprudencia del Tribunal argumentos para sostener su validez", mantuvo Javier Zarzalejos, secretario general de FAES y ex secretario general de Presidencia del Gobierno en la etapa Aznar.

El Gobierno y la fundación de Aznar no siempre suelen coincidir en sus postulados. Pero esta vez, sí. Días después, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuestionaba en rueda de prensa la actuación del magistrado Luis López Guerra. Lo hacía al tiempo que presentaba el anteproyecto de Ley del Estatuto de la Víctima. El texto permitirá que las víctimas puedan recurrir la libertad condicional y los permisos de sus agresores.

Pese a que desde el Gobierno y desde el PP apuntan a que el fallo de Estrasburgo no ha supuesto que se acelerase la entrada del citado anteproyecto en el Consejo de Ministros, lo cierto es que pone el broche a una semana en la que el PP se ha sumado a la convocatoria de la AVT y ha recurrido la sentencia del caso Faisán.