El Gobierno levanta los controles financieros a la Generalitat vinculados al 155

"Normalizar". Con este objetivo, el Consejo de Ministros de este viernes, el primero de la era Pedro Sánchez, decidió el levantamiento del control financiero de los pagos de la Generalitat. Así lo anunció la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá en rueda de prensa.

No obstante, horas después, al filo de las 18.00 horas, el Ejecutivo informaba, a través de una nota de la Presidencia, de que ese levantamiento iba vinculado al del artículo 155 en Cataluña. Es decir, que más que un gesto hacia la Generalitat se trataba del cumplimiento de la ley. Y que, por tanto, tendría que haber ocurrido gobernase quien gobernase.

"El Ministerio de Hacienda ha culminado el levantamiento de los controles previos sobre los pagos de la Generalitat de Cataluña vinculados al artículo 155. De este modo, se elimina el control previo que tenía el Ministerio de Hacienda a través de las entidades financieras sobre todas las órdenes de pago de la Generalitat", podía leerse en el comunicado. 

"Este mecanismo era uno de los resortes que era preciso desactivar tras el levantamiento automático del artículo 155. No obstante, la Generalitat de Cataluña continúa sujeta a los mecanismos de control sobre el gasto al que están sometidas las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica. Es decir, controles a posteriori para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales, tal como marca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera", añadía la nota. 

Desde la toma de posesión del nuevo Gobierno de Cataluña –la semana pasada–, el Ministerio de Hacienda ha ido desactivando progresivamente los mecanismos que hicieron operativo en el ámbito financiero la aplicación del artículo 155", informó el Ejecutivo. "El último de estos procedimientos consistía en la comunicación a las entidades financieras, previo informe de la Abogacía del Estado, de la eliminación del control ex ante sobre los pagos ordenados por la Generalitat de Cataluña. Es decir, la eliminación del visto bueno previo a la formalización del pago que estaba realizando el Ministerio de Hacienda desde la aplicación de este artículo de la Constitución. Ello conlleva que se restablece la normalidad en los pagos de la Generalitat de Cataluña", aclara la nota.

Para esta hora, Partido Popular y Ciudadanos ya habían plagado de críticas las redes sociales.

Según explicó Celaá, el Ejecutivo, a través del departamento de Hacienda, ha dado instrucciones a los bancos para que atiendan "las órdenes del Gobierno de Cataluña en lo que se refiere a sus gastos sin necesidad de la supervisión del Gobierno de España".

"Nos ha parecido que esta era una medida de normalización", justificó. "No significa que el Gobierno no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas". E insistió en la confianza del gabinete de Sánchez en que "funcionará bien".

El pasado sábado, al mismo tiempo que Pedro Sánchez prometía su cargo de presidente del Gobierno, se levantaba la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el que supone la intervención de la autonomía de una comunidad autónoma.

La primera reacción de los conservadores fue criticar esta medida apuntando a que puede enmarcarse en las condiciones que los nacionalistas pudieron poner a Sánchez a cambio de su respaldo en la moción de censura.

 

Después, exigirían la comparecencia en el Pleno del Congreso del nuevo presidente del Gobierno para que detalle qué pactó con los independentistas antes de la moción.

Sobre el resto de medidas que tomará el Gobierno de Sánchez en las próximas semanas, la también ministra de Educación, evitó concretarlas. "Debutaremos con muchas medidas", resumió emplazando a los periodistas a la semana que viene.

La situación en Cataluña fue el tema más abordado en esta primera rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Celaá anunció que Sánchez tiene previsto abrir una ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos, el catalán Quim Torra, incluido. El calendario lo marcará el propio presidente.

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Según subrayó, el principal problema de España es la "integridad territorial". Y, en este sentido, el objetivo del Gobierno será "normalizar institucionalmente el país". "Con la Constitución en una mano y el diálogo en la otra", resumió.

Celaá dio cuenta en la rueda de prensa del contenido de una carta que Sánchez había mandado a su equipo. En la misiva, el presidente les reclama estar "siempre" a la altura de "una ciudadanía que reclama otra forma de gobernar, sirviendo a los intereses generales y a España" con toda su dedicación.

El presidente del Gobierno, además, indica a sus ministras y ministros que el diálogo debe ser una de sus señas de identidad. "Nuestra voluntad de diálogo debe estar dirigida al conjunto de la Cámara sin exclusiones. Buscando el acuerdo con todos los grupos parlamentarios", sostuvo.