La crisis política de Cataluña
El Gobierno mide la respuesta a la desobediencia de Puigdemont y espera que el TC y los tribunales actúen
En plena Diada, convertida más que nunca en una enorme demostración de fuerza independentista, el Gobierno ha optado por la contención y por empezar la semana evitando un escalada verbal en respuesta al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el domingo confirmó no sólo que desobedecerá al Constitucional y seguira adelante con los preparativos del referéndum del 1 de octubre sino que tampoco acatará una hipotética inhabilitación aunque la dicten los tribunales de justicia.
El Gobierno no quiere descubrir sus cartas y, de momento, guarda oficialmente silencio sobre cómo va a responder al desafío de la desobediencia.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre, sin embargo, aseguran que Rajoy está convencido de haber dado los pasos políticos a los que estaba obligado y ahora su intención es dejar la respuesta a la desobediencia del Govern en manos de los tribunales y del Constitucional.
En correspondencia con esta estrategia, las fuerzas de seguridad, a instancias de la Fiscalía, siguen buscando el modo de bloquear los medios físicos imprescindibles para la realización de una votación (papeletas, urnas, listados censales, documentación con instrucciones para los miembros de las mesas).
Y el Tribunal Constitucional se dispone a dar el siguiente paso: sus doce magistrados se reunirán previsiblemente este martes para estudiar la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley de ruptura de Cataluña, según confirmaron a Europa Press fuentes del Alto Tribunal. La consecuencia inmediata será, casi con toda seguridad, la suspensión cautelar de la ley, así como el apercibimiento a las autoridades catalanas (la Mesa del Parlament y el Govern) de su obligación de acatar esta decisión. Habrá que esperar al final del Pleno del Constitucional para saber si los magistrados ordenan tomar alguna medida concreta contra esas autoridades, toda vez que públicamente se están negando a cumplir sus resoluciones. El TC tiene en su mano obligarles a pagar multas e incluso decidir su inhabilitación.
¿Qué pasará a continuación? Las mismas fuentes sostienen que el Gobierno sigue sin poner sobre la mesa el artículo 155 de la Constitución, que supondría la suspensión total o parcial de la autonomía de Cataluña. Aunque, por supuesto, no lo descartan. Como tampoco el recurso a la Ley de Seguridad Nacional. A lo que no están dispuestos es a favorecer una situación que derive en un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y partidarios de la independencia. Por eso las decisiones sr van tomando “paso a paso”. Afirman que han previsto todos los escenarios y quieren ceñirse al plan de actuar siguiendo el criterio de “moderación” y “proporcionalidad”.
La inhabilitación de Puigdemont
El Gobierno cree que los independentistas buscan una foto: la Guardia Civil retirando urnas y cerrando colegios electorales. Y no quieren dársela. Por eso esperan que los tribunales actúen y se guardan sus cartas a la espera de conocer la respuesta de las autoridades catalanas que están desafiando la legalidad. Si hay que llegar a la suspensión de Puigdemont y del Govern, Rajoy no quiere ser el que dé la orden: prefiere que salga del Constitucional o de los tribunales. El Gobierno tiene en su mano otros recursos como intervenir la tesorería para estrangular la capacidad de actuación de la Generalitat sin necesidad de suspender la autonomí catalana.
En esa línea de prudencia se expresó este lunes el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en nombre del Ejecutivo. Insistió en que el Estado “va a permanecer firme, con decisiones moderadas y proporcionadas, pero contundentes también, para hacer cumplir la ley”, por evitó precisar cómo piensan hacerlo. El Gobierno repite una y otra vez que quiere actuar con “tranquilidad” para evitar “altercados” o “acciones violentas”.
El Ministerio de Hacienda ha “reforzado todos y cada uno de los controles de legalidad” y ha pedido a la Intervención de la Generalitat que certifique si se ha destinado dinero tanto a la puesta en marcha de la web del referéndum como al vídeo promocional que “incita a la participación en un referéndum ilegal e inconstitucional”. Hacienda espera una respuesta esta misma semana, según el número dos del ministerio, José Enríquez Fernández de Moya.
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En esta línea, el PP, al término de la reunión semanal de su dirección, volvió a insistir en que el Estado “no escatimará esfuerzos para penalizar al que delinca” pero sin anticipar cómo hacerlo. “No pueden pensar que les va a salir gratis”, se limitó a avisar en rueda de prensa su portavoz Pablo Casado.
En línea con el Gobierno, defendió una respuesta firme, pero también mesurada y con apoyo judicial. El motivo no es otro que tratar de evitar “la crispación en la calle” y la aparición de “comportamientos indeseables”, que en su opinión es “lo que se está buscando” los independentistas.
El portavoz del PP subrayó la disposición del Gobierno a hablar, después del 1 de octubre, de “todo” menos de una reforma constitucional que implique un referéndum de ratificación. Aunque lo que realmente desea era partido en el Gobierno, admitió Casado, es que se convoquen elecciones anticipadas en Cataluña.
