El Gobierno no indemnizará a a una víctima de negligencia en un asesinato machista

El Ministerio de Justicia ha desestimado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por las abogadas de la ONG Women's Link Worlwide en representación de Ángela González por el asesinato de su hija en 2003 a manos de su padre condenado por maltrato. La menor fue asesinada durante un régimen de visitas sin supervisión al que González se había opuesto reiteradamente.

Este recurso fue interpuesto contra una resolución del ministerio de 2005 y, en cuya virtud se desestimaba un anterior recurso interpuesto frente a la resolución de 28 de julio de 2005 del mismo Ministerio que desestimaba la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. El ministerio se basa en un informe del Consejo de Estado, adelantado por infoLibre, en el que el órgano consultivo avalaba que España no reparara a González. 

En este último recurso de revisión, las abogadas de Women's Link Worlwide aportaron un dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en el que condenaba a España a "tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no pongan en peligro la seguridad de las víctimas de violencia, incluidos los hijos".

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio de Justicia argumenta que este dictamen, en el que se reconoce "negligencia" y "fallo en la actuación de órganos e individuos de la administración de Justicia" no vincula al Estado español en cuanto a su cumplimiento. Además, subraya que el dictamen "no evidencia un error en la resolución recurrida". A esta resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

Tras conocer esta decisión, la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez, presentó una pregunta por escrito al Gobierno cuestionándole "si de verdad piensa que no existe causalidad entre el hecho de que se quitasen las visitas vigiladas y el asesinato de la hija menor de Ángela González". 

"Es evidente y manifiesto que existe una clara relación entre la imposición del régimen de vistas no vigilado y ciertos casos de asesinato de menores", defiende Álvarez, al mismo tiempo que considera que la posición del Gobierno del PP "ha sido un mensaje demoledor para las víctimas de violencia y las madres que buscan ayuda en la justicia, un mensaje de abandono y desprotección para sus hijos".Catalá: "No hay responsabilidad directa"

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaró que se trata de un hecho "absolutamente lamentable" pero ha precisado que ha quedado acreditado que "no hay responsabilidad directa por mal funcionamiento de la administración de Justicia".

"Se produjo un hecho absolutamente lamentable, el fallecimiento de una menor, una situación absolutamente reprobable desde todo punto de vista posible. A partir de ahí había que determinar si hubo un mal funcionamiento por parte de la justicia o de la administración. No quedó acreditado y salimos adelante con ese procedimiento que ha determinado que no hay responsabilidad directa por el mal funcionamiento de la administración de justicia", subrayó.

Así, insistió en que "no se puede generar una responsabilidad patrimonial cuando no hay concurrencia ni requisitos suficientes" pero ha añadido que eso "no quita" para expresar su "solidaridad" con Ángela González ante esta "desgracia".

Por otro lado, Women's Link Worlwide criticó que el Ministerio de Justicia "ignore" las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sumando "una afrenta más a las sufridas" por esta madre.

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Seguirá "luchando"

Ángela González lleva 12 años "luchando" para que se reconozca que en el caso del asesinato de su hija hubo una "negligencia" de la Justicia y, tal y como aseguró al conocer el dictamen del Comité de Naciones Unidas el pasado mes de febrero, su vida "será siempre una lucha hasta que España no cumpla con la decisión tomada por el CEDAW".

El objetivo de esta madre es que el asesinato de su hija "no se repita" y pide que "prevalezca el derecho de los hijos y no el de un padre que los maltrata". "Yo, como muchas madres, nos preguntamos, ¿cuántos asesinatos tiene que haber para que la justicia proteja de verdad a nuestros hijos e hijas?", subrayó.