El Gobierno está volcado en los trabajos de preparación del decreto que será aprobado este sábado en Consejo de Ministros extraordinario y que profundizará en el plan anticrisis desplegado hace tres meses. Las reuniones políticas se suceden a contrarreloj, con negociaciones a muchas bandas para consensuar en el seno de la coalición el calado de iniciativas que, además, tienen una compleja implementación desde el punto de vista técnico. Nadie en el seno del Ejecutivo es capaz aún de confirmar cuántas y cuáles serán y todo el mundo mira al presidente, que incluso podría comparecer personalmente el sábado tras el Consejo en un formato similar al de sus apariciones durante la pandemia.
Lo que está claro es que entre esas nuevas medidas estarán una nueva bajada del IVA en el recibo de la luz, que se situará en el 5% tal y como confirmó el propio Sánchez en el Congreso, y bonificaciones de hasta el 50% de los abonos de transporte públicos, una de las propuestas defendidas por la vicepresidenta Yolanda Díaz y que ya fueron planteadas en su día por los equipos de Unidas Podemos. Los trabajos técnicos ultiman antes del sábado la aplicación de una iniciativa que requiere de la coordinación del gobierno central con comunidades autónomas y ayuntamientos, pero a nivel político también son aún muchos los detalles por cerrar.
Se negocia todavía la posible aplicación de un cheque de ayudas directas de hasta 300 euros para familias especialmente golpeadas por la subida de los precios, aunque se trata de una medida que cuenta con gran oposición interna dentro del propio Ejecutivo. Fuentes próximas a Moncloa daban este jueves casi por descartado que vaya a tener cabida en el decreto del sábado después de que ministerios como el de Hacienda o Economía se hayan mostrado abiertamente reticentes a su implementación. Alegan que ya existen mecanismos de ayudas directas como el Ingreso Mínimo Vital, que se ha visto incrementado en un 15% precisamente como respuesta a la inflación, o las ayudas del bono social eléctrico.
Sánchez reactiva al Gobierno tras el mazazo andaluz y encarga más medidas anticrisis
Pero el debate existe incluso en la parte socialista del Ejecutivo, donde hay quien no descarta que el presidente pueda acabar dando el visto bueno a alguna medida estrella que le ayude a retomar la iniciativa política en pleno desgaste electoral de los partidos de gobierno y tras la debacle de las elecciones en Andalucía. En una entrevista en laSexta este jueves, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se mostró escéptico sobre la posibilidad de las ayudas directas con cheques de 300 euros, aunque calificó el decreto como el plan "más ambicioso de Europa" y sí abrió la puerta a la subida de impuestos a las grandes compañías energéticas: "No puede ser que paguen los de siempre y el Gobierno no quiere que paguen los de siempre, hay que repartir las cargas”, planteó antes de puntualizar que existen dificultades "legales" para que se pueda incluir la subida impositiva en un real decreto ley como el que se va a aprobar este sábado y que, por tanto, su aplicación podría retrasarse hasta principios de 2023.
Acelerón legislativo y deshielo en Cataluña
En paralelo al decreto anticrisis que centra casi la totalidad de la actividad del Ejecutivo esta semana, el Gobierno también ha pisado el acelerador en otros frentes políticos tras las elecciones andaluzas del pasado domingo. Primero, en el Congreso, donde algunas de las leyes más emblemáticas de la legislatura siguen varadas desde hace tiempo. Esta semana tanto la ley de memoria democrática como la de vivienda han sido impulsadas con el objetivo de que puedan ser debatidas y votadas en pleno la semana del 11 de julio.
Y también se han producido novedades respecto a Cataluña. A la crisis política entre Moncloa y la Generalitat a raíz de los casos de espionaje con el programa Pegasus a líderes independentistas le siguió un distanciamiento en el Congreso entre la coalición y ERC, uno de los socios de legislatura. Esta semana el Ejecutivo movió ficha y convocó a la consellera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, a una reunión en Moncloa con Félix Bolaños que todo el mundo ha interpretado como el inicio del deshielo entre ambas administraciones. Aunque aún no hay fecha concreta, se ha acordado una reunión entre Sánchez y el president del Govern, Pere Aragonès, antes de agosto y con asuntos concretos en la agenda para recuperar la vía de diálogo.
El Gobierno está volcado en los trabajos de preparación del decreto que será aprobado este sábado en Consejo de Ministros extraordinario y que profundizará en el plan anticrisis desplegado hace tres meses. Las reuniones políticas se suceden a contrarreloj, con negociaciones a muchas bandas para consensuar en el seno de la coalición el calado de iniciativas que, además, tienen una compleja implementación desde el punto de vista técnico. Nadie en el seno del Ejecutivo es capaz aún de confirmar cuántas y cuáles serán y todo el mundo mira al presidente, que incluso podría comparecer personalmente el sábado tras el Consejo en un formato similar al de sus apariciones durante la pandemia.