El Gobierno planea que la ley del aborto llegue al Congreso a finales de junio

La reforma de la ley del aborto será un tema tabú para el Partido Popular en la campaña de las elecciones europeas que arranca este viernes. El candidato, Miguel Arias Cañete, está dedicido a no hacer una sola mención a la que fue una de las principales promesas de su partido en las generales de 2011. Lo que no podrá evitar es que sus rivales, sobre todo los de los partidos de la izquierda, intenten forzar que se posicione. Pero esto será sólo hasta el 25 de mayo, fecha en la que se celebran los comicios al Parlamento Europeo. Una vez transcurrida la cita, los conservadores se muestran dispuestos a continuar con la tramitación de la ley, la más restrictiva de la democracia al suprimir el supuesto de malformación. El Gobierno baraja que a mediados o finales de junio el proyecto de ley podrá ser trasladado desde el Consejo de Ministros hasta el Congreso de los Diputados.

Con este calendario, lo más probable es que la tramitación parlamentaria de este texto, al que le esperan una avalancha de enmiendas por parte del resto de fuerzas parlamentarias, no transcurra en el actual periodo de sesiones y tenga que ser retomado a la vuelta de las vacaciones de verano. Si los planes del Ministerio de Justicia, departamento responsable del anteproyecto, no fallan, la reforma de la actual ley del aborto coincidirá en la Cámara Baja con otro de los proyectos estrella: la reforma fiscal. Se trata de una iniciativa que el Gobierno quiere que esté ya en vigor en enero de 2015. "Es muy difícil que ambos textos estén listos antes del verano", sostienen fuentes del Grupo Parlamentario Popular.

Para que el proyecto de ley llegue al Congreso antes del mes de julio, en las próximas semanas han de agilizarse algunos de los informes consultivos solicitados por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En total, se solicitaron 29. Ateniéndonos a los plazos oficiales, que conceden un mes para la presentación de las observaciones, el ministerio debería haber recibido ya los correspondientes informes. Pero los órganos tienen la posibilidad de solicitar prórroga. Ha sido el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal. El CGPJ ya va por su tercera solicitud de ampliación del plazo. 

Para la elaboración de este informe, el órgano de gobierno de los jueces designó a las ponentes Pilar Sepúlveda, de tendencia progresista, y Carmen Llombart, de carácter conservador, que podrían elaborar un informe conjunto o bien presentar cada una su propuesta para que sea aprobada por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces. La`primera de las opciones va a ser casi imposible y va a tener que ser el pleno del CGPJ el que se decante por uno de los dos textos. El de Sepúlveda se inclina por pedir la retirada de la ley.

Una vez que los 29 informes lleguen a Justicia, el ministerio esbozará un nuevo texto que pasará de nuevo al Consejo de Ministros, esta vez ya como proyecto de ley. Y de ahí, está listo para ser remitido a la Cámara Baja para el debate de los grupos parlamentarios.

La principal duda que existe a día de hoy es si Ruiz-Gallardón va a suavizar el texto inicial en lo relativo a la supresión del supuesto de malformación fetal. Comparada con la ley de 1985, a la que los conservadores aluden como modelo e inspiración para este texto, reduce a "dos" los supuestos por los que una mujer podrá abortar: que corra peligro su vida o que el embarazo haya sido consecuencia de una violación. Así, según el anteproyecto, la cuestión del supuesto de malformación del feto para poder interrumpir el embarazo hasta las 22 semanas solo se admitirá si es “incompatible con la vida”.

Todas las ocasiones que ha sido cuestionado por esta materia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que estaba dispuesto al diálogo. De hecho, en un acto de partido, demandó al ministro de Justicia que buscase el máximo consenso. Lo que todavía no está claro es cuáles son las líneas rojas que marcarán la diferencia entre el anteproyecto y el proyecto de ley.

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Una de las cuestiones clave llegada la fase del trámite parlamentario será la de la elección del diputado del Grupo Parlamentario Popular encargado de defender el texto legislativo que llegue del Gobierno. No sólo es un tema delicado porque tendrá entre manos lidiar con la oposición frontal del resto de grupos parlamentarios, sino porque muchos de sus compañeros del PP también se sienten incómodos. Los conservadores consideran que debe ser una mujer quien asuma las riendas de esta fase en nombre de del partido de Gobierno.

Más debate ha habido sobre el área al que debe pertenecer esta diputada. Desde un primer momento, el PP tuvo claro que no podría encomendarse a ningún integrante de la comisión de Sanidad puesto que sería rápidamente interpretado como una incoherencia por los partidos de la oposición que, a día de hoy, siguen preguntándose por qué el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no encargó esta reforma al Ministerio de Sanidad. De hecho, los grupos de la oposición han reclamado en sede parlamentaria explicaciones sobre esta reforma tantas veces a la titular de Sanidad, Ana Mato, como a Alberto Ruiz-Gallardón.

Cuentan las fuentes conocedoras de estas negociaciones que se ha hablado sobre si apostar por una diputada del área de Justicia o del área de Igualdad. A día de hoy, el plan es que sea una integrante de la Comisión de Justicia la encargada de defender la postura del Grupo Parlamentario Popular en esta materia. Uno de los nombres que suena con más fuerza para llevar a cabo la defensa de este texto es la de la diputada catalana Dolors Montserrat, vocal de la Comisión de Justicia y vicepresidenta tercera del Congreso.