La delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña sigue marcando los primeros compases de la nueva legislatura. Cinco días después del acuerdo entre PSOE y Junts que salvó in extremis dos de los tres primeros decretos del Gobierno, nadie ha sido capaz de detallar todavía en qué se concretará el pacto alcanzado. Básicamente, apuntan a uno y otro lado, porque el alcance aún no se ha empezado a negociar. No obstante, desde el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez ya se han comenzado a marcar públicamente algunas líneas rojas. Límites que chocan frontalmente con las exigencias planteadas en los últimos días por la formación posconvergente, que ha situado la inmigración como una de sus prioridades políticas a pocos meses de las elecciones catalanas.
El pacto que evitó el primer gran fracaso parlamentario del renovado Gobierno de coalición, y que ha vuelto a situar a la formación independentista en el centro del debate político nacional, no es, por ahora, más que un punto de partida. Parece haber un acuerdo para sentarse a hablar sobre una posible delegación de competencias en materia migratoria en base al artículo 150.2 de la Ley Fundamental, que permite ceder facultades "correspondientes a materia de titularidad estatal" que por "su propia naturaleza" sean "susceptibles" de cesión. Pero más allá de eso no hay nada. Aún no se ha abordado el alcance de la misma. Eso es algo que deberá fijarse en una futura ley orgánica para cuya aprobación es necesario el consenso de todo el bloque de investidura.
Junts se ha esforzado por vender el acuerdo como el inicio de una negociación en la que puede conseguirse todo para la Generalitat. Así lo dejaban entrever en el comunicado que lanzaron el pasado miércoles, en el que hablaban de una "delegación integral" de facultades en materia migratoria. Algo en lo que ha seguido insistiendo este lunes el secretario general de Junts, Jordi Turull. "Nosotros pediremos todas las competencias. [...] Todas las competencias que sean posibles, y todas han de ser posibles, serán delegadas", ha señalado el dirigente independentista en una entrevista en TV3, en la que ha dejado claro que el objetivo es que la Generalitat se convierta en la "administración de referencia" en esta materia.
Los posconvergentes aspiran a que dentro de esa cesión se encuentren cuestiones como el control de los flujos migratorios, los permisos de residencia o la deportación de migrantes que reincidan en múltiples delitos. "Si se expulsa o no a los multirreincidentes se tiene que decidir desde Cataluña", aseveraba la pasada semana el número dos de Junts. Una delegación total de competencias que, sin embargo, los expertos en derecho ven "inviable jurídicamente". Al fin y al cabo, explicaban el pasado viernes en este diario, el decidir quién entra o sale de España, así como a quién se le concede la autorización de residencia o los controles fronterizos que se hacen es algo que compete en exclusiva al Estado y, por tanto, no puede cederse a una comunidad.
Esa, de hecho, es la gran línea roja que se ha encargado de fijar en las últimas horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de inmigración irregular y la lucha contra el tráfico de seres humanos está residenciado en la Administración General del Estado", aseguraba este lunes el líder del Ejecutivo en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE). Es decir, y así lo trasladó también en una conversación con el diario El País, la expulsión de migrantes es algo que compete a la administración central. En el caso de ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos, la última palabra sobre su salida del país corresponde a los propios jueces en base al Código Penal y la Ley de Extranjería.
"Esto no es que lo diga yo, lo dice la Constitución", ha apuntado el presidente del Gobierno. En concreto, pone el foco en el artículo 149 de la Ley Fundamental, que establece que la "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo" son, al igual que las relaciones internacionales o la defensa, entre otras muchas, "competencia exclusiva" del Estado. De hecho, el Tribunal Constitucional ya dejó claro en su sentencia sobre el Estatut del año 2006 que las cuestiones fundamentales en lo relativo al control de flujos migratorios están en manos estatales: "Es evidente que la competencia en materia de entrada y residencia de extranjeros se inscribe en el ámbito de la inmigración y la extranjería, terreno en el que sólo cabe la competencia exclusiva del Estado".
Otra de las cuestiones en materia migratoria sobre las que ha puesto el foco Junts –que no el Govern de la Generalitat, en manos de ERC– tiene que ver con el reparto de personas que llegan a territorio nacional, que se realiza en función de la disponibilidad de plazas que existen en cada uno de los territorios. La presidenta de Junts, Laura Borràs, afirmó la pasada semana que quieren poder decidir en esta materia. "¿Con esa transferencia de competencias, Cataluña podría decir 'no quiero acoger a los, por ejemplo, migrantes que llegan a Canarias?", le han preguntado este lunes a Sánchez. El presidente ha evitado dar una respuesta contundente. Ahora bien, ha señalado que si la solidaridad debe darse a nivel europeo, "evidentemente" se tiene que dar también en el marco estatal.
Avanzar en "integración social"
La doctrina del Constitucional permite la delegación de facultades en materia migratoria cuando las mismas puedan tener cabida en las diferentes competencias que tenga la comunidad autónoma. Por ejemplo, en materia de servicios sociales, sanidad, educación o vivienda. Esa interpretación fue la que salvó del recorte el artículo 138 del Estatut de 2006, el que definía las facultades de la Generalitat en relación con la inmigración. De ahí que Sánchez haya limitado este lunes la posible delegación de competencias a asuntos vinculados a la "integración social" o "sociolaboral" de estos migrantes. "Insisto, hay, por supuesto, materia en la que podemos entendernos", ha señalado el líder del Ejecutivo en su entrevista radiofónica.
Cataluña ya gestiona, por ejemplo, la primera fase de acogida de migrantes y solicitantes de asilo, en la que se orienta a estas personas y se les enseña el idioma. Sin embargo, algunos juristas creen que no habría problema para ampliar estas facultades más allá de la orientación. Y lo mismo señalan en relación a los permisos de trabajo. La Generalitat tiene, en estos momentos, competencia ejecutiva para la "tramitación y resolución" de las autorizaciones iniciales, si bien la renovación de las mismas hay que solicitarla a las autoridades estatales. De ahí que algunos expertos planteen también margen de avance en este sentido, de forma que sea Cataluña quien asuma estas renovaciones, siempre en coordinación con el Estado.
Un acuerdo que no ha gustado a los socios
Competencias en la acogida pero nada de expulsiones: muchas incógnitas y pocas certezas tras el pacto PSOE-Junts
Con las primeras posiciones ya fijadas, socialistas y posconvergentes deberán sentarse ahora a debatir hasta dónde se puede llevar el acuerdo alcanzado. Algo que tendrá que plasmarse en una ley orgánica que solo podrá salir adelante con el voto a favor de todo el bloque de investidura. Por el momento, el movimiento del PSOE no ha gustado a su socio dentro del Gobierno. "No compartimos el fondo ni las formas", ha señalado el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, este lunes en rueda de prensa. En la formación política están dispuestos a "discutir la distribución de competencias en materia migratoria". Ahora bien, dejan claro que este tipo de acuerdos "no deben producirse" cuando lo que se quiere es "alentar determinados discursos xenófobos que deberían estar fuera del debate público".
"Y, por otro lado, la política migratoria es algo muy importante que debe ordenarse bien. Por tanto, no parece lógico que este tipo de cosas se discutan en el último minuto en el marco de la negociación de la convalidación de unos decretos", ha completado el también ministro de Cultura. Por eso, creen que lo que se vivió alrededor del superpleno del miércoles pasado "no se debe volver a repetir". Del mismo modo, también desde Podemos han expresado su preocupación ante el uso de "un discurso antiinmigración" como el de Junts que "sitúa a las personas migrantes como un problema de seguridad". Por eso, han querido dejar claro, aunque sin entrar en cuestiones competenciales, que nunca votarán a favor de una ley "que restringa los derechos" de estas personas.
La inmigración se ha convertido en un tema clave para la formación independentista. Tanto es así que este sábado el Consell Nacional del partido ha aprobado celebrar una convención específica sobre esta materia. "Por más ataques, descalificaciones, chantajes y amenazas que haya, no nos apartarán a la hora de afrontar este asunto", señalaba Turull durante el cónclave. Y, al mismo tiempo, se ha convertido en elemento de confrontación entre las dos grandes formaciones independentistas. Desde ERC se ha intentado, en los últimos días, minimizar el alcance del acuerdo alcanzado, al tiempo que se ha acusado a Junts de poner en el centro del debate político "posiciones xenófobas". "A algunos les da miedo asumir más competencias", responden los posconvergentes.
La delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña sigue marcando los primeros compases de la nueva legislatura. Cinco días después del acuerdo entre PSOE y Junts que salvó in extremis dos de los tres primeros decretos del Gobierno, nadie ha sido capaz de detallar todavía en qué se concretará el pacto alcanzado. Básicamente, apuntan a uno y otro lado, porque el alcance aún no se ha empezado a negociar. No obstante, desde el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez ya se han comenzado a marcar públicamente algunas líneas rojas. Límites que chocan frontalmente con las exigencias planteadas en los últimos días por la formación posconvergente, que ha situado la inmigración como una de sus prioridades políticas a pocos meses de las elecciones catalanas.