El Gobierno pone en marcha la reforma constitucional para limitar los aforamientos

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la medida estrella a la que el presidente Pedro Sánchez recurrió para celebrar sus cien días en la Moncloa: una propuesta de reforma de la Constitución para acotar el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo al ejercicio del cargo público. Cuando la reforma sea efectiva, los políticos a los que les afectan sólo serán juzgados por un tribunal superior en el caso de ser imputados si la investigación abierta tiene que ver con asuntos directamente relacionados con su función pública.

Esto evitará, como ocurre a día de hoy, que el Tribunal Supremo tenga que ocuparse, por ejemplo, de instruir causas que tengan que ver con la vida privada de los políticos, como por ejemplo positivos de alcoholemia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, estimó en un año el tiempo necesario para adecuar el ordenamiento jurídico a esta reforma de la Carta Magna. 

Como ya fijaba el informe encargado por la Moncloa al Consejo de Estado, Calvo subrayó que la limitación de los aforamientos implica reformar dos artículos de la Constitución. Además, explicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una ronda con todos los grupos parlamentarios sobre este asunto con el fin de lograr los apoyos en el Parlamento para sacar adelante la citada reforma.

La vicepresidenta consideró que con esta iniciativa, el Ejecutivo traslada a los ciudadanos la seguridad de que los cargos públicos "están sometidos con igualdad ante las leyes". De esta forma, dijo, "se hace más riguroso" ese sometimiento a la Ley. "Todos los aforamientos de los cargos públicos quedarán reducidos al ejercicio estricto de su función", insistió.

Fue el pasado 16 de noviembre cuando el Gobierno hizo público el informe del Consejo de Estado sobre el aforamiento de parlamentarios y miembros del Ejecutivo que había sido solicitado para abordar la reforma constitucional. 

Como sugería el órgano consultivo del Estado, se pretende modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución. Son los que recogen –respectivamente– el aforamiento de los 350 diputados y los 266 senadores y el del presidente del Gobierno y sus ministros. El Consejo de Estado abogaba en su informe por que la reforma de estos artículos se limite a incluir en ambos que diputados, senadores y miembros del Gobierno serán juzgados por el Tribunal Supremo únicamente en el caso de "delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo".

En el informe, el Consejo de Estado sugirió a Sánchez que fuese más allá e hiciese extensibles las limitaciones que plantea también a los altos cargos de las comunidades autónomas que tienen recogido este derecho. 

Preguntada sobre este asunto, Calvo defendió que el Gobierno marca el "listón ético" y que este es "muy alto". Mostró su confianza en que ese listón llevará a que las comunidades reformen también el alcance de los aforamientos, pero Calvo indicó que el Gobierno central debe respetar la distribución competencial que marca la Constitución y no adoptará ninguna medida al respecto.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, fue el primero en reaccionar al anuncio del Ejecutivo. Calificó de "estafa" que el Gobierno, en su opinión, "blinde la corrupción" y llamó a suprimir "todos los aforamientos políticos".

El Partido Popular tiene en su mano bloquear o llevar a término la reforma para acabar con los aforamientos. Esta exige que tanto el Congreso como el Senado reúnan una mayoría de tres quintos para sacar adelante cualquier cambio en los artículos que no afectan a derechos fundamentales o a la Corona. Los 147 senadores que tiene el PP en la Cámara alta –el 55,2% del total de los escaños– podrían paralizar cualquier reforma constitucional. Cuando Pedro Sánchez lanzó la propuesta el líder del PP, Pablo Casado, dijo no verla prioritaria. 

Los conservadores destacan que, de salir adelante la reforma, Podemos podría plantear la celebración de un referéndum para abordar cuestiones como el modelo de Estado. Es el mismo argumento que esgrimieron en la última legislatura de Mariano Rajoy para no abrir el "melón" de la reforma constitucional.

Por su parte, la formación liderada por Pablo Iglesias, ya anticipó al conocer la propuesta en septiembre que forzaría ese referéndum que tanto temen los conservadores.

Las comunidades autónomas dan los primeros pasos para la supresión de los aforamientos

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Encuentro con Torra

Calvo confirmó también que Sánchez, se reunirá con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, tras celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre. Lo hará, dijo, dentro de un marco de "normalidad", como ocurrió con la presidenta andaluza, Susana Díaz, tras llevar el Consejo a Sevilla el 26 de octubre. La invitación formal al encuentro todavía no ha sido cursada por Presidencia del Gobierno.

Sobre los Presupuestos, la vicepresidenta del Gobierno insistió en que el Ejecutivo no ha abandonado el "escenario" de su presentación: "Son 6.000 millones más para este país", dijo