El Gobierno renuncia a poner “límites” al diálogo con Torra para facilitar el apoyo de Esquerra

El Gobierno dio marcha atrás este martes y renunció a poner líneas rojas en el diálogo que quiere abrir el próximo lunes con el Govern de la Generalitat para desencallar la crisis política catalana. A diferencia de lo que habían hecho el grupo socialista y el propio presidente Pedro Sánchez en el pleno de la semana pasada, en el que rechazaron una propuesta de Esquerra para que el diálogo no tuviese “límites” y se pudiese “hablar de todo”, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ofreció en el Congreso un “diálogo abierto, franco, democrático, sin cortapisas”.

El cambio de criterio en el Gobierno se produjo sólo unas horas después de que el portavoz de Esquerra en la Cámara baja, Joan Tardà, anunciara que su grupo votará en contra de la elección de la cúpula de RTVE a menos que el Ejecutivo acepte “hablar de todo”, incluso de lo que no está dispuesto a aceptar.

A instancias del diputado republicano, Calvo aclaró que con la expresión “diálogo sin cortapisas” se estaba refiriendo al mismo diálogo sin límites que reclama Esquerra. “Sólo faltaría que el señor Torra no pueda venir a hablar de lo que considere oportuno. Llevamos demasiado tiempo hablando más en el terreno de las palabras que en otra cosa. Sin cortapisas significa que tenemos que tener libertad para hablar”, precisó. “¿Con qué libertad? Faltaría más que no tuviera libertad el president Torra para venir a hablar con el presidente de todos los españoles de lo que considere oportuno”, repitió. Porque “el president Torra no es cualquiera: es el presidente legítimo y legal de Cataluña, de un Gobierno que, de momento, no ha cometido ni una sola ilegalidad”.

“Y sé en qué proyecto político están usted y el president Torra”, recordó a Tardà. “El derecho a la autodeterminación no existe en nuestra Constitución”, recordó la vicepresidenta, pero eso no impide “hablar con el president Torra”.

El diputado republicano dio por buena la respuesta de Calvo y anunció que, si la ministra Meritxell Batet confirma este criterio este miércoles en el Congreso, Esquerra dará apoyo a la propuesta del PSOE y Podemos para renovar el Consejo de Administración de RTVE.

A medida que se va acercando la fecha fijada para la entrevista se van conociendo nuevos detalles sobre el encuentro. Como que el orden del día está siendo negociado por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y la portavoz del Govern, Elsa Artadi, que este martes anunció que el president Torra quiere plantear el derecho de autodeterminación de Cataluña, la “existencia de presos políticos” y la presencia del franquismo en el espacio político y civil del Estado.

El Govern espera que la reunión del 9 de julio sirva para abrir el diálogo y concretar futuros encuentros, aunque no tiene expectativas de grandes pactos: “No nos queremos creer lo que no puede ser. Seguro que no acabamos con acuerdos muy avanzados”, señaló Artadi. Eso sí, precisó: “Queremos hablar de todo y valorar el derecho de autodeterminación. El mismo PSOE lo ha defendido en el pasado. Queremos escuchar qué posición tiene. Es el primer contacto que se tiene y tenemos que hablar con franqueza”.

La intención del Govern es que, tras la reunión con Sánchez, el presidente catalán no comparezca desde la Moncloa, sino desde la delegación de la Generalitat en Madrid, siguiendo la costumbre implantada por Artur Mas y Carles Puigdemont.

La Generalitat plantea un doble nivel de negociación. Quiere abordar en la entrevista con Sánchez las cuestiones que considera “centrales”, como la autodeterminación, y dejar que los temas sectoriales se aborden en las cuatro comisiones bilaterales Generalitat-Estado que este mismo martes reactivó el Govern.

Traslado de los presos

El acercamiento entre el Gobierno y Esquerra coincide en el tiempo con el primer traslado de presos independentistas a Cataluña. Hasta tres ministros, además de la vicepresidenta, fueron interpelados sobre esta asunto. Todos respaldaron la decisión. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró que las condiciones que tendrán los independentistas en prisión preventiva en las cárceles catalanas “no” diferirá de las que han venido teniendo en las prisiones de Madrid donde se encontraban. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mostró de acuerdo: “No hay ninguna razón para generar desconfianza” sobre la gestión que harán los Servicios Penitenciarios de la Consellería de Justicia de la Generalitat. Incluso el ministro de Exteriores, Josep Borrell, al que la derecha considera el más crítico con la estrategia del independentismo, se mostró “convencido” de que la Generalitat actuará “de acuerdo” a la ley y los reglamentos penitenciarios.

Pero ni los argumentos del Ejecutivo ni los del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que fue quien autorizó el traslado después de que los presos lo solicitasen por razones de arraigo, toda vez que ya no necesitaba tenerlos a disposición constante al haber concluido la fase de instrucción, aplacaron las criticas de PP y de Ciudadanos.

El juez señaló en todos los casos en los que ha sido interpelado por Instituciones Penitenciarias que carece de competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer los investigados que se encuentran en prisión preventiva. Y, apoyándose en la jurisprudencia del Supremo, dejó claro que es a los órganos penitenciarios a quien corresponde organizar, gestionar y fijar la actividad y ubicación de los presos en los establecimientos porque son ellos los que conocen la naturaleza de los centros y el número de plazas existentes.

Pero no importa que se trate de un procedimiento reglado que se aplica a todos los presos. Los dirigentes del PP y de Cs salieron todos a una a afirmar que se trata de una cesión del Gobierno al independentismo en contrapartida al respaldo que PDeCAT y Esquerra dieron a la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez.

“Precio”, “chantaje”, “pago”

En eso coincidieron Carlos Floriano, portavoz adjunto del PP en el Congreso, y los principales candidatos a la Presidencia del PP. Floriano aseguró sin dudarlo que el traslado “es el precio que Sánchez tiene que pagar por ser presidente”. La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría acusó a Sánchez de estar dispuesto a “regalar España” en “contraprestación” por el apoyo del independentismo a la moción de censura.

Pablo Casado atribuyó el traslado de los presos a un “chantaje” que tiene como origen una moción de censura "vergonzante". Y propuso recuperar el delito por convocatoria de referéndum porque Sánchez, según él, “amenaza” con celebrarlo de forma “acordada” con los independentistas.

En la misma línea se expresó la exministra María Dolores de Cospedal, según la cual el traslado no es otra cosa que “el primer pago” de Sánchez a sus socios. Está “pagando la factura” de su Presidencia a quienes “intentaron dar un golpe de Estado” en España.

En busca del disenso en la filas socialistas, hasta el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, pidió a la presidenta de la Junta, Susana Díez, que se pronuncie públicamente sobre el acercamiento porque, según él, es una cuestión que “alarma bastante” a los andaluces.

La coincidencia del PP con Ciudadanos en esta materia es absoluta. Su presidente, Albert Rivera, vinculó el traslado al anuncio de la la vicepresidenta de que Sánchez no pondrá obstáculo a dialogar con Torra aunque el president plantee el ejercicio del derecho de autodeterminación. “Nos dieron un golpe de Estado y quieren volver a dar otro”, así que si desean entablar conversaciones, “las condiciones son muy claras: vuelta a la Constitución, respeto a las sentencias judiciales, respeto al pueblo español y fin definitivo del proceso separatista", proclamó en el Congreso. “Denotan la debilidad y la fragilidad” del Gobierno y “sus hipotecas con los golpistas”, añadió.

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Su portavoz en Cataluña, Inés Arrimadas, fue igual de crítica. Sánchez, aseguró, “está vendiendo España a trozos por mantenerse en La Moncloa”.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva, el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, llegaron este martes al Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza), desde donde saldrán el miércoles rumbo previsiblemente a la cárcel de Llendoners, próxima a Barcelona, cuyos accesos amanecieron este martes repletos de lazos amarillos y pintadas a favor de los presos. Las dos mujeres en prisión preventiva, la exconsellera Dolors Bassa y la expresidente del Parlament Carme Forcadell, serán trasladadas a Cataluña sin escalas e ingresadas, previsiblemente, en la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres (Girona). En los próximos días seguirán sus pasos los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull.

En nombre de todos ellos y de los que permanecen huidos en el extranjero, la ANC ha reunido la fianza de 2,1 millones de euros que les impuso el juez para hacer frente a sus posibles responsabilidades penales.