El Gobierno utilizará "todos los mecanismos jurídicos" para impedir que Mañueco aplique el plan de Vox contra el aborto

El Gobierno de Pedro Sánchez da un paso adelante para frenar la ofensiva antiabortista del Ejecutivo de coalición de PP y Vox en Castilla y León. En un comunicado emitido en la tarde de este domingo, anuncia que ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad a través del Ministerio que dirige Carolina Darias para que "se abstenga" de poner en marcha el nuevo protocolo que puso sobre la mesa el pasado jueves su vicepresidente, el ultraderechista Juan García-Gallardo. En caso de que se avance en este plan, Moncloa advierte con que llegará hasta los tribunales de Justicia. Tras conocerse esta noticia, el presidente de la Junta, el conservador Alfonso Fernández Mañueco acusó al Gobierno de mentir y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León anunció en un comunicado que estudiará "acciones legales".

"El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente", explica la nota, que también asegura que estas medidas "se extralimitan de las competencias que corresponden a esta comunidad autónoma". El Ministerio de Sanidad junto a los de Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están "en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes".

Tal y como detalla el comunicado, el objetivo es impedir que la Junta de Castilla y León apruebe o aplique "medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)". En caso de haber sido ya aprobado, exige "el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto".

Este nuevo protocolo, que está previsto que se inicie este lunes, incluye la obligación de los sanitarios a ofrecer a las mujeres que decidan abortar la posibilidad de escuchar el latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. El Gobierno califica estas medidas de "pruebas no necesarias desde el punto de vista médico" y asegura que su puesta en marcha supone "mermas" de los derechos fundamentales de las mujeres ya que "pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico".

También exige al Ejecutivo de PP y Vox que la realización de pruebas diagnósticas "no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas". El Gobierno también requiere que se informe al Ministerio de "los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas".

Ya este sábado, el presidente del Gobierno avisó en un mitin desde Sevilla de que no permitirá retrocesos en el derecho de las mujeres a abortar y censuró que el PP siga el camino "que le marca" Vox. Sánchez ratificó el compromiso "total y definitivo" del Ejecutivo con las mujeres y no permitirá "que haya un retroceso en el derecho de las mujeres a decidir libremente cuando ser madres o no".

Este movimiento del Gobierno de Sánchez recuerda al que hizo en enero de 2020 con el pin parental de la Junta de la Región de Murcia del conservador Fernando López Miras. En aquella ocasión, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, dio un plazo de un mes a la comunidad antes de formalizar un recurso por la vía contencioso-administrativa para la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principios de curso. La por entonces ministra Isabel Celáa aseguró que el Gobierno no quería ir a los tribunales y apeló a la "sensatez y la moderación".

Mañueco acusa al Gobierno de mentir

Estas medidas antiabortistas son el resultado de la obstinada batalla del partido ultra contra los derechos reproductivos de las mujeres, si bien sus socios conservadores han matizado que no se trata de una medida obligatoria, sino voluntaria para mujeres y profesionales. Tras hacerse público el comunicado, Mañueco asegura que el Gobierno de Sánchez miente "y lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la ley del solo sí es sí que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales".

Según asegura en un hilo en Twitter, "la Junta de Castilla y León no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios" y sostiene que "la ministra de Sanidad conoce desde el viernes, a través de una carta del consejero, que no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno por lo que es intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social".

Minutos después, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado en respuesta en el que exige al Gobierno de Sánchez que "se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una comunidad autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias". En un tono similar a la nota del propio Ejecutivo, anuncia que estudiará "si es necesario ejercer otras acciones legales" ya que, detalla, "la aplicación de las acciones anunciadas" podrían "vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta comunidad autónoma".

Mañueco tardó día y medio en pronunciarse

El tono utilizado este domingo con el Gobierno de Sánchez contrasta con las primeras declaraciones sobre el tema, tras más de 36 horas de silencio, cuando este sábado Mañueco negó que se fuese a obligar a las mujeres que quieran abortar en un centro público que tengan que escuchar el latido del feto o hacerse una ecografía 4D. Se pronunció así en la misma línea que el consejero de Presidencia Jesús Julio Carnero (PP), que ya el viernes recalcó en "la absoluta voluntariedad" de estas medidas.

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"Estas medidas no van de eso. Van de fomentar la natalidad y la mujer que lo solicite lo podrá escuchar", afirmó Mañueco que recordó que la Junta lleva aplicando "desde hace años" medidas de fomento de la natalidad, llamadas ahora provida por su socio de Gobierno. "Lo que vamos a hacer es incorporar estas medidas siempre desde la voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo necesiten y también la aplicación bajo criterio estricto médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas", aseguró.

El objetivo de Vox: evitar "que un sólo niño sea abortado"

Aunque Mañueco no quiso entrar en si estas palabras desacreditaban o no a su vicepresidente, cuando García-Gallardo anunció las medidas recalcó su carácter voluntario para las mujeres, pero obligatorio para los profesionales a la hora de ofrecerla. Su objetivo, según aseguró el jueves, es evitar "que un sólo niño sea abortado".

En la rueda de prensa que ofreció el jueves, García-Gallardo aseguró que este protocolo se pondría en marcha "inmediatamente" en "el corto plazo", tras señalar que la técnica del latido fetal se puede aplicar "en todos los hospitales de la Comunidad y la ecografía 4D "en la mayoría" de ellos. Es más, el viernes por la noche, el consejero de Sanidad, el conservador Alejandro Vázquez Ramos, señaló que estas medidas antiabortistas entrarían en vigor este mismo lunes.