Cuando el inspector Andrés Gómez Gordo acudió a esa entrevista con Alfredo Prada, en aquel momento consejero de Justicia y vicepresidente segundo en el Gobierno de Esperanza Aguirre, llevaba poco más de una década en el Cuerpo. Entonces, daba clase en la academia de policía de la Comunidad de Madrid. Pero dicha reunión lo cambió todo. El agente fue contratado como director de seguridad de Campus de la Justicia de Madrid SA, la empresa pública con forma de sociedad mercantil creada para levantar el que iba a ser "el complejo judicial más moderno de Europa y uno de los mayores del mundo". Un pufo millonario por el que acaba de ser condenado. Y que se convierte en la primera gran mancha en el expediente de un agente con un papel clave en la policía política del PP.
El paso de Gómez por aquella compañía no fue demasiado largo –ocupó el puesto entre octubre de 2007 y el mismo mes de 2009–. Pero sí bastante lucrativo: el sueldo rondaba los 6.000 euros mensuales, según un informe elaborado en 2018 por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Dos años en los que intervino en la adjudicación de diferentes contratos vinculados con la seguridad del macroproyecto por los que acaba de ser condenado. La Audiencia Nacional le ha impuesto, en una sentencia que aún puede ser recurrida, una pena de tres años y medio de cárcel como responsable en concepto de cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación agravada.
La sentencia recoge, por ejemplo, el papel del policía en el incremento de los importes de algunas licitaciones tras la firma de las mismas. "La justificación [de Gómez Gordo] para la ampliación del contrato en la misma fecha en que se firma se basa en criterios perfectamente previsibles antes de la firma del contrato", resalta la Audiencia Nacional. El tribunal también considera que "facilitó la multiplicación de contratos de servicios de seguridad con prestaciones repetidas" y cuya "necesidad" resultaba "más que dudosa" en la fase de desarrollo en la que se encontraban las obras de la Ciudad de la Justicia, otra de esas charcas llenas de ranas de la era Aguirre. "El gasto en seguridad resultó así superfluo y causó un perjuicio a las arcas públicas", sentencian los magistrados.
Tras su salida de aquel faraónico proyecto que dejó un agujero de 40 millones en la caja madrileña, Gómez fue acogido en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que por aquel entonces lideraba Francisco Granados. Y luego fue fichado por María Dolores de Cospedal para ocupar el cargo de director de Análisis y Documentación en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por entonces, el caso Gürtel estaba a pleno rendimiento. Un asunto que interesaba, especialmente, a la secretaria general del PP. "Le hemos convencido para que quite lo más importante", decía José Manuel Villarejo a Cospedal sobre un informe que iba a salir hacia la Audiencia Nacional. Manuel Morocho, el inspector encargado de estos documentos, denunció en 2021 las continuas presiones recibidas.
"Muy contento con los datos que le di para Cospe"
Gómez Gordo es otro de esos personajes que aparecen de forma recurrente en las agendas del excomisario, principal investigado en la macrocausa Tándem. "Aviso copia dada al Andi –nombre usado para referirse al policía–. Agradeció mensaje, lo transmitirá a Cospe", consta en una anotación que Villarejo fechó el 30 de septiembre de 2013. Al día siguiente, constan otros dos apuntes en la libreta vinculados con ese mismo nombre. "Sobre unos papeles de un asesor fiscal, estaban en una notaría. Firmas de Lapuerta-Poderes Notariales", reza el primero de ellos. "Muy contento por los datos que le di para la Cospe", dice el segundo. Por entonces, el inspector se encontraba en situación administrativa de servicios especiales.
Fue a lo largo de aquellos meses de 2013 cuando se fraguó lo que se conoce ahora como Kitchen, la operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas para hacerse con documentación comprometedora que pudiera tener sobre la formación conservadora. Y en ella, de nuevo, Gómez Gordo tuvo un papel clave. Él fue, según se desprende de la instrucción de esta causa en la Audiencia Nacional, quien captó a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, con quien coincidió durante la etapa de Granados como consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. "Andi Cosp. Confirma que ya maneja él solo a Sergi. Le ha prometido que aprobará", apunta Villarejo en sus agendas el 29 de abril de 2015. Unos meses después, el chófer de Bárcenas aprueba la oposición de Policía.
Gómez Gordo forma parte de la lista de procesados por la Kitchen. Anticorrupción pide para él quince años de cárcel. El policía, sin embargo, reclama la absolución. Niega tajantemente ser quien captó a Ríos –limita su actuación al hecho "neutral y puntual" de haber puesto en contacto al chófer con Villarejo– y defiende que cumplió con las órdenes que le daban sus "superiores jerárquicos" convencido de que estaba ante una "operación policial totalmente legal". Él fue quien firmó algunos de los recibís de pagos con fondos reservados. Y quien maniobró para, dos años después del inicio del espionaje, tratar de "crear la apariencia" –en palabras de Anticorrupción– de que los datos conseguidos habían sido compartidos con la UDEF como unidad investigadora de Gürtel.
Para ello, Gómez Gordo elaboró y firmó en la primavera de 2015 un Parte Informativo Investiga, documento normalizado de carácter interno para "uso exclusivo policial" que plasma la información que debe ser incluida en la base de datos de inteligencia criminal. Así, los implicados lograron que se introdujera en el sistema la información lograda sobre el extesorero del PP relativa a vínculos, vehículos, lugares de reuniones o sociedades. Con ello, apunta el Ministerio Público, se consiguió "crear el artificio" de que el sistema "detectara" que la operación parapolicial "apareciera cruzada con la investigación" relativa al caso Gürtel.
De la doctora Pinto a la operación contra Podemos
De vuelta al servicio activo, la relación del policía con el entonces secretario de Estado, Francisco Martínez, era fluida. Así se puede observar en las conversaciones de Whatsapp entre ambos aportadas en su día a la causa Kitchen. "El 16 de julio rueda de reconocimiento de Pp [en referencia a Villarejo] en el caso de la loca, llegó el jueves la citación, lo habíamos parado pero alguien lo ha reactivado", escribe el policía al número dos de Interior a comienzos de julio de 2015 en relación con el caso del apuñalamiento de la dermatóloga Elisa Pinto, que salpicaba al comisario jubilado y al empresario Javier López Madrid. Un par de meses después, el entonces inspector jefe es premiado con la cruz al Mérito Policial con distintivos rojo, una medalla pensionada.
Los chats también ponen de relieve el interés que existe en Podemos. "¡Que no se filtre nada de lo del coletas! Luego... Un saludo", escribe Gómez Gordo a Martínez el 23 de julio de 2015. "Por mi no, pero no puedo responder de otros...", dice el secretario de Estado. Es entonces cuando el policía le avisa de que la información puede ser "chunga": "Yo estuve en ING y ese importe no consta ni nada parecido...". Un par de semanas más tarde, Gómez Gordo, quien hasta en alguna ocasión ayuda a Martínez a buscar argumentos de defensa en relación con el llamado caso Rato, vuelve a escribir: "No tiene otros ingresos que los de las productoras, la UE y anteriormente la Universidad". Y añade: "¡El lunes empiezo a tirar para atrás de la productora iraní que cada cinco meses cambia de banco!".
El pasado mes de octubre la formación morada interpuso una querella contra la cúpula de Interior por la operación de acoso y derribo contra ellos. Cuatro meses después, el titular del Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la admitió a trámite. Ahora bien, solo contra una parte de los altos mandos políticos y policiales contra los que se dirigía. Así, por ejemplo, mientras dejó fuera al exministro Jorge Fernández Díaz o al exdirector general de Policía Ignacio Cosidó, la admitió contra, entre otros, Martínez o Gómez Gordo. El excomisario Enrique García Castaño llegó a acusar en sede judicial a este último de haber elaborado en su día el famoso informe Pisa, ese documento apócrifo despreciado judicialmente que apuntaba la supuesta financiación venezolana e iraní de Podemos.
Durante la última etapa del PP en el Gobierno, el policía consiguió ascender a comisario, un cargo que juró ya con Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior. Pero tras su procesamiento en Kitchen, quedó suspendido de empleo y sueldo.
Cuando el inspector Andrés Gómez Gordo acudió a esa entrevista con Alfredo Prada, en aquel momento consejero de Justicia y vicepresidente segundo en el Gobierno de Esperanza Aguirre, llevaba poco más de una década en el Cuerpo. Entonces, daba clase en la academia de policía de la Comunidad de Madrid. Pero dicha reunión lo cambió todo. El agente fue contratado como director de seguridad de Campus de la Justicia de Madrid SA, la empresa pública con forma de sociedad mercantil creada para levantar el que iba a ser "el complejo judicial más moderno de Europa y uno de los mayores del mundo". Un pufo millonario por el que acaba de ser condenado. Y que se convierte en la primera gran mancha en el expediente de un agente con un papel clave en la policía política del PP.