No habrá un día después del covid: la salida será gradual, sin aglomeraciones y evitando con 'apps' nuevos brotes. Así titulábamos el pasado 3 de abril de 2020, en pleno confinamiento, un artículo sobre cómo podría organizarse lo que posteriormente conocimos como desescalada. Como puede percibirse, la importancia otorgada a la tecnología como herramienta contra la pandemia sobresale. Un año después de la declaración del primer estado de alarma, muy pocos aseguran que las soluciones basadas en el software siguen siendo relevantes para contener la transmisión. ¿Qué ha pasado? Casi desde el principio, los desarrollos invasivos de países como Singapur, Corea del Sur o China fueron descartados en el seno de la Unión Europea. Se apostó por aplicaciones descentralizadas, que no recababan datos personales de los usuarios, para ayudar al rastreo. El desempeño es desigual, pero la mayoría no han alcanzado los objetivos que se propusieron. En España, solo el 2% de los positivos por covid notifica su estado por Radar COVID. La cifra ha permanecido inalterada durante la tercera ola.
Durante la primera ola, las soluciones tecnológicas de Singapur, Corea del Sur o China, entre otros países asiáticos, saltaron a los titulares españoles como posibles soluciones para controlar la pandemia una vez finalizara el confinamiento. Pero la implantación de muchas de ellas ni siquiera se ha planteado en Europa. Singapur fue uno de los países que abrió la veda de la tecnología de rastreo de contactos: mediante la conexión bluetooth, un positivo de covid-19 puede notificarlo y así avisar a los dispositivos que hayan estado cerca en los últimos días por una posible exposición al contagio. Sin embargo, el programa del Gobierno singapurense ha caído en el descrédito: el Ejecutivo aseguró que los datos comunicados eran confidenciales, pero en enero se descubrió que la policía los estaba utilizando para investigar delitos.
China utilizó apps para prohibir el acceso a lugares públicos a las personas que tuvieran el color rojo (contagiado) o naranja (contacto de un contagiado) en sus particulares semáforos covid. La iniciativa requiere, obviamente, de la instalación obligatoria del software y de la comunicación obligatoria de síntomas a diario. Y por su parte, Corea del Sur utiliza la geolocalización habilitada por estas aplicaciones para controlar que nadie se salta la cuarentena. Las autoridades también están habilitadas para rastrear el uso de tarjetas de crédito para pagar o sacar dinero del banco. Estas soluciones, parcialmente relacionadas con el bajo número de casos reportado en estos países, no se han abordado en el debate público de los países europeos.
Manuel Carro, profesor en IMDEA Software, cree que "son países diferentes que tienen legislación diferente. No es tan fácil como meterlas a todos en el mismo saco", pero apunta a algo que sí puede funcionar como aglutinador: el susto que sufrieron con el SARS-CoV1 a principios de siglo. El experto, en todo caso, señala que un problema a la hora de adoptar soluciones tecnológicas invasivas es que no hay vuelta atrás. No es una limitación de la movilidad que se pueda revertir con un decreto.
"Tecnológicamente eso es más difícil. Hay tres escenarios principales. Escenario uno: hay un agente malicioso. El que guarda los datos los guarda porque le viene bien. Es un peligro. Dos: el que guarda los datos es honesto pero hay alguien deshonesto que los tiene. Tres: todos son honestos pero hay un descuidado que se deja los datos en un maletín". Aunque, tras recolectarlos, se prohíba el uso o el almacenamiento de los datos, siempre puede haber fallas. Y a pesar de que sea un poder público el que ejerza esta labor, siempre hay servidores privados de por medio.
Por su parte, Juan José Nombela, profesor especializado en ciberseguridad de la Universidad Internacional de La Rioja (Unir), cree que la solución surcoreana "era inviable" aquí desde el primer momento, a diferencia de lo que muchos dijeron durante marzo y abril. "En Corea del Sur el Gobierno tenía información (o podía tener información) de la ubicación de alguien. Es un dato especialmente protegido".
"En esos países no existe la tradición jurídica de respecto a la privacidad que tenemos en Europa", considera el profesor en Derecho Penal especializado en regulación de las nuevas tecnologías Javier Valls. "Hay grandes diferencias culturales con respecto a la tecnología. Puede explicar por qué Corea o Japón toman determinadas decisiones: consideran que el bien colectivo está por encima del individual", asegura. En este análisis, el especialista considera que el artículo 9.2 del Reglamento de Protección de Datos permite la recolección y el uso de datos personales cuando la salud está en juego. Pero otra cosa es que la sociedad española (o europea) aceptara el Gran Hermano a través del móvil para contener la pandemia.
"La ley nunca está cerrada: es una cuestion de interpretación y de equilibrios. Si hubiese llegado aquí el mismo sistema, ¿se podría haber hecho una interpretación de que el bien común estaba por encima de la privacidad? Eso lo deciden los jueces", asegura Valls. Europa, sin embargo, apostó por una tecnología de rastreo de contactos totalmente anónima y a salvo de posibles ataques –en teoría– gracias a un sistema descentralizado apoyado por Google y Apple que tardó meses de debates en ganar la polémica. En España, Radar COVID desembarcó en agosto, aunque algunas comunidades retrasaron su implantación hasta octubre.
¿Por qué ha fracasado Radar COVID?
Este tipo de aplicaciones basadas en la tecnología bluetooth necesitan que al menos el 70% de la población las utilice para ser completamente efectivas, advertían por entonces los expertos. Pero en España, según datos oficiales de Radar COVID –y que durante muchos meses no fueron públicos–, el 17% de la población española cuenta con la app en su dispositivo móvil. La cifra, además, está hinchada: la cifra que ofrece la Secretaría de Estado de Digitalización solo divide número de descargas entre la población española, pero no registra a quien se la haya descargado varias veces o en varios terminales. O a quien la haya borrado.
Por otro lado, la descarga no implica su uso. Desde principios de diciembre y hasta la actualidad, la tasa de positivos confirmados por test que suben su código a la aplicación no sube del 2%. Hay amplias diferencias entre comunidades: la Comunidad de Madrid lidera el ranking con un 6%, mientras que Ceuta, Región de Murcia, Extremadura, Navarra, Melilla y la Rioja reportan un estrepitoso 0%. ranking
La evidencia es clara: Radar COVID no ha cumplido sus objetivos y, ahora mismo, no supone una ayuda relevante para cortar la transmisión por su bajo uso. En enero, un grupo de investigadores españoles publicaron en Nature un artículo sobre su eficacia potencial: en la prueba piloto de La Gomera, cada positivo comunicado avisaba del posible contagio a seis contactos estrechos de media. Una cifra muy superior a lo que alcanzan los rastreadores humanos: la memoria humana es limitada y es imposible identificar como contacto a los desconocidos. El artículo, además, asegura que la cantidad de falsos positivos que se producen es baja. Pero todo se queda en papel mojado si los españoles no se descargan y no utilizan la aplicación.
¿Qué es lo que ha fallado? Valls identifica varios elementos: la puesta en marcha de una promoción escasa y de corto recorrido, la poca colaboración de varias comunidades autónomas y la desconfianza de los españoles ante las soluciones tecnológicas. El especialista lamenta que muchos teman por su privacidad al usar Radar COVID pero no al utilizar redes sociales, cuando sus datos personales están mucho más expuestos. "Hay una especie de escepticismo, de preocupación, cuando lo hace el Estado en vez de una empresa, cuando debería ser al revés".
El Gobierno oculta los datos de uso de Radar COVID y los informáticos calculan que sólo un 1% de los positivos lo registran en la 'app'
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Carro coincide en los elementos identificados por Valls, pero apunta específicamente a la falta de coordinación: entre Gobierno y comunidades, entre los departamentos de tecnología y salud de las distintas instituciones implicadas. "A un enfermo con el chisme activo le tienen que dar un código. Ahí me parece que pinchamos en hueso". Narra una visita a su centro de la secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, en la que les confesó que determinadas comunidades no ofrecen códigos para subir a la aplicación en caso de positivo. De hecho, ese apartado sigue vacío en la web de Radar COVID. "¿Por qué no lo dan? Pues no lo sé. Problemas organizativos,s upongo. No sé cuál ha sido la relación entre las partes más tecnológicas del Gobierno y comunidades y las partes del sistema de salud. Tiendo a entender a los sistemas de salud, cuando arrancó esto estaban desesperados. Su preocupación no era una app que iba a hacer nosequé".
Nombela colaboró con el grupo de ingenieros informáticos que diseñó el protocolo descentralizado mediante el cual funciona Radar COVID y la mayoría de aplicaciones europeas. Ha pasado del entusiasmo al desánimo. "La gente lo califica como un fracaso, y yo me uno. He pasado a ser un detractor. Intenté contactar con Artigas para decirle que estabámos apoyando el proyecto y que si podíamos hacer algo más, y ni nos ha contestado. Ha habido una abandono total y me da mucha lástima porque hubo un gasto de más de un millón de euros". Su esposa se contagió y, al acudir al centro de salud, pidió el código de Radar COVID. "Parecía que les estaban hablando en chino".
Para Valls, uno de los problemas de Radar COVID es que no ofrece nada más que un aviso si has estado lo suficientemente cerca de un contagiado. Pone el ejemplo del software de Reino Unido. "Ha estado funcionando mejor porque tiene más servicios aplicados. Incluyen todo lo relacionado con la vacuna, e información sobre la pandemia. Cuanto más beneficio pueda tener, más gente se la bajará". Por ahora, no hay planes para ampliar las funcionalidades de Radar COVID. Ante el fracaso de la tecnología, y un año después del comienzo de la crisis sanitaria España sigue combatiendo la pandemia con las herramientas más antiguas y eficaces: el rastreo manual, la clausura de espacios públicos y el confinamiento cuando no queda más remedio.