"Tengo la conciencia tranquila". José Antonio Griñán comparecía hoy en rueda de prensa en la sede de su partido, en Sevilla, con aire de normalidad, intentando contener el nuevo incendio del caso de los ERE, tras las detenciones de la última semana. Y pasando a la ofensiva. Ayer domingo, Juan Ignacio Zoido, el presidente del PP andaluz y alcalde de la capital autonómica, pidió que el jefe de la Junta y su antecesor, Manuel Chaves, dieran cuentas en el Congreso de su gestión en la presunta trama fraudulenta de ERE pagados con fondos públicas. Este lunes, Griñán aceptó acudir a la Cámara baja si hiciera falta, porque no tiene "inconveniente". Pero por lo pronto, y como golpe de efecto, anunció que ha pedido comparecer en el próximo pleno del Parlamento de Andalucía.
El presidente de la Junta reiteró que su Gobierno ha mantenido, desde que estalló el escándalo, una "conducta activa". Que denunció los hechos a la Fiscalía, que pidió una investigación interna, que el Ejecutivo se personó como acusación, que exigió imputaciones, que abrió "nuevas líneas de investigación", que reclamó el "afianzamiento de responsabilidades a ex altos cargos de la Junta", la fiscalización especial de los fondos y que declaró en la comisión de investigación el pasado otoño. Según sostuvo, el Gabinete andaluz es el primer interesado en que se siga "el rastro del dinero", porque así "se puede llegar a conocer la manera en que se ha obrado"
El Ejecutivo regional ha perseguido, insistió, el "esclarecimiento total" de los hechos, pero "sin prejuicios, ni condenas previas" ni tampoco "trampas". Con ese argumento justificó su petición de comparecencia en el Parlamento andaluz, "para poder contrastar datos y hacer otro debate como ya muchos" en la Cámara, donde ya ha respondido "en una docena de ocasiones" en el pleno con relación al caso ERE.
"Mentiras, acusaciones, disparates" de Zoido
Zoido apuntaba el domingo algo más alto al reclamar explicaciones en el Congreso, una petición que razonó por la condición de extitulares de Trabajo de Griñán y de Chaves en los gobiernos de Felipe González. El hoy jefe de la Junta se ofreció este lunes a dar cuentas en la Cámara baja "si lo permite el Reglamento", porque "parece que hay dudas". "Comparecer o no no depende de mí", dijo, emplazando al PP a que se atreva a buscar alguna filigrana jurídica que posibilite la comparecencia de exministros de ejecutivos anteriores. Griñán llegó a sugerir incluso una "investigación conjunta" en el Congreso del caso ERE y de los papeles de Luis Bárcenas, exterorero de los conservadores. "Me encantaría una comisión de investigación conjunta donde compareciéramos todos, incluidos los ministros. Sería estupendo", aseguró, tras criticar que Zoido recurriera a "mentiras, acusaciones veladas y auténticos disparates políticos y jurídicos".
"Ahora una vez más podremos comparecer donde sea necesario porque esta ha sido y es la forma de actuar de mi Gobierno, aunque puede que no sea la de otros gobiernos", denunció, en alusión clara a la resistencia del Ejecutivo de Mariano Rajoy a explicar el caso Bárcenas en el Congreso. El presidente de la Junta y secretario general del PSOE andaluz prometió "dar y seguir danto todas las explicaciones necesarias, a seguir colaborando con la Justicia y a adoptar medidas para intentar recuperar lo defraudado y que un caso así no vuelva a repetirse".
"Yo no engordé nada"
A Griñán se le preguntó si, como sugiere la jueza Mercedes Alaya, la Junta contribuyó a cebar el "negocio" de los intermediarios con las comisiones. "Yo no engordé nada", se defendió el presidente, que fue consejero de Economía y Hacienda bajo la presidencia de Chaves de 2004 a 2009. Subrayó que "todos los procedimientos de atribución de fondos se hicieron conforme a la ley", y también las modificaciones presupuestarias. "Todas las ampliaciones de crédito llevaron la firma de la Intervención General de Andalucía", abundó. Apuntó que la ilegalidad no se hallaba en la partida, sino en la defraudación de esos recursos: "Cuando se conciertan personas y se dispone de alguien en la Administración, es muy fácil desviar recursos".
¿Asumirá responsabilidades políticas por el caso de los ERE? "Las responsabilidades políticas se deben asumir por los responsables, estén o no en el Gobierno andaluz. No vamos a buscar responsabilidades donde no las hay", replicó. Añadió que tiene "la conciencia tranquila" y que no hay "ningún argumento legal posible que justifique" su imputación en el caso. También se le inquirió por las palabras, esta mañana en la Ser, de su vicepresidente en el Ejecutivo, Diego Valderas. El coordinador de IU aseveró que su fuerza política se replantería el pacto con el PSOE "con serenidad y tranquilidad" si la Justicia afecta "a cualquiera de los que están sentados en el Consejo de Gobierno". Griñán dijo que habría "contestado lo mismo" que su número dos.
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El también presidente del PSOE hizo una declaración de repulsa expresa a la corrupción y a su utilización partidista: "La corrupción es siempre condenable, esté donde esté, le afecte a quien le afecte. Lo peor es convertirla en un arma política para obtener réditos partidistas o electorales. Cuando se hace eso, envilecemos el debate y terminamos recurriendo a la insidia, la mentira y la calumnia".
Griñán usó esa declaración genérica para adentrarse, antes de las preguntas de la prensa, en el caso de los ERE. Porque lo que motivaba su comparecencia en rueda de prensa era el balance del primer año transcurrido tras las últimas elecciones andaluzas. Las primeras que perdió su partido y las primeras que cerraron un pacto con IU. El jefe de la Junta subrayó que el "Gobierno de estabilidad" ha permitido "avanzar en cuatro direcciones": la salvaguarda de los "servicios públicos fundamentales", el mantenimiento de la "universalidad de la sanidad", la preservación de la "educación pública en igualdad de oportunidades" y la lucha "contra la exclusión social". Cuatro objetivos que se añaden a la "defensa de Andalucía" frente al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Tras la comparecencia de Griñán ante los medios, contestó el PP andaluz. Su secretario general, José Luis Sanz, tachó de "muy triste" el balance ofrecido por el jefe de la Junta. Vio "un presidente al que se le ve el miedo en la cara, un presidente que se ve acorralado por acción de la Justicia, por la corrupción política de su partido y que no ha sabido atajar y un presidente que sigue mintiendo cuando la Junta y el PSOE dicen que denunciaron, es mentira".
"Tengo la conciencia tranquila". José Antonio Griñán comparecía hoy en rueda de prensa en la sede de su partido, en Sevilla, con aire de normalidad, intentando contener el nuevo incendio del caso de los ERE, tras las detenciones de la última semana. Y pasando a la ofensiva. Ayer domingo, Juan Ignacio Zoido, el presidente del PP andaluz y alcalde de la capital autonómica, pidió que el jefe de la Junta y su antecesor, Manuel Chaves, dieran cuentas en el Congreso de su gestión en la presunta trama fraudulenta de ERE pagados con fondos públicas. Este lunes, Griñán aceptó acudir a la Cámara baja si hiciera falta, porque no tiene "inconveniente". Pero por lo pronto, y como golpe de efecto, anunció que ha pedido comparecer en el próximo pleno del Parlamento de Andalucía.