La Guardia Civil acusa a una diputada del PP y su marido, alcalde, de azuzar al pueblo contra los agentes

Un informe elaborado por la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense al que ha tenido acceso Europa Press relata la guerra abierta que existe desde hace años en la localidad de Bande entre la diputada del PP Ana Belén Vázquez, su marido, el alcalde del municipio, y los agentes del Instituto armado. La situación ha llegado al punto de que el documento dice que "no es descartable que se produzcan algunos altercados de orden público dirigidos contra la Guardia Civil de Bande, pero que estos en ningún caso serían espontáneos, sino que tendrían que ser dirigidos por alguna autoridad o institución local".

El informe dice que "la actitud de las autoridades locales no ayuda a la solución de los problemas, ya que más bien parece que se quisiese manipular la actuación del cuerpo crispando a la población en contra de la Guardia Civil". Entre otras cosas, se hace alusión a declaraciones del alcalde en los medios que, según dice el texto, o no son ciertas o no se ajustan a la realidad y que "pueden hacer pensar a los ciudadanos que la actuación de los componentes del cuerpo, no sólo es excesiva, sino arbitraria y caprichosa".

Según detalla el escrito, el alcalde "acusó a la Guardia Civil de querer cargarse el pueblo" y dijo haber "trasladado la situación de pánico que están viviendo los vecinos al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a través de los diputados en el Congreso del PP". Entre ellos se encuentra su mujer, Ana Belén Vázquez, vicepresidenta de la Comisión de Interior de la Cámara Baja.

Ana Belén Vázquez es diputada del PP desde 2008 y está casada con el alcalde de la localidad de Bande (Ourense), José Antonio Armada. Ella también fue alcaldesa del municipio y es inspectora de Policía en excedencia. Además en 2008 desempeñaba también las funciones de presidenta del club de fútbol de esa localidad.

El principal foco de problemas es la mala relación entre la diputada y el comandante de Puesto de Bande, el sargento primero José Manuel Grande Pérez. Entre los distintos incidentes que detalla el informe de 22 páginas figura un enfrentamiento del pasado noviembre en el que la diputada se negó a dar la documentación al sargento cuando iba a ser multada por tener el coche mal aparcado. "No me da la gana", dice el sargento que le espetó la parlamentaria conservadora que, además, no había pasado la ITV. Según el escrito, el sargento previamente le solicitó verbalmente que retirase el coche, pero ésta se negó y acabó siendo denunciada.

Un suceso similar le sucedió a otro agente de la Guardia Civil de Bande diez días después, en este caso con el coche del padre de la diputada, también por aparcamiento indebido y no haber pasado la ITV. "Según la información de la que se dispone, la hermana de la señora diputada durante la actuación del Guardia Civil que confeccionó la denuncia, tuvo una actitud prepotente y desconsiderada", precisa el escrito.

Fue la venta de cervezas en el estadio del equipo (prohibido por la Ley del Deporte) lo que originó el primer enfrentamiento entre el mando de la Guardia Civil y la diputada en agosto de 2008. El sargento le advirtió de que tenía información de que en el estadio se vendían cervezas y que en caso de que él observara tal cosa, lo denunciaría. "Esta observación molestó sobremanera a la señora diputada, la cual mostró su disgusto". Meses después, durante la celebración de un partido, el Sargento realizó una inspección comprobando que en ese momento no se vendían bebidas alcohólicas.

"Esta actuación enojó sin duda más a la señora diputada". "Tampoco agradó a la señora diputada" las diversas actuaciones del sargento Grande en relación fundamentalmente con los horarios de cierre de diversos establecimientos de hostelería. La familia de Ana Belén Vázquez tiene un mesón en el pueblo.

El pueblo, contra los agentes

Esta situación no es ajena a la gente del pueblo, que en un primer momento se dividió "en dos partes, sino iguales, si parecidas, a la hora de darles la razón a unos y a otros". No obstante, a raíz del incremento de multas de tráfico –derivadas del cambio en la señalización de las tres vías que discurren por el casco urbano de Bande– "la población parece haberse decantado en su inmensa mayoría contra el Puesto de la Guardia Civil y más concretamente contra su sargento Comandante del Puesto".

"No obstante, tal actitud parece deberse más a la capacidad de hacer declaraciones del señor alcalde en los medios de comunicación social que a la misma actividad de los propios guardias civiles, aún reconociendo que en ésta puede haber un exceso de celo", dice el escrito firmado el 12 de marzo por el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense.

El documento no obvia que el mencionado sargento se ha visto involucrado en denuncias penales y quejas de ciudadanos, pero que hasta la fecha no se le ha condenado ni se la ha impuesto sanción. El 20 de marzo de 2012 la diputada llegó a presentar una querella por injurias contra el sargento ante un Juzgado de Instrucción de Bande, que decidió abrir diligencias previas. En diciembre de 2012 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Ourense decidió archivar la querella.

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En sus conclusiones, el documento zanja que la actuación de los guardias civiles "parece ajustarse a derecho", aunque aprecia un "exceso de celo". En concreto, en cuanto al sargento Grande dice que su comportamiento "es correcto", pero también matiza que "está influenciado por la manifiesta y recíproca animadversión personal hacia la señora diputada y que la misma actitud es trasladada a sus subordinados".

En julio de 2012 la Comandancia de Ourense solicitó a su superior, el capitán jefe de la compañía de Celanova, a que instase al sargento "a que en el futuro se esfuerce en el ejercicio de las relaciones públicas y sociales de acuerdo con el grado de representatividad que ostenta a fin de que estas se vean mejoradas, ya no sólo con las distintas autoridades, sino con la ciudadanía en general".

Los guardias civiles del puesto creen que "tanto las actuaciones del señor alcalde, como más aún las de la señora diputada, un intento de intromisión por parte de esas autoridades en competencias que no les son propias". El informe indica que la motivación de los agentes es alta, pero que "no se descarta que en el futuro pueda haber una dejación de funciones por no considerarse apoyados por los escalones de mando superiores al Puesto".