Guía para no perderse durante el juicio del 'caso Bankia'

Casi dos meses después de que el Supremo emitiese su veredicto en relación con las tarjetas black, la banca vuelve a los tribunales. Este lunes arranca en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) el juicio por la ruinosa salida a Bolsa de Bankia, que sentará en el banquillo de los acusados más de una treintena de exdirectivos de la entidad acusados de un delito de falsedad en las cuentas anuales de 2010 y 2011 y otro de fraude a inversores. De entre todos ellos, destaca la figura del ex vicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, para el que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado –en representación del FROB– piden cinco años de prisión, una pena que se sumaría a los cuatro años y medio de cárcel que ya pesan sobre el denominado “artífice del milagro económico” por un delito continuado de apropiación indebida por las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia.

El juicio arrancará con las cuestiones previas de los abogados, una fase que se extenderá durante un par de semanas y en la que se espera que las defensas de la gran mayoría de procesados pongan sobre la mesa la denominada doctrina Botín. Tras esto, el proceso parará por las fechas navideñas y se reanudará el 8 de enero con las declaraciones de los encausados, que se prolongarán hasta el 26 de junio. La sede de San Fernando de Henares, además, se convertirá en una suerte de pasarela por la que irá desfilando toda la flor y nata del sector financiero y económico español. Así, en el listado de medio centenar de testigos, figuran nombres como el del exministro de Economía Luis de Guindos; el de los exgobernadores del Banco de España Luis María Linde y Miguel Ángel Fernández Ordóñez; o el de los banqueros Isidro Fainé, Francisco González o José Ignacio Goirigolzarri. Ha sido llamada a declarar, incluso, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.

  Los hechos

Rodrigo Rato sonriente, pulgar arriba y repicando la tradicional campanita. Con esta imagen de fondo, Bankia salió a Bolsa el 20 de julio de 2011, desoyendo así todas aquellas recomendaciones que pedían retrasar el debut hasta que mejorase la situación económica europea. En su discurso, el entonces presidente de la entidad calificó la operación, en la que participaron más de 347.000 accionistas particulares y 280 institucionales, de “gran éxito” y llegó a señalar que el salto a los parqués debía considerarse como “un punto de referencia de la economía y el sector bancario español”. El estreno fue complicado. En su primera sesión, el banco cerró con los títulos a 3,75 euros. No obstante, tres meses después entraba a cotizar en el Ibex 35. Los más de 3.000 millones de euros captados durante la operación de salida a Bolsa, aseguraba entonces Bankia, les situaban como “una de las entidades más solventes del sector bancario europeo”.

La burbuja tardó en estallar menos de un año. En febrero de 2012, aumentaron los rumores sobre la situación real de la entidad después de que Bankia anunciase que para ese ejercicio tendría que sanear 3.931 millones de euros y comunicase a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había cerrado 2011 con un 13% menos de ganancias –309 millones de euros–. No obstante, el banco aseguraba que podría hacer frente a la situación sin fusiones ni ayudas públicas. Tres meses después, todo se vino abajo. El 7 de mayo, cinco días después de que el presidente de la entidad insistiese en la “robustez desde el punto de vista de solvencia”, Rodrigo Rato presentó su dimisión. Cuarenta y ocho horas más tarde, el Ministerio de Economía anunció la nacionalización del grupo BFA, la matriz de Bankia, que la semana anterior ya había reconocido que tenía una exposición al sector inmobiliario de 37.517 millones de euros.

Con Ignacio Goirigolzarri al frente, Bankia reconoció a finales de aquel mayo negro que en 2011 había tenido unas pérdidas de 2.979 millones de euros, frente a los beneficios declarados de más de 300 millones, mientras que el agujero de BFA se situaba en los 3.318 millones. En medio de este clima de desengaño, el caso Bankia llegó a los tribunales. En junio, Unión Progreso y Democracia (UPyD) y la asociación 15MpaRato interpusieron dos querellas por la fraudulenta salida a Bolsa de la entidad, que terminó siendo rescatada con más de 22.000 millones de euros de dinero público. Arrancaron así cinco largos años de investigación que concluyeron en mayo de 2017, cuando el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, acordó el procesamiento de la antigua cúpula y archivó las actuaciones contra el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el expresidente de la CNMV Julio Segura.

  acusados, delitos y petición de penas

“Del dictamen pericial emitido en autos se desprende que los miembros de los Consejos de Administración de BFA y de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, de manera que las mismas no mostraban la verdadera situación económica de la Entidad, con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado”, señaló el juez Andreu en su auto de transformación a procedimiento abreviado. Seis meses después, en noviembre de 2017, el magistrado de la Audiencia Nacional acordó la apertura de juicio oral, abundando de nuevo en la existencia de indicios “racionales y suficientes” de la “incorrección e inveracidad de la información contenida en el folleto” informativo de salida a Bolsa de la entidad.

En total, tendrán que sentarse en el banquillo 34 acusados –31 personas físicas y 3 jurídicas– por un delito de falsedad en las cuentas anuales de 2010 y 2011 y otro de fraude a inversores. En sus escritos de acusación, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado, en representación del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB), sólo señalan al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, al exvicepresidente de la entidad José Luis Oliva y a los exconsejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú, para los que pide una pena de cinco, cuatro, tres y dos años y siete meses de prisión, respectivamente, por un delito de fraude a inversores. Además, el Ministerio Público solicita que indemnicen de forma solidaria a los inversores minoristas personados en la causa –excluyendo a los ya indemnizados–, mientras que la Abogacía del Estado reclama que sean declarados responsables civiles directos y compensen al FROB.

Las acusaciones populares y particulares, por su parte, también les señalan como autores de un delito de falsedad en las cuentas anuales. Y, además, amplían la lista de acusados. Así, se sentarán también en el banquillo otras 27 personas. Entre ellas, destacan los exdirectivos Miguel Ángel Soria, Ildefonso Sánchez Barcoj  y Sergio Durán. A la lista se suman los exconsejeros Arturo Fernández, Javier López Madrid, Antonio Tirado, Antonio Ibáñez, Araceli Mora, Francisco Juan Ros, José Antonio Moral Santín, José Manuel Serra, Pedro Bedía, Rafael Ferrando, Jorge Gómez, Agustín González, Remigio Pellicer, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, José Manuel Suárez, Ángel Daniel Villanueva, José Rafael García, Ángel Acebes, Francisco Baquero, Jesús Pedroche, José María de la Riva y Estanislao Rodríguez Ponga. Una relación que se completa con Francisco Celma, socio de Deloitte encargado de auditar las cuentas.

En su escrito de apertura de juicio oral, el magistrado de la Audiencia Nacional también incluye a tres personas jurídicas: Bankia, BFA y la consultora Deloitte. Respecto a las dos primeras, el juez Fernando Andreu considera que su actitud colaboradora –aducida por el Ministerio Público–, si bien puede suponer una atenuación de la responsabilidad penal, nunca puede derivar en una “declaración de sobreseimiento, ni libre, ni provisional”. En cuanto a la auditora, cree que el legislador “no puede olvidarse que no se debe descartar la posibilidad de la participación, por cooperación necesaria, de las entidades auditoras que al realizar la fiscalización externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formación de unas cuentas anuales o balances falseados, conducta que está expresamente tipificada en distintas legislaciones penales de nuestro entorno, como los son la francesa, la alemana, o la italiana”.

  Las estrategias

La Fiscalía rechaza la 'doctrina Botín' en el caso Bankia y respalda a las acusaciones

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El juicio arrancará este lunes con las cuestiones previas de todos los abogados, que se prolongarán durante un par de semanas. En esta primera parte del proceso, se espera que las defensas de todos los encausados sobre los que no pesa acusación de la Fiscalía propongan la aplicación de la denominada doctrina Botín, un movimiento que ya intentaron en diciembre de 2017 pero que el juez rechazó al considerar que era un tema que debía tratarse durante las cuestiones previas del juicio. Esta doctrina establece que una causa debe ser archivada cuando ni el Ministerio Público ni ninguna de las acusaciones particulares acusen a una persona física o jurídica –es decir, que no es suficiente sólo con la acusación popular–. Teniendo en cuenta que en el caso Bankia hay personadas varias acusaciones, se espera que las defensas soliciten que se repase la legitimidad de todas ellas y se expulse del procedimiento a las que no tengan clientes perjudicados.

En este sentido, tanto Bankia como su matriz, BFA, podrán sacar a colación el escrito que presentaron a finales de septiembre en el que señalaban que sólo 168 de las 10.789 personas físicas y jurídicas que se han personado en la causa quedarían por indemnizar y, por tanto, seguirían cumpliendo los requisitos para ser considerados como perjudicados. No obstante, las defensas también podrán poner sobre la mesa que Bankia ya tiene consignados en una cuenta los dos millones de euros que no han recuperado todavía todos esos inversores. El debate en torno a la aplicación de la doctrina Botín, por tanto, puede ocupar buena parte de los primeros días del juicio.

Tampoco se descarta que algunas de las defensas puedan presentar informes de última hora para intentar tirar por tierra la versión de los dos peritos del Banco de España designados por el juez, Víctor Sánchez y Antonio Busquets. Las acusaciones cuentan a su favor con hasta tres esclarecedores informes elaborados por los dos inspectores del regulador bancario en los que se señala que existieron “errores contables” en los ejercicios de 2010 y 2011 y se asevera que la salida a Bolsa de Bankia fue “fraudulenta” porque los estados financieros recogidos en el folleto informaban de unas provisiones para insolvencias que eran “falsas”. En este sentido, Sánchez y Busquets apuntan que esta información se utilizó “como argumento comercial, para transmitir a los potenciales compradores de las acciones una falsa idea de la seguridad de su inversión”.