Ya hay 52 parques eólicos suspendidos cautelarmente por el TSJ de Galicia por posibles daños ambientales

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hizo pública la semana pasada varios autos con nuevas decisiones sobre suspensiones cautelares de parques eólicos tras adaptar sus criterios sobre este tipo de medidas temporales a los establecidos por el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado diciembre, en la que validó la tramitación de los proyectos que estaba haciendo la Xunta. Ante la aceptación por parte del Tribunal Supremo de la reducción del tiempo de tramitación que impulsó la Xunta, el TSXG paraliza ahora los aerogeneradores como medida cautelar ante la posibilidad de que sus efectos medioambientales puedan ser irreversibles si continúan mientras el tribunal analiza el fondo del asunto y si sus autorizaciones se ajustaron a derecho. 

Conocidas las nuevas órdenes, ya son 52 los proyectos suspendidos provisionalmente repartidos entre un total de 67 municipios de toda Galicia. 

Ya hay áreas de Galicia que no tienen espacio para un aerogenerador más

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Los nuevos parques paralizados por el tribunal son los denominados Festeiros (en Forcarei y Silleda), Vacaloura (en Monterroso y Portomarín) y Bustelo y Baralláns (en Cabana de Bergantiños y Coristanco). Frente a estas paralizaciones, el TSXG se negó a suspender provisionalmente, como pedían varios vecinos, el parque de Monte Inxeiro (en Ordes y Cerceda), con el que son cuatro los proyectos que el alto tribunal ha permitido hasta el momento continuar.

El TSXG señala, para defender la paralización priorizando los intereses medioambientales sobre los económicos, que "la ponderación favorable de los intereses económicos como prevalecientes es extremadamente excepcional, sólo admisible cuando compromete esencialmente la economía de la nación o produce daños especialmente intensos". 

Además de adaptar sus criterios para decidir sobre las solicitudes de suspensión cautelar de proyectos, y sin dejar de dictar paralizaciones, el TSXG preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la legislación estatal y gallega –y la decisión del Tribunal Supremo que lo respaldó– es la correcta.