Los sindicatos Co.bas, Confederación Intersindical y Solidaridad Obrera, que no han contado con el apoyo de UGT y CCOO, han llamado a los funcionarios para llevar a cabo un huelga general contra el IcetazoIcetazo. Se refieren así a el decreto ley promovido por el Gobierno para reducir la temporalidad en el empleo público, validado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio tras realizar ajustes en el mismo.
Consideran que el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el funcionariado agravará la situación de los trabajadores, traduciéndose en un "abuso", con consecuencias como el despido forzoso junto a indemnizaciones que supondrán la bancarrota de las administraciones locales y autonómicas. Reclaman que los trabajadores que lleven más de tres años en sus puestos se conviertan en fijos. La huelga ha sido apoyada por la Federación de Enseñanza de CGT, CGT Andalucía Ceuta y Melilla, CNTAIT, IAC, ISTA-Intersindical, Intersindical Valenciana, CUT Aragón, CUT Galiza, STEM, SUATEA, Somos Sindicalistas, SAS, y USTEA.
Con ella, exigen la regularización de los puestos de trabajo en las Administraciones Públicas siguiendo la normativa europea, la paralización de las ofertas de empleo público de estabilización que no deberán retomarse hasta que no se encuentre una solución para el personal temporal, la sanción a los responsables de la situación abusiva de los trabajadores interinos y el refuerzo de los Servicios Públicos. Piden además que el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público transponga definitivamente la directiva 1999/70/CE al sector público sin desvirtuar el objeto y finalidad de la misma.
La convocatoria, que ha tenido carácter estatal, ha calado en puntos de España como Cataluña o la Comunitat Valenciana. Los funcionarios catalanes advierten de que existe un 30% de temporalidad en las plantillas de la función pública, que en algunos sectores pueden incluso sobrepasar el 60%, y critican que muchos contratos temporales se encuentran en situación de "fraude de ley" al haber superado los tres años, por lo que consideran que deberían ser indefinidos.
El Gobierno pacta con ERC y PNV que interinos que llevan más de cinco años en el puesto sean fijos sin opositar
Se ha definido la línea de actuación para llevar a cabo la huelga, que deberá reducir los servicios mínimos. Así, desde Cataluña, las reivindicaciones afectarán al transporte público, que se limitarán en un 85%.Se producirá un parón las labores educativas, para las queelGovern ha decretado que debe haber dos docentes por cada cuatro clases infantiles y de primaria, y un 33% en secundaria. También la radio y televisión pública se verán limitadas, emitiendo el 50% de los contenidos habituales.
Los cuerpos de la Conselleria de Justicia trabajarán como si se tratara de un día festivo en los casos del personal de centros penitenciarios, mientras los encargados de rehabilitación deberán cumplir con un 50% del personal y el de oficinas con un 65% y los juzgados de guardia deberán tener el 100% de los efectivos adscritos. En el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y en las audiencias provinciales, el personal deberá garantizar los servicios mínimos de un funcionario en cada sala, sección o servicio de registro o de presentación de escritos. En cuanto a los servicios sanitarios, los hospitales deberán tener un funcionamiento normal en urgencias, unidades especiales, y circuitos asistenciales de coronavirus en la atención primaria y la campaña de vacunación.
La Comunitat Valenciana tiene una administración pública con un 30% de interinidad en una plantilla total de 150.000 empleados. En el caso de la administración local, estos puestos de trabajo ocupan un 16%. Desde CGT Valéncia exigen “un Real Decreto Ley que cumpla con las sentencias delTribunal de Justicia de la UE" y afirman que "saldrán a la calle hasta que se consolide al personal en abuso de temporalidad".
Los sindicatos Co.bas, Confederación Intersindical y Solidaridad Obrera, que no han contado con el apoyo de UGT y CCOO, han llamado a los funcionarios para llevar a cabo un huelga general contra el IcetazoIcetazo. Se refieren así a el decreto ley promovido por el Gobierno para reducir la temporalidad en el empleo público, validado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio tras realizar ajustes en el mismo.