La Iglesia está dispuesta a colaborar pero solo si se indemniza a todas las víctimas
Los obispos se han mostrado este martes dispuestos a participar en el fondo propuesto por el Defensor del Pueblo para reparar e indemnizar a las víctimas de abusos sexuales, pero "solo si se hace para todas las víctimas" y no solo aquellas que los han sufrido en el seno de la Iglesia. La institución se refiere a aquellas que en la encuesta del Defensor declararon haber sufrido estos abusos en el ámbito familiar, laboral o del deporte, entre otras situaciones.
Así lo ha dicho en rueda de prensa el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, quien ha defendido que todas las víctimas de abusos sexuales merecen acompañamiento y reparación. "Si solo se tiene en cuenta a las víctimas en la Iglesia, el 90 % quedaría excluido y no tendría reparación".
Los obispos españoles valoraron este lunes en un comunicado como "valiosas" las recomendaciones propuestas por el Defensor del Pueblo en su informe sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia; dicen que diseñarán un itinerario para aplicarlas, pero critican que la "extrapolación" de los datos de la encuesta —que apunta que un 0,6% de la población española mayor de edad ha sufrido abusos en la infancia por parte de sacerdotes o religiosos— "no corresponden a la verdad" y piden no poner el "foco" solo en la Iglesia.
Así lo han puesto de manifiesto este lunes los obispos durante una Asamblea Plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), presidida por el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y en la que han estado presentes un total de 88 obispos, 31 obispos de manera presencial y 57 por videoconferencia. También han asistido el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, el secretario general Jesús Miguel Zamora y la secretaria general adjunta, Silvia Rozas.
"Duelen los abusos cometidos en la Iglesia. Sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino", se puede leer en un comunicado difundido por la Conferencia Episcopal Española, al término de la reunión.
La CEE explica que los obispos "han realizado una primera aproximación" a la investigación sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia realizado por la comisión encabezada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo , al que invitaron a asistir este lunes a la asamblea, pero que declinó la invitación por motivos personales.
En especial, han valorado "el testimonio recogido de las víctimas, lo que permite situar a las víctimas en el centro" y han considerado "también valiosas las recomendaciones propuestas en este informe" aunque aseguran que, "en buena medida, son convergentes con otras propuestas trabajadas en la CEE desde ya hace algún tiempo".
En este sentido, los obispos han decidido encargar al Servicio de Protección de Menores de la CEE "el itinerario de la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en relación con los cauces de reparación, prevención y formación" que será ya implementado en la próxima Asamblea Plenaria de noviembre.
En todo caso, los prelados apuestan por abordar también los abusos en otros ámbitos y no solo en la Iglesia porque, según dicen, "dejar de tener en cuenta la magnitud del problema y su dimensión mayoritariamente extraeclesial, supone no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo".
Asimismo, consideran que "poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia, discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda".
Además, se suman a la petición del Defensor del Pueblo que urge al Estado a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones, "para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad".
Por otro lado, los obispos han "escuchado" la solicitud y la motivación del despacho Cremades & Calvo-Sotelo para la ampliación del plazo de su auditoría, encargada por la CEE hace un año y medio, y han decidido "posponer" a la próxima Asamblea de noviembre "la decisión sobre la encomienda" realizada al bufete en el mes de febrero de 2022.
Los obispos presentes en la reunión han manifestado su "dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales" y han reiterado su "petición de perdón a las víctimas", al tiempo que han manifestado "el deseo de trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos".
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En todo caso, insisten en que el estudio del Defensor del Pueblo presenta una "visión general" del problema de los abusos que "va más allá de la Iglesia" y son "un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tiene el deber de dar respuesta".
Igualmente, subrayan que "un solo caso de abusos es intolerable" y ponen en valor que la Iglesia católica en España lleva "años trabajando en poner fin a esta lacra" y se comprometen "a seguir trabajando en la misma línea, incorporando a su esfuerzo diario estas recomendaciones". "La Iglesia quiere contribuir a erradicar los abusos sexuales en la infancia no solo en la Iglesia sino en toda la sociedad y pone al servicio de la misma su triste experiencia para hacerlo, con espíritu de colaboración".
En relación a otras informaciones, el obispo Joan Enric Vives ha informado a los miembros de la Plenaria de la invitación cursada por el Dicasterio para el Clero del Vaticano a los miembros de la Asamblea Plenaria para una reunión de todos los miembros de la Conferencia Episcopal en Roma, el próximo 28 de noviembre. En esta reunión se abordarán las conclusiones del trabajo realizado por los obispos que realizaron la visita a los Seminarios de España, al comienzo de este año.
