Guatemala, en el corazón de Centroamérica, es una zona de intenso conflicto social debido, entre otros motivos, a la pugna entre la población autóctona y las centrales hidroeléctricas. En 2017, la ONG Alianza por la Solidaridad-Action Aid denunció un caso de incumplimiento de derechos humanos en las obras de la hidroeléctria RENACE, a cargo de la compañía española Grupo Cobra, filial de ACS, la empresa que preside Florentino Pérez. Tres años después de la denuncia, el Punto Nacional de Contacto (PNC) –organismo responsable de favorecer el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las multinacionales–, que pertenece al Ministerio de Industria español, ha reconocido en un informe [ver aquí] que el Grupo Cobra no actuó de forma adecuada, informa la ONG.
Las obras de RENACE afectan a más de 29.000 personas de la etnia q'eqchi que viven junto al río Cahabón, donde se está construyendo esta infraestructura, que será el complejo hidroeléctrico más grande de toda Centroamérica. Grupo Cobra es el contratista del proyecto –que depende de la guatemalteca Corporación Multi Inversiones (CMI)– y fue denunciado por no haber cumplido con el derecho de los pueblos indígenas, reconocido internacionalmente, a ser consultados sobre concesiones de sus territorios y sus recursos.
El documento del organismo integrado en el Ministerio de Industria no menciona el nombre de la compañía española, pero da la razón a la ONG Alianza por la Solidaridad en cuanto a las reclamaciones por vulneraciones de derechos y deja claro que el hecho de ser contratista no exime a la multinacional de su obligación para con el cumplimiento de los derechos humanos: "La posición de contratista no exime a la empresa española del cumplimiento de los más altos estándares internacionales, más allá del mero cumplimiento de la legalidad en el país de destino. Es más, tiene el deber de requerir al socio local a que los cumpla”, ratifica el informe.
Dicho informe coincide, además, con el encuentro de representantes de las comunidades afectadas por el caso RENACE con el embajador español en Guatemala, Alfonso Manuel Portabales, a quien han expuesto también la situación de líder comunitario Bernardo Caal Xoc, encarcelado por la defensa de los ríos frente a hidroeléctricas en la misma región que la obra de ACS, Alta Verapaz.
El pasado julio, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala dictó una sentencia que obligaba a realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas por RENACE. En esta línea, el PNC indica también que Grupo Cobra debe ajustarse a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, por lo que la compañía española debe asegurarse de que antes de la realización de un proyecto “se lleve a cabo una consulta previa, libre e informada a las poblaciones indígenas”.
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La reclamación de Alianza por la Solidaridad al PNC es la primera de una ONG en España que cuenta con un dictamen. Para Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Sostenible de la ONG, “es muy importante que se den pasos como este informe para que las empresas entiendan que respetar los derechos humanos no depende de si la empresa actúa como inversor, contrata o subcontrata”.
No obstante, al carecer de capacidad sancionadora, y teniendo en cuenta que la obra está prácticamente terminada, el PNC tan sólo insta a la filial de ACS a disculparse ante los afectados y a colaborar con la justicia guatemalteca para mitigar y remediar los daños ya causados.
Según Alianza por la Solidaridad-Action Aid, los últimos datos indican que 32 personas que lideraban la lucha por su territorio y los recursos naturales han sido asesinadas entre 2018 y 2019 en Guatemala, donde los enfrentamientos ligados a la explotación de los recursos superan ya los 1.500.
Guatemala, en el corazón de Centroamérica, es una zona de intenso conflicto social debido, entre otros motivos, a la pugna entre la población autóctona y las centrales hidroeléctricas. En 2017, la ONG Alianza por la Solidaridad-Action Aid denunció un caso de incumplimiento de derechos humanos en las obras de la hidroeléctria RENACE, a cargo de la compañía española Grupo Cobra, filial de ACS, la empresa que preside Florentino Pérez. Tres años después de la denuncia, el Punto Nacional de Contacto (PNC) –organismo responsable de favorecer el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las multinacionales–, que pertenece al Ministerio de Industria español, ha reconocido en un informe [ver aquí] que el Grupo Cobra no actuó de forma adecuada, informa la ONG.