La mujer del presidente del Gobierno vuelve a sentarse frente al magistrado Juan Carlos Peinado. Tras un primer intento frustrado –no se le había notificado una querella–, Begoña Gómez regresa este viernes a Plaza de Castilla para ser interrogada en la causa contra ella por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Lo hace, en esta ocasión, no con uno, sino con dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que no se detectan irregularidades en las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés. Y con un nuevo frente, el de la Universidad Complutense, que aún está verde. Una declaración que se llevará a cabo entre fuertes medidas de seguridad para evitar, entre otras cosas, que agitadores ultras vuelvan a colarse en el juzgado.
La investigación contra Gómez arrancó formalmente a mediados de abril, cuando Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, admitió una querella del colectivo ultra Manos Limpias. Aquella denuncia era, básicamente, una recopilación de informaciones aparecidas en diferentes medios de corte conservador. Y se dividía en varios bloques. Por un lado, estaban los contratos adjudicados por la empresa pública Red.es a Innova Next, la firma de Barrabés que recomendó Gómez. Por otro, lo relativo al rescate de Air Europa. Y luego había una tercera parte que, directamente, se basaba en informaciones falsas, como aquella que aseguraba que la mujer del presidente había recibido una subvención que, realmente, se había otorgado a una hostelera cántabra que se llama igual.
La Audiencia de Madrid rechazó, a finales de mayo, los dos últimos bloques. Uno por "inverosímil" y contener "datos erróneos" y el otro, el relativo a la compañía aérea, por considerar que la vinculación de Gómez con el rescate acordado por el Gobierno en plena pandemia era "una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales". Los magistrados solo creyeron, por tanto, que existían "datos objetivos suficientes" que legitimaban el inicio de una investigación en relación con los contratos conseguidos por la empresa de Barrabés. Se ponía entonces la lupa, fundamentalmente, sobre tres expedientes que recogían cuatro adjudicaciones de Red.es a UTEs –uniones temporales de empresas– de las que había formado parte Innova Next.
Todos ellos fueron analizados en su día por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sin que se encontrara nada raro. "No se han hallado, en líneas generales, que los tres expedientes analizados se hubieran valorado de forma distinta a otros expedientes similares, principalmente, en lo que a los criterios dependientes de juicio de valor se refiere", concluyó la UCO en un primer informe fechado el pasado 14 de mayo. Dos de esos expedientes –que representan tres adjudicaciones–, en concreto los relativos a jóvenes y personas desempleadas, dejaron de formar parte de la causa a comienzos de junio, una vez que la Fiscalía Europea asumió la investigación de los mismos al haber afectados fondos comunitarios.
Y sobre el restante volvió a pronunciarse, en base a nueva información recabada, la UCO a comienzos de mes. El informe, que fue entregado por el Instituto Armado tres días antes de la primera visita de Gómez al juzgado, supone otro balón de oxígeno para la defensa. "En líneas generales, en base a la información observada en los expedientes –además del de Red.es, analiza otras cinco adjudicaciones a Innova Next del Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid–, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública", apunta el atestado.
Un rescate que rechazó la Audiencia de Madrid
Todo ello, completa el Instituto Armado, sin "perjuicio" del análisis que pueda realizar la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Porque el instructor también ha solicitado al órgano dependiente del Ministerio de Hacienda que haga una pericial sobre posibles irregularidades alrededor de estas adjudicaciones. Lo hizo a finales de junio, a través de una providencia en la que, además, solicitaba a la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) los "expedientes completos" y toda la información de la que se disponga en relación con el rescate a Air Europa, a pesar de que la Audiencia de Madrid había tildado un mes antes de "simple conjetura" esa parte de la denuncia de Manos Limpias con la que empezó todo.
De ahí que tanto la Fiscalía como la defensa de Gómez denuncien que se está llevando a cabo una instrucción de carácter "prospectivo", algo que prohíbe expresamente la ley. "No cabe una investigación de todos los actos, conductas y comportamientos de nadie en un sistema procesal penal democrático", señalaba la pasada semana el abogado de la querellada en un recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial de Madrid. Una instancia superior a la que también ha recurrido el Ministerio Público ante la "causa general" armada por Peinado. En otro escrito de la pasada semana, la Fiscalía criticaba la "amplitud, generalidad y falta de concreción" del magistrado instructor "en la imputación de hechos delictivos concretos".
La Complutense no llega a nada concluyente
Un ejemplo de ese descontrol, sostenían ambas partes, se encontraba en todo lo relativo a la Universidad Complutense. Un nuevo frente que no constaba en la denuncia inicial y que se ha ido abriendo en las últimas semanas. El 1 de julio, el centro, que ya había intentado personarse sin éxito en la causa, hizo llegar al Juzgado de Instrucción nº41 de la capital un informe en el que sugería que se investigase si la Cátedra de Transformación Social Competitiva, que dirigió la mujer del presidente del Gobierno, generó algún "perjuicio económico" a la institución. Y en caso de que existan indicios que apunten hacia esa dirección, que se le permita personarse como perjudicada. En este caso, todo gira alrededor de la supuesta apropiación de un software elaborado para la cátedra que dirigía.
El centro universitario, por el momento, no ha sido capaz de llegar a nada concluyente en una auditoría interna desarrollada a raíz de la publicación de algunas informaciones. Y así se lo hace saber al magistrado: "Las actividades de investigación realizadas no permiten a esta Universidad Complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia, o no, de perjuicio sobre su patrimonio". Entre otros motivos, por la "falta de colaboración" de algunos intervinientes. Así, por ejemplo, detallaban que en el momento de presentación del escrito seguían esperando a que Gómez respondiese al requerimiento que le habían hecho. "Esta universidad considera que no podrá alcanzar, por sus propios medios, una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes", sentencia el centro.
Begoña Gómez volverá a acceder este viernes a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje
El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, declaró a comienzos de julio como testigo ante el magistrado Peinado. Durante su comparecencia, negó "irregularidades" alrededor de la cátedra y aseguró que se fichó a Gómez, con la que se "reunió a solas" en Moncloa, por su "experiencia personal". Por el momento, ninguno de los testigos que han ido pasando por Plaza de Castilla han detallado ninguna irregularidad. En el caso de Barrabés, señaló que acudió "cuatro o cinco" veces a Moncloa para abordar asuntos de la cátedra en la que participaban, que solo se reunió una vez a solas con Pedro Sánchez en el marco de una ronda de contactos con empresarios del sector de la innovación y negó trato de favor en la adjudicación de contratos.
Un juzgado blindado y otras testificales en el aire
La declaración de este viernes se producirá, con total seguridad, en medio de un gran despliegue policial. Como ya ocurrió en su primera visita a Plaza de Castilla, la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha autorizado que la mujer del presidente pueda entrar por el garaje a la sede judicial. Además, solo podrán subir a la planta en la que se encuentra Instrucción nº41 cuatro agencias de noticias. Y para evitar que puedan colarse agitadores ultras a esa zona, como ocurrió la última vez, los "abogados, procuradores y particulares" que deseen acceder a esa planta deberán acreditar "que están citados para la realización de cualquier actuación procesal", pudiendo ser requeridos para que "exhiban su carnet profesional".
Tras la comparecencia de Gómez, están llamados a declarar ante Peinado dos vicerrectores de la Universidad Complutense: el de Planificación, José María Coello de Portugal, y su predecesor, Juan Carlos Doadrio. Unas testificales que, sin embargo, la defensa de la mujer del presidente del Gobierno ha pedido anular alegando que en la denuncia inicial interpuesta por Manos Limpias, y que debe "delimitar el ámbito objetivo de la investigación", no hacía referencia alguna ni a este centro universitario "ni a ningún hecho indiciariamente constitutivo de delito producido en su seno". "No se alcanza a entender y tampoco se explicita (...) cuál es la aportación que pueden hacer con sus declaraciones", sostiene en su escrito.
La mujer del presidente del Gobierno vuelve a sentarse frente al magistrado Juan Carlos Peinado. Tras un primer intento frustrado –no se le había notificado una querella–, Begoña Gómez regresa este viernes a Plaza de Castilla para ser interrogada en la causa contra ella por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Lo hace, en esta ocasión, no con uno, sino con dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que no se detectan irregularidades en las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés. Y con un nuevo frente, el de la Universidad Complutense, que aún está verde. Una declaración que se llevará a cabo entre fuertes medidas de seguridad para evitar, entre otras cosas, que agitadores ultras vuelvan a colarse en el juzgado.