Una iniciativa popular en defensa de la tauromaquia es la única que se ha aprobado esta legislatura

34 iniciativas legislativas populares (ILP) presentadas, pero sólo una aprobada. Así se presenta el panorama de una legislatura que en estos meses encara su recta final, y en la cual los ciudadanos han tratado de ejercer su derecho a presentar propuestas ante las Cortes Generales a través de iniciativas sobre desahucios, empleo o dependencia. No obstante, de las 26 que ya han sido resueltas, sólo la que pedía la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural ha conseguido prosperar, y con modificaciones.

Entre 2011 y 2015, los ciudadanos han presentado más ILP que nunca: las 34 iniciativas que se registraron ante el Congreso durante esta última legislatura dejan atrás las 23 propuestas planteadas en el anterior periodo (2008-2011) y, asimismo, superan por mucho a las 13 ILP que se proyectaron entre 2004 y 2008. Sin embargo, 14 de estas 34 propuestas ni siquiera fueron admitidas a trámite por la Cámara Baja, ya que en su mayor parte se referían a asuntos regulados mediante una Ley Orgánica o la Constitución, un mecanismo que queda fuera del radio de acción de la iniciativa popular: es el caso, por ejemplo, de las ILP relativas a la forma de Estado o la "separación de poderes e independencia del Poder Judicial".

El proceso de tramitación de una ILP es largo. En primer lugar, sus autores presentan la propuesta articulada ante el Congreso, que la registra y abre un plazo de como máximo un año –el tiempo inicial son nueve meses, que pueden ser ampliados si concurre "una causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso"– para obtener un mínimo de 500.000 firmas. Si en este tiempo la iniciativa consigue los apoyos necesarios, se tramita como una proposición de ley y a partir de ahí sigue el desarrollo habitual de una ley: primero es debatida en la Cámara Baja para su toma en consideración y, si supera esta fase, los grupos la trabajan y enmiendan para que posteriormente Congreso y Senado voten sobre ella.

Dados estos requisitos, de las 20 iniciativas restantes, nueve no han podido tramitarse al haber sido incapaces de reunir el medio millón de apoyos necesarios: así ocurrió, por ejemplo, con una proposición de ley que pretendía "eliminar la prohibición de poder seleccionar el sexo de los hijos", así como con otra que planteaba la "reversión de la congelación de las pensiones en 2011" o una tercera que exigía reformar el artículo 1.316 del Código Civil, que establece que el régimen matrimonial será el de gananciales, si los cónyuges no deciden lo contrario.

Siete más se encuentran ahora mismo en el periodo de recogida de firmas. Entre ellas se encuentra una proposición de ley que plantea establecer "medidas urgentes" para garantizar "un registro civil público, gratuito" y "servido integramente por funcionarios públicos", y también se encuentra en esa situación otra propuesta que busca "el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos", similar a la que quería implantar una "renta básica estatal" y que finalmente no obtuvo las rúbricas necesarias.

La propuesta de la PAH quedó desvirtuada

Así las cosas, sólo cuatro ILP han conseguido durante esta legislatura superar las barreras para ser tramitadas en el Congreso. Una de ellas fue la famosa iniciativa promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) desde 2011 y que fue tramitada en 2013, una propuesta con la que los activistas pretendían que se aprobasen medidas como la dación en pago retroactiva, así como un aumento de los alquileres sociales y la paralización de los desahucios en marcha.

La proposición de la PAH obtuvo casi millón y medio de firmas, lo que provocó que fuese admitida a trámite. La gran atención mediática que congregó la iniciativa forzó al PP a votar a favor de su toma en consideración en el Pleno, una votación que acabó con 333 votos a favor de los 334 emitidos. Pero los conservadores habían asegurado que la iniciativa de la PAH estaba "obsoleta" al lado del paquete de medidas que preparaba el Gobierno –de hecho, decidieron apoyar su toma en consideración in extremis– y posteriormente enmendaron la proposición hasta que esta quedó muy descafeinada.

"Cuando vimos que el Gobierno quería hacer propaganda con la ILP decidimos retirarla", explica Carlos Macías, actualmente portavoz estatal de la PAH y que en 2013 ocupaba ese puesto en Cataluña. No obstante, el Congreso rechazó la petición de los activistas para retirar la iniciativa, argumentando que una vez iniciado el trámite la ILP no podía ser echada atrás.

No obstante, los conservadores consiguieron, tras aprobar la toma en consideración de la propuesta de la PAH, que esta quedase "subsumida" –ese es el término que utiliza el Congreso– en un solo texto que aunó la ILP, el proyecto de ley que ya se tramitaba a instancias del Gobierno, y las enmiendas de los grupos. La norma final no contemplaba ni la dación en pago retroactiva, ni la ampliación del parque público de viviendas ni la moratoria general para los desahucios, las tres reivindicaciones fundamentales de la PAH.

Mucho menos desvirtuada quedó la ILP que planteaba declarar la tauromaquia como Bien de Interés Cultural, promovida en 2011 por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña y que llegó al Congreso avalada con 600.000 firmas. La propuesta fue aprobada en 2013 con las enmiendas del PP, que se centró en instar al Gobierno a dar el "impulso a los trámites necesarios para la solicitud de la inclusión de la tauromaquia en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad" de la Unesco.

Los conservadores modificaron levemente la ILP para enfocarla al reconocimiento internacional de las corridas de toros en lugar de a su nombramiento como Bien de Interés Cultural –la idea original de la propuesta–, lo que hubiera servido para evitar su prohibición en las comunidades autónomas de España, como ocurre en Cataluña o Canarias. En la tramitación, el PP únicamente aceptó dos enmiendas más de UPN sobre las capacidades de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos.

Otras dos ILP no se tomaron en consideración

En cuanto a las otras dos iniciativas que consiguieron las 500.000 firmas necesarias para ser admitidas a trámite y adquirir el estatus de proposiciones de ley, ni siquiera consiguieron pasar la fase de toma en consideración en el Congreso. Fue el caso de la ILP de "televisión sin fronteras", que buscaba que las comunidades autónomas con lenguas cooficiales recibiesen la señal de todas las cadenas autonómicas que emitiesen en su idioma –por ejemplo, que TV3 pudiese verse en la Comunidad Valenciana–. El PP se opuso en 2012 a seguir tramitando la proposición alegando que para que la señal pudiera llegar con calidad de unos territorios a otros sería necesario instalar nuevas antenas, un gasto que consideraron excesivo en tiempos de crisis.

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Por su parte, el Congreso rechazó ese mismo año la ILP que CCOO y UGT presentaron en 2011 con el objetivo de aprobar una ley "para el empleo estable y con derechos". Según explica Frederic Monell, secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, la iniciativa se presentó como reacción a la segunda reforma laboral aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y planteaba medidas como la vuelta a la indemnización de 45 días por año trabajado en los despidos improcedentes o propuestas para fomentar el empleo juvenil.

"La reforma laboral de 2011 introducía flexibilidad, pero la del PP multiplicó por mucho el poder del empresario para disponer de todos estos asuntos", critica Monell, que explica que los argumentos que ofreció el PP para votar en contra de su proposición fueron los mismos que utilizó para aprobar su ley de 2012. El dirigente de UGT, además, denuncia que su iniciativa, que "requirió un trámite complejo" para reunir el millón de firmas con el que llegó al Congreso, fue desechada "en una sesión".

"En algunos casos, la tramitación de las ILP dura diez minutos", abunda el sindicalista, que sostiene que su organización propone "modificar el tratamiento que se da" a estas iniciativas en el reglamento del Congreso, si bien no ofrece detalles. Carlos Macías, por su parte, coincide en que hay que afrontar cambios en la manera en la que se tratan las iniciativas populares, aunque matiza que la PAH no ha debatido nada al respecto: "Es ridículo hacer un esfuerzo para reunir las firmas necesarias y que los diputados ni si siquiera estén obligados a discutir la propuesta, critica, y asimismo asevera que "si hay una propuesta ciudadana con un amplio respaldo tiene que haber un debate parlamentario para mejorarla, pero la decisión se debería tomar en referéndum".