Interior anula una multa de 600 euros impuesta por la Ley Mordaza a una activista

El 27 de julio de 2016, la coordinadora de Ecologistas en Acción de Madrid, Mª Ángeles Nieto, junto con otros compañeros, participó en una protesta contra un vertido ilegal a la entrada de la finca El Caverón, situada en el espacio protegido del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanaes, colindante con El Pardo. En sus pancartas se podía leer “Vertidos No, No, No” y “Más conservación y menos negocios” sin interrumpir carreteras ni caminos de acceso.

Según un comunicado difundido por la ONG, durante meses cientos de camiones procedentes de obras de construcción de los alrededores estuvieron vertiendo, con total impunidad, miles de metros cúbicos de tierras y escombros, ante la inacción del Ayuntamiento de Madrid y de la Consejería de Medio Ambiente.

El día de los hechos, la propietario de la finca, al ver la protesta y a varios periodistas entrevistando a los activistas, llamó a la Policía Nacional que al llegar al lugar exigió a los activistas que se identificaran. Por su parte, Nieto pidió explicaciones a los agentes sobre el motivo de las identificaciones y les recriminó que no pidiesen los permisos de vertido al propietario de la finca.

Tras la protesta, la Consejería de Medio Ambiente ordenó la paralización de los vertidos, precintó la finca e impuso una multa al propietario de 180.000 euros por el vertido de 51.492 metros cúbicos de tierra y 2.729 metros cúbicos de escombros, el equivalente al vertido de 2.711 camiones bañera

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En junio de 2017, la activista recibió en su domicilio una resolución de la Delegación del Gobierno en la que le imponían una multa de 600 euros por infracción grave en la aplicación de la Ley de Protección de Seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Desde Ecologistas en Acción reivindicaban que el relato policial no se ajustaba a la realidad. "Según la policía, Nieto y sus compañeros interrumpieron el tráfico en la carretera Fuencarral-El Pardo y obstaculizaron el paso de camiones a una obra que se realizaba en la finca La Muñoza que ni siquiera es colindante a la finca El Calverón, donde sucedieron los hechos. Se acusaba a Nieto de desobediencia por negarse a identificarse ante los agentes y en el acta policial se argumenta que la activista había mostrado su documento nacional de identidad “de forma chulesca” a los agentes".

Así que la Coordinadora recurrió la resolución de la Delegación de Gobierno ante el Ministerio del Interior. Ahora el Ministerio del Interior, mediante Resolución de fecha 30 de enero de 2019, remitida a Nieto recientemente, revoca “en todas sus partes” la resolución de la Delegación de Gobierno y deja sin efecto la multa de 600 euros por defectos de forma en el procedimiento.