La investidura de Sánchez marca el fin de una década de 'procés' y devuelve a ERC y Junts al pragmatismo

"Somos una nación, nosotros decidimos", ese fue el lema de la manifestación convocada en el año 2010 en Cataluña tras la polémica sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatut, cuyo fallo anuló 14 artículos y dejó claro que el término "nación" carecía de eficacia jurídica. Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien impulsó años antes esa vía como cauce para dar salida a las aspiraciones de autogobierno y reconocimiento de la identidad de la mayoría catalana, pero quedó cercenada tras la sentencia del alto tribunal y la feroz campaña en su contra del PP.

Dos años después, la Diada convocada por la Asamblea Nacional Catalana bajo el lema "Cataluña, nuevo Estado de Europa" rondó el millón de asistentes y prendió una chispa en el independentismo con la imagen de las esteladas abarrotando la ciudad de Barcelona. El grito más repetido en esa manifestación no dejaba lugar a dudas: "In-inde-indepèndencia". Duran i Lleida, histórico referente del catalanismo moderado, fue abucheado. Los partidos nacionalistas, o al menos los partidarios de un referéndum, empezaron a patrimonializar la cita. Las encuestas ya situaban al independentismo por encima del 20%. Desde el ámbito independentista se acusaba al Gobierno de Rajoy de ignorar y menospreciar a Cataluña.

Esa tónica se repitió cada 11 de septiembre, con imágenes como la de la Vía catalana, que mostró al mundo una cadena humana de más de 400 kilómetros y un movimiento independentista cada vez más fuerte y unido, hasta el punto de que formaciones antagónicas ideológica y estratégicamente como eran el PdeCat —antes Convergencia i Unió y actualmente reconvertido en Junts Per Cataluña— y Esquerra Republicana (ERC), se unieron bajo una meta muy concreta: el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Las organizaciones sociales independentistas también jugaron un papel clave durante todo el procés. Sin ellas, la logística que supuso el referéndum del 1 de octubre —que se saldó con la imagen de las cargas policiales frente a las urnas desplegadas por toda la comunidad — el pulso que los partidos independentistas echaron al Estado no se hubiera sustentado con la misma fuerza. Un pulso que tampoco se entendería sin la intrínseca competición entre las dos principales formaciones del independentismo, que sigue viva años después.

La partida que Puigdemont le ganó a Junqueras

Tras la Declaración Unilateral de Independencia, Carles Puigdemont quiso convertir las elecciones del 21 de diciembre de 2017, convocadas por Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución, en una respuesta ciudadana a la intervención del autogobierno catalán y al encarcelamiento de “un gobierno democráticamente elegido”. Junts, al igual que la CUP, acudió a aquellas elecciones con la promesa de restaurar a Puigdemont como president de Cataluña y desarrollar la república catalana en los términos establecidos por la ley de transitoriedad anulada por el Tribunal Constitucional. Esquerra, en cambio, se presentó asumiendo ya la estrategia de no volver a forzar la legalidad. 

Aquella campaña electoral, la más extraordinaria de la historia de Cataluña, ya evidenciaba las grietas del bloque independentista. Puigdemont construyó su discurso desde Bruselas en torno a una idea fija: las elecciones debían servir, exclusivamente, para devolver al Govern a él mismo, en calidad de president, y al resto de los consellers que fueron cesados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y a partir de ahí, forzar una negociación con el Estado sobre la base de la república ya proclamada.

Una estrategia que ERC discutía en privado y, entre líneas, también en público. Junqueras buscaba liderar el bloque independentista para hacerse con el timón del procés y posponer cualquier intento de ruptura hasta contar con apoyo social suficiente.

Pero el 21 de diciembre de 2017 Puigdemont le ganó la partida a Junqueras y consiguió retener el mando de la alianza soberanista. Puso al frente del Govern a Quim Torra, una persona de su absoluta confianza y, desde el Palau de la Generalitat —y el Parlament—, impulsó el enfrentamiento con el Gobierno, primero el de Mariano Rajoy y después el de Pedro Sánchez. Una política, la de buscar la ruptura, que Esquerra se resistió a secundar por todos los medios a su alcance, entre ellos la firma de un acuerdo con el PSOE para crear la mesa de diálogo sobre Cataluña.

Junts emula ahora la estrategia de ERC y se abona a la vía pragmática

Desde la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de la que se han cumplido seis años, ERC ha pasado de exigir el reconocimiento de Cataluña como Estado soberano a defender el diálogo como la vía más efectiva. Esquerra aparcó —que no abandonó— la vía unilateral después de la intervención de la autonomía catalana a manos de Rajoy y el encarcelamiento de su líder. Desde entonces, sus dirigentes han evitado cuidadosamente traspasar la línea de la legalidad constitucional a pesar de los numerosos intentos de Junts por desafiarla. “Sabemos que otras vías no son viables ni deseables en la medida en que nos alejan del objetivo a conseguir”, aseguró Junqueras en 2021, pocos días antes de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera los indultos.

Un pragmatismo que, hasta la fecha, el partido dirigido por Puigdemont no compartía. En el último lustro los posconvergentes han acusado a ERC de renunciar a la independencia y han criticado en numerosas ocasiones la vía del diálogo y su predisposición a pactar con el PSOE "a canvi de res" —a cambio de nada—, lo que les ha valido el título de "botiflers" y "traidores" en las bases independentistas.

La intención de Puigdemont, que a diferencia de Junqueras huyó a Bruselas para no enfrentarse a la cárcel, siempre ha sido consumar la independencia por la vía de los hechos desafiando el ordenamiento jurídico y provocando una situación que acabe forzando a la comunidad internacional a intervenir y obligar al Gobierno español a convocar el referéndum de independencia. Sin embargo, al ver que esa vía no está dando resultado y al saberse imprescindible para Sánchez, la formación ha abandonado las posiciones de máximos y se ha abierto a negociar con los socialistas a cambio de contrapartidas como la ley de amnistía o el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.

Los republicanos celebran el paso de Junts hacia posiciones más posibilistas. Fuentes de la formación señalan a infoLibre que la predisposición al pacto de Junts contribuye a "normalizar el debate político" que en Cataluña "está intoxicado" desde hace años. "Denostar la negociación y el diálogo de forma constante no ayuda en nada a nadie, tampoco a ellos que ahora se encuentran con que tienen que hacer mil inventos y mostrarse muy enfadados para justificar que llegan a acuerdos", subrayan desde ERC. Tas los comicios del 23J tanto ERC como Junts compiten en igualdad de condiciones, ya que cada formación cuenta con siete escaños en el Congreso.

Autogobierno y amnistía a cambio de votos

Los socialistas confiaban cerrar esta semana los acuerdos con ERC y Junts, pero sólo fue posible con los republicanos. Para ello el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, se trasladó hasta Barcelona, donde finiquitó los flecos que quedaban con Junqueras. El propio Pedro Sánchez pactó la futura ley de amnistía con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en una conversación telefónica anterior, pero quedaba un importante paquete por acompañar esa norma.

Esquerra logró arrancar el traspaso de Rodalies, una reivindicación clave durante décadas del independentismo y que los de Junqueras habían situado como primordial. Y se hará de manera “integral”, como reclamó durante años el Govern, aunque de manera gradual. Esto incluye que pase al Palau de la Generalitat la gestión, las vías y la financiación de un servicio primordial en Cataluña, azotado por las críticas de incidencias y de retrasos.

El acuerdo también da un paso muy importante en materia financiera, ya que el PSOE acepta una rebaja de la deuda de la Generalitat de 15.000 millones de euros, a través de su traslado al Estado. Se hará a través de un mecanismo extensible al resto de comunidades autónomas —a excepción de Euskadi y Navarra que tienen su propio régimen fiscal— diferente al FLA, y que supone un ahorro de 1.300 millones de euros en concepto de intereses para la Generalitat.

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Asimismo, también se ha pactado la creación de una figura de un verificador sobre los acuerdos. Esta exigencia se plasma en un nuevo escenario que se abre a través de una mesa de partidos. Según fuentes de la negociación, es, a su vez, el principal escollo de Junts para pactar la investidura de Sánchez, ya que quieren que esa figura se asemeje más a la de un relator internacional que a la de un verificador, un extremo que no aceptan los socialistas. Sin embargo, estas mismas fuentes también reconocen que lo que subyace en el fondo es una competición de liderazgos entre ERC y Junts. "Ayer fue el día grande de Junqueras y de Esquerra, Puigdemont quiere lo mismo", resumen.

El (incierto) futuro político de Junqueras y Puigdemont

La amnistía, a diferencia del indulto, no extingue sólo la pena, sino el delito en sí mismo. Es un borrón y cuenta nueva por la vía rápida, lo que tiene implicaciones también en el plano político, ya que podría aplicarse tanto en aquellos casos en los que aún no hubiera sentencia firme como en los ya condenados como el líder de ERC, sobre el que sigue pesando la pena de inhabilitación para ejercer cargo público. Con Puigdemont y Junqueras compitiendo por tener un papel predominante en esas negociaciones, también surge la inevitable pregunta sobre su futuro político.

En ERC evitan abrir pantallas sobre si su líder se presentaría en esos futuros comicios autonómicos e insisten que Aragonés es su apuesta. En Junts no hay, por el momento, ningún perfil claro ya que su secretario general, Jordi Turull, está inhabilitado y la presidenta Laura Borràs, la última candidata de la formación, está condenada a cuatro años y medio de cárcel, por lo que Puigdemont podría tener una segunda oportunidad.