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IU pide en el Congreso revisar los beneficios fiscales de la Iglesia y eliminar su asignación del IRPF
El grupo parlamentario de Unidos Podemos, a instancias de IU, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a establecer un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia católica y a eliminar definitivamente la aportación que la institución recibe en concepto de asignación tributaria a través del IRPF.
Esta iniciativa, firmada por el líder de IU y portavoz adjunto del grupo, Alberto Garzón, y los diputados Ricardo Sixto, de IU, y Josep Vendrell, de En Comú, es consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada esta semana, según la cual "las exenciones fiscales a la Iglesia católica en el Estado español pueden constituir una ilegalidad en forma de ayudas estatales prohibidas si se otorgan para actividades económicas".
El caso concreto al que se refiere la sentencia remite a la petición de un colegio religioso de Getafe (Madrid) para que le devolvieran cerca de 24.000 euros pagados en concepto del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras por una reforma efectuada. El Ayuntamiento desestimó la devolución del tributo al considerar que la obra no abarcaba espacios con una finalidad religiosa.
Desde IU reconocen que "este impuesto municipal es residual" pero, a su juicio, "es una buena noticia que se abra el debate a nivel europeo". "Es también interesante percibir la "competencia desleal" que puede significar que las confesiones religiosas tengan privilegios fiscales en sus negocios", apunta la formación en un comunicado.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
La propuesta de Unidos Podemos destaca también la "importancia" del caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del hecho de que la Iglesia esté exenta de pagarlo en cualquiera de sus propiedades inmobiliarias, "aunque dichos inmuebles estén afectos a actividades económicas de todo tipo".
De ahí que una de las propuestas de la iniciativa sea "establecer la sujeción y no exención del IBI de todos los bienes inmuebles de la Iglesia católica y de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas".
Para IU, toda esta situación de privilegio de la que disfruta la Iglesia católica en España "choca frontalmente con el principio constitucional de no confesionalidad del Estado". A su juicio, "la práctica religiosa no es un servicio público que beneficie a toda la ciudadanía y son los fieles de cada religión quienes, en su caso, deberían contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas".
El Tribunal de Cuentas fiscalizará por primera vez en 2018 las subvenciones a la Iglesia católica
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Nuevo marco regulatorio
Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha abogado en una entrevista en Al Rojo Vivo de la Sexta, recogida por Europa Press, por un nuevo marco regulatorio de las relaciones entre la Iglesia y el Estado que se "adapte a los tiempos".
"Queremos hacerlo desde la más absoluta cordialidad, no desde la hostilidad, entendemos que la propia Iglesia es la primera interesada en revisar las relaciones con el Estado por una cuestión de pura adaptación a los tiempos", ha subrayado.
