Más de cuatro décadas después de la muerte de Francisco Franco, miles de pueblos de toda España siguen conservando vestigios que exaltan casi cuarenta años de sangrienta dictadura. Restos que perviven ante la inacción del Gobierno central, que lleva más de un lustro resistiéndose a que se cumpla en su totalidad la Ley de Memoria Histórica, y a pesar de las constantes iniciativas, ciudadanas y políticas, que piden su retirada inmediata. El último paso en este sentido se dio el pasado mes de julio desde Senado. La Cámara Alta, a instancias de Compromís, remitió a más de 2.000 municipios de toda España "requerimientos de copias de expedientes y acuerdos municipales" que acreditasen la puesta en marcha en estas localidades de trámites para eliminar esa "nomenclatura o símbolos", tal y como exige la ley estatal, aprobada hace casi una década. De no demostrar las modificaciones, alertó entonces Carles Mulet –portavoz del grupo–, la documentación será remitida de oficio a la Fiscalía "para que tome las iniciativas oportunas".
La iniciativa se puso en marcha ante la inacción del Ejecutivo del PP: "La respuesta del Gobierno siempre ha sido negativa y de cierre en banda explicando que han de ser los propios ayuntamientos quienes cumplan con la ley, evitando tomar medidas, bien sean informativas o de recomendación", lamentó entonces Mulet. Más de dos meses después de que la Cámara Alta comenzase a enviar las solicitudes de documentación, el senador hace balance de la situación: "De los 2.250 requerimientos que aproximadamente se mandaron, calculo que hemos recibido respuestas de un 20%, más o menos", explica en conversación telefónica con infoLibre. Algunas de esas contestaciones, sostiene, han sido bastante "irrespetuosas", algo que en su opinión demuestra "la impunidad que ha habido en España durante 40 años". "Eso pasa porque no hay una justicia que actúe", completa.
De todas ellas, el portavoz de la formación valenciana en el Senado destaca las que le han llegado desde una quincena de municipios en cuyo nomenclátor figuran calles dedicadas a un tal José Antonio. La ausencia de apellidos en el nombre de estas vías, algo que dificulta que se puedan relacionar directamente con el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, se ha convertido en la excusa perfecta a la que se están agarrando varios de estos ayuntamientos para evitar la retirada. Algunos sugieren que el famoso José Antonio fue un agricultor del pueblo. Otros, que fue un importante constructor local. Y en otros tantos, directamente, no han tratado ni de camuflar la identidad del sujeto: el nombre no se cambia y no hay más que hablar.
Constructor, agricultor y 'abogado'
El Ayuntamiento de Manzaneque (Toledo), en manos del PP, aseguró en su respuesta al Senado que la Plaza de José Antonio era, según "se sabe popularmente", en honor a "un agricultor del pueblo", aunque añadía que no había datos en los archivos municipales que corroborasen dicha versión. Labriego que, en el caso de la localidad madrileña de Collado Mediano, también en manos conservadoras, se convirtió en el hijo del promotor de la Urbanización Serranía de la Paloma, Ignacio García de la Varga. "Al igual que las calles Francisco Javier, Carmen Gloria, Ignacio, Pilar y Begoña", señalaba el consistorio en el escrito, en el que aseguraba que de ningún modo se hacía referencia a "José Antonio Primo de Rivera".
En el caso de Malagón (Ciudad Real), la calle Abogado José Antonio sí que hace referencia al fundador de la Falange. Sin embargo, señalaba en su respuesta que no se le puso el nombre por su condición de principal impulsor del fascismo en España, sino que se hizo "en reconocimiento a la defensa que, como letrado, llevó a cabo en el litigio de este Ayuntamiento por los Estados del Duque, no siendo de aspecto político ni tampoco con relación alguna a la Guerra Civil Española", motivo por el cual el nomenclátor no se ha modificado hasta la fecha. Sí que lo hizo, sin embargo, el Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra, en manos del PSOE, que en 2009 acordó sustituir la Avenida José Antonio, dedicada a Primo de Rivera, por Avenida José Antonio Bravo, "que ejerció la medicina" en el municipio "durante muchos años".
¿Quién es José Antonio?
Otros consistorios, sin embargo, desconocen por completo quién es ese personaje que tiene una calle en su municipio. El de la localidad conquense de Arrancacepas, en manos del PP, se limitó a informar a Mulet de que efectivamente "hay una calle denominada como José Antonio" pero que no consta "documentación referida" que demuestre que está dedicada" al fundador de la Falange. Lo mismo ocurre en el caso de la localidad toledana de Yepes y en Diego del Carpio (Ávila), donde el ayuntamiento, en manos del PP, comunicó que "no existe ningún expediente ni actas ni copias de correspondencia remitida al INE sobre el referido asunto y que la denominada Calle José Antonio se desconoce a qué José Antonio se refiere".
En Cervera de los Montes, un pequeño municipio de Toledo, explicaron al senador de Compromís que el ayuntamiento "ya procedió, en su día, al cambio de las calles" reclamadas. Así, aseguraron que la Plaza del Generalísimo, la Travesía José Antonio y la calle José Antonio Primo de Rivera han sido sustituidas por Plaza de la Constitución, Calle Cerro Valero y Calle José Antonio, sin el apellido. El alcalde, sin embargo, dijo desconocer por qué "la corporación socialista que realizó el cambio" no "procedió a cambiar el nombre de las calles en el INE, salvo la de Cerro Valero". Y añadió: "Se informa de que siguen existiendo los rótulos de las calles antiguas debido a que están hechos en cerámica de Ruiz de Luna, de alto valor artístico en esta zona cercana a Talavera de la Reina".
Excesivo coste para las arcas
En el caso de Turégano (Segovia), el ayuntamiento alegó que el cambio de nombre de la Plaza José Antonio, "que efectivamente debió dedicarse en su día al fundador de la Falange", "requiere retirar unos símbolos de considerable tamaño y peso que precisan del empleo de medios de los que este Ayuntamiento no dispone". Retirada y remodelación, recuerdó el consistorio liderado por el PP, supondrían un coste de 15.000 euros, "cantidad que en las necesidades del municipio no ocupa prioridad". Mientras tanto, en Salamanca, el Ayuntamiento de Fresno Alhandiga sostuvo que el nombre Plaza José Antonio no se relaciona, "en la memoria de los más viejos del lugar y de los vecinos actuales", con la exaltación de la "sublevación militar", de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura.
En Ulea (Murcia) y en Sanchonuño (Segovia), por su parte, los respectivos ayuntamientos rechazaron cambiar el nombre de las vías en el nomenclátor escudándose en la ausencia del apellido. "Se llama calle José Antonio, sin más, y por ende no se está incumpliendo ninguna ley", apuntó el consistorio de la primera localidad. "No está dedicada bajo ningún concepto a José Antonio Primo de Rivera. Como prueba de ello se remite Certificación de Secretaría en la que consta que por el Pleno Ordinario de fecha 29-10-1987 se cambiaron varias calles de denominación, entre otras la Plaza del Generalísimo por Plaza de la Constitución, y no se cambió la de José Antonio; y todo ello estando gobernando el Partido Socialista Obrero Español. Por lo que creo que queda demostrado que no tiene que ver la denominación con Primo de Rivera", sentenció el segundo.
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Una plaza con el nombre del senador
Más escuetos en sus explicaciones fueron en Merindad de Montija (Burgos) y en Villares del Saz (Cuenca). Ambos consistorios, gobernados por el PP, dejaron claro en sus escritos que modificarían el nombre de sus calles. Así, el de la localidad burgalesa señaló que "desconoce qué tipo de 'atentado' contra la Ley de Memoria Histórica puede tener la nomenclatura Plaza José Antonio". Nueve días después de que dicho escrito entrara en el Senado, el Ayuntamiento de Villares del Saz hizo llegar el suyo a la Cámara Alta. La respuesta fue contundente: "No existe ningún expediente abierto, ni se ha acordado por el Pleno ni por esta Alcaldía ningún cambio de denominación de ninguna vía pública con nomenclatura franquista".
Más ácido en su respuesta fue, por último, el alcalde socialista de Rionegro del Puente (Zamora). En la contestación, el consistorio informó de que la Calle José Antonio y la Plaza José Antonio "no tienen ninguna connotación franquista" ni tampoco "atentan" contra la normativa estatal de memoria histórica. "Su denominación es José Antonio a secas, no encontrándose ninguna documentación ni en las bases de datos del INE ni en este Ayuntamiento que corroboren que está dedicada a Primo de Rivera", explicaba el regidor. Y añadió: "Quiero aprovechar la ocasión para comentarle que en caso de que esta Entidad Local acuerde el cambio de denominación de la misma, tendremos muy en cuenta denominarla como 'Plaza de Carles Mulet García".
Más de cuatro décadas después de la muerte de Francisco Franco, miles de pueblos de toda España siguen conservando vestigios que exaltan casi cuarenta años de sangrienta dictadura. Restos que perviven ante la inacción del Gobierno central, que lleva más de un lustro resistiéndose a que se cumpla en su totalidad la Ley de Memoria Histórica, y a pesar de las constantes iniciativas, ciudadanas y políticas, que piden su retirada inmediata. El último paso en este sentido se dio el pasado mes de julio desde Senado. La Cámara Alta, a instancias de Compromís, remitió a más de 2.000 municipios de toda España "requerimientos de copias de expedientes y acuerdos municipales" que acreditasen la puesta en marcha en estas localidades de trámites para eliminar esa "nomenclatura o símbolos", tal y como exige la ley estatal, aprobada hace casi una década. De no demostrar las modificaciones, alertó entonces Carles Mulet –portavoz del grupo–, la documentación será remitida de oficio a la Fiscalía "para que tome las iniciativas oportunas".