Josefa Aguado (PP) renuncia a su escaño en la Asamblea de Madrid tras la decisión del TSJM de investigarla

La diputada Josefa Aguado (PP) dimitió este jueves tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado investigarlaTribunal Superior de Justicia de Madrid por su intervención en torno a las X Olimpiadas Escolares celebradas en Arganda del Rey en el año 2007, asunto que estaría vinculado al caso Gürtel.

Según indicaron fuentes conservadoras a Europa Press, Aguado decidió, tras consultarlo con su abogado, no recurrir el auto del TSJM y entregará su acta este viernes.

Las mismas fuentes recuerdan que la decisión tomada por Aguado se basa en la aplicación del "estricto código ético" suscrito por todos los diputados del grupo que lidera Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid al inicio de la legislatura. Este código, recuerdan, contempla la "renuncia inmediata al acta" en el caso de que el parlamentario regional sea investigado formalmente por un caso de presunta corrupción. Además, subrayan que Aguado es la segunda diputada regional del PP de Madrid que renuncia a su escaño en esta legislatura tras Daniel Ortiz. 

No obstante, desde 2015, son ya una veintena de parlamentarios del PP los que han renunciado a su escaño por imputaciones, ascensos dentro del Gobierno regional...

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la competencia para el conocimiento de los hechos investigados por la Audiencia Nacional contra la diputada del PP regional Josefa Aguado del Olmo. Así consta en un auto en el que la Sala de lo Penal y Civil acuerda abrir una investigación, asumiendo la competencia derivada de los hechos investigados en las diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El Alto Tribunal hace suya la causa después de que el juez José de la Mata, instructor del caso Gürtel, elevará exposición razonada con los indicios por la comisión de tres delitos que atribuye a la diputada regional por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey. La Sala ha designado como magistrado instructor a Jesús María Santos Vijande, quien determinará las personas que junto a la aforada deben figurar en la causa también como investigados por su participación conexa con los hechos imputados a María Josefa Aguado del Olmo.

La exposición razonada deduce, conforme a los indicios acreditados, que, para encubrir la adjudicación directa al empresario Francisco Correa de los servicios referidos a la 'X Olimpiadas Escolares', los investigados "fraccionaron artificialmente, con conocimiento de la persona aforada, el contrato en un expediente y siete contratos menores".

Además, tramitaron "el único expediente simulando su urgencia para que solo las empresas del Grupo Correa pudieran tomar parte en el mismo, pactándose para ello entre ambas partes los términos de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas antes de su publicación".

Prevaricación y fraude

Se considera en la exposición razonada que la conducta realizada por la aforada podría subsumirse en un delito de prevaricación, ya que informó a favor de la aprobación de todas las facturas presentadas en siete informes.

Considera así que todas las decisiones que adoptó la Parlamentaria autonómica fueron "actos administrativos decisorios objetivamente arbitrarios", todos ellos "esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa".

También estima que incurrió presuntamente en un delito de fraude a la administración, pues la aforada y otros investigados se pusieron de acuerdo para defraudar a la sociedad de fomento de Arganda del Rey, según consta en el auto.

Y considera el juez instructor que los hechos constituyen un delito de malversación de caudales públicos, porque la aforada certificó las facturas cursadas admitiendo que "el servicio había sido prestado a satisfacción, cuando existen evidencias de que se estaba duplicando el pago de conceptos que venían descritos en el pliego de prescripciones técnicas y que habían sido abonados ya con la primera factura, disponiéndose así ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros".

La decisión de esta Sala en relación a la "exposición razonada" se limita a comprobar si en ella se relatan hechos que presentan caracteres delictivos y si existe inicialmente algún principio de prueba de los mismos.

Especifica así que "la intervención de la persona aforada se reduce a la emisión de ocho informes favorables a la aprobación de varias facturas". Una emitida por Easy Concept SL por importe de 89.000 euros y otras siete más, por un importe total de 67.260 euros.

El TSJM destaca que Aguado no fue autora directamente de las resoluciones administrativas arbitrarias –que serían en este caso las resoluciones autorizando el pago de las facturas dictadas por otro de los investigados–.

Y agrega que, conforme a los indicios deducibles de las actuaciones remitidas, parece deducirse una contribución importante de Aguado "a que se dictaran esas resoluciones arbitrarias, favorecidas o propiciadas gracias a sus informes favorables al cobro, emitidos después de realizar las comprobaciones necesarias, que supuestamente habrían comprendido la confirmación de que las empresas emisoras de las facturas habían firmado algún contrato administrativo con la sociedad de fomento y que los conceptos incluidos en las facturas se correspondían con el objeto de los contratos".

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"No puede aceptarse, por tanto, el argumento de las alegaciones formuladas por la representación procesal de esta aforada, personada en las actuaciones después de recibirse en esta Sala la exposición razonada. Los hechos imputables a la aforada, en la apariencia que cabe analizar en este momento, son penalmente típicos y no pueden considerarse meramente neutrales", subraya la Sala.

Los magistrados señalan que aunque "no autorizara ni ordenara directamente el pago de las facturas a las que se refirieron sus informes", estos tuvieron una gran relevancia en la resolución ordenando el pago, que "difícilmente se hubiera realizado si, en el ejercicio de las funciones que tenía encomendadas, hubiera informado que las empresas emisoras de las facturas no eran las que habían contratado con la Administración o que los conceptos facturados ya se habían abonado a raíz de otra factura presentada anteriormente".

"En consecuencia, no puede descartarse que la persona aforada fue consciente de que con su actuación participaba en el dictado de resoluciones arbitrarias, mediante las que se consumó un fraude a la administración pública y se permitió la indebida disposición de fondos públicos, lo que obliga a iniciar la investigación penal en relación a ella, permitiendo que ejercite su defensa por su posible participación en los delitos de prevaricación, de fraude a la administración pública y de malversación de caudales públicos sobre los que recaen los indicios señalados en la exposición razonada", añade.