Juan Carlos I cumple un año fuera de España cercado por casos de corrupción y tras admitir que defraudó millones

"Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España". Estas fueron las palabras textuales que, según un comunicado de la Casa Real, el rey emérito dirigió al monarca Felipe VI para comunicarle su intención de abandonar España cercado por los escándalos de corrupción. El 3 de agosto hace un año que Juan Carlos de Borbón dejó nuestro país –se había marchado unas horas antes de que se hiciera público el comunicado y dos semanas después se supo que el destino era el emirato de Abu Dhabi– y esos escándalos, lejos de ir aclarándose, no han hecho otra cosa que aumentar. Unas supuestas corruptelas que él reducía a "ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada".

Al menos son cinco las líneas de investigación sobre las finanzas del rey emérito que se han abierto tanto en Suiza como en España y que acorralan al que fue jefe del Estado durante casi cuarenta años. La Fiscalía del Tribunal Supremo indaga en las supuestas comisiones ilegales por la intermediación para la construcción del AVE a la Meca, en el uso por parte de miembros de la familia real –no está muy claro quiénes aparte del antiguo monarca– de tarjetas de crédito que se nutrían de fondos de un empresario y que no habían sido declarados y en posibles fondos opacos en el paraíso fiscal de Jersey. Parte de estas investigaciones han sido posibles gracias a la actuación del fiscal suizo Yves Bertossa, que ha encontrado cuentas bancarias con las que Juan Carlos I habría estado manejando su fortuna y que están vinculadas a dos fundaciones, Lucum y Zagatka, radicadas en paraísos fiscales.

Pero el rey emérito no está imputado formalmente ni en España ni en Suiza. Las sospechas sobre corrupción se acumulan en torno a él, pero ante la falta de movimientos por parte de la Fiscalía, en estos últimos doce meses le ha dado tiempo de regularizar cuentas pendientes con la Hacienda Pública por valor de más de cinco millones de euros, lo cual podría evitarle una futura acusación penal por fraude. Eso sí, por lo que se ha conocido, Juan Carlos de Borbón sólo está regularizando lo que tenía pendiente de pagar en impuestos después de su abdicación, en junio de 2014, momento en que perdió la inviolabilidad que le otorga la Constitución. Es consciente de que todos los posibles delitos fiscales cometidos antes de esa fecha van a ser muy difíciles de perseguir, por no decir imposible.

Ahora, tanto el Ministerio Público que dirige Dolores Delgado como la Agencia Tributaria –que tampoco había movido ficha a pesar de las numerosas alertas de evasión de impuestos– comprueban que esa puesta al día en Hacienda sea correcta en fondo y forma. Y la Fiscalía sigue sin pronunciarse sobre unas diligencias que mantiene bajo total secreto desde hace más de un año. Sólo hay dos caminos posibles: presentar querella ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo –el órgano judicial ante el que Juan Carlos de Borbón está aforado– o archivar. Pero ni desde la Fiscalía ni desde el fisco se dan explicaciones públicas acerca del por qué de la dilación del procedimiento. El último pronunciamiento de la fiscal general fue en marzo pasado, asegurando que su departamento "no ha dejado de trabajar" y valorando que las investigaciones abiertas han permitido aflorar la "inimaginable" cantidad de más de cinco millones de euros.

frente español

El AVE a la Meca, el principio de todo

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que comenzó estas pesquisas, a raíz de las grabaciones de una conversación entre el comisario José Manuel Villarejo y Corinna Larsen, la que fuera amante de Juan Carlos I. El chivatazo sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales, la existencia de cuentas en Suiza y la actuación de la comisionista germano danesa como testaferro hicieron saltar las alarmas a mediados de 2018, aunque las sospechas ya se cernían en torno al rey emérito desde su accidente en Botsuana en 2012. El ruido llegó hasta Suiza y Bertossa se puso a investigar. Anticorrupción también y ambos intercambiaron información.

Gracias a las indagaciones en Suiza, que llevaron al registro de una empresa especializada en gestión de fortunas y activos dirigida por el gestor de fondos Arturo Fasana y el abogado Dante Canónica, supimos de los 65 millones de euros que Juan Carlos de Borbón transfirió a Corinna Larsen en 2012 y que el fiscal Bertossa sospecha que proceden del cobro de comisiones ilegales: de los empresarios por ayudarles a conseguir el contrato del AVE a la Meca y de la monarquía de Arabia Saudí por conseguir reducir el precio de la adjudicación del proyecto. El pago de la supuesta comisión se hizo en el banco suizo Mirabaud, en una cuenta asociada a la Fundación Lucum, radicada en Panamá.

Pero no fue hasta marzo de 2020, en plena crisis por la pandemia de coronavirus y con los españoles recién confinados, cuando se supo que el rey Felipe VI era uno de los beneficiarios de dicha fundación y que este hecho lo había conocido nada menos que un año antes. La Casa Real sólo se decidió a dar a conocer que el actual jefe del Estado había renunciado a esa participación cuando el escándalo saltó a la prensa suiza y británica. Lo que dijo entonces el monarca es que nunca tuvo "conocimiento, participación o responsabililidad alguna" en la creación de Lucum.

Sobre el por qué el rey emérito transfirió los 65 millones a Corinna Larsen, cada investigado por Suiza da una versión al fiscal Bertossa. La comisionista asegura que fue una donación por cariño y para ayudarla a ella y su familia –justificación que le evita autoinculparse–, mientras que Canónica afirmó que lo hizo para "disponer libremente de los activos de la fundación durante su vida".

El problema para los investigadores españoles es que tanto el cobro de esos 65 millones como la transferencia a Corinna Larsen se hicieron cuando Juan Carlos de Borbón era rey de España y, por tanto, amparado por la inviolabilidad del cargo que le otorga la Constitución. Esto es, exento de responsabilidad. No son pocos los juristas que defienden que esa inviolabilidad debe tener unos límites y que sólo se debería aplicar a los actos cometidos en ejercicio de su cargo, pero no para el resto. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya interpretó en 2019 que la Carta Magna establece que la inviolabilidad del moncarca le preserva de “cualquier tipo de censura o control de sus actos”, ya que “se hallan estos fundamentados en su propia posición constitucional, ajena a toda controversia”.

Aunque la investigación se inició en Anticorrupción, en junio de 2020 pasó a manos de la del Supremo, que la mantiene abierta. Pero aunque se archive por la inviolabilidad de Juan Carlos I hasta su abdicación en 2014, es más que probable que los hechos sigan persiguiendo al rey emérito, al menos en los titulares, pues Anticorrupción sigue encargando pesquisas sobre los empresarios españoles que habrían pagado las comisiones por la construcción del AVE a la Meca.

Gastos con tarjetas opacas

Sólo tres meses después de marcharse de España se conoció otra investigación contra Juan Carlos I y quién sabe si contra otros miembros de su familia, también por delitos fiscales por el uso de unas tarjetas de crédito para gastos personales que estaban a nombre de un coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza, que ejerció como ayudante de campo del emérito. La persona que supuestamente sufragaba esos gastos era el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo íntimo del antiguo monarca.

El millonario declaró ante la Fiscalía Anticorrupción y admitió que lo hizo por su "amistad y admiración" hacia Juan Carlos I y que el destino del dinero era el cuidado de una yegua de competición, de la que se encargaba Murga. Sanginés-Krause habla de seis transferencias por valor de 270.000 euros desde un banco irlandés a una cuenta en un banco español. Pero los investigadores sospechan que los gastos fueron mucho más allá que el cuidado del animal y que se dedicaron a viajes, hoteles o compras en centros comerciales.

El dinero donado por el empresario mexicano, entre 2016 y 2018, no fue declarado a Hacienda, de ahí la investigación abierta, que también ha sido asumida por la Fiscalía del Supremo al afectar directamente al rey emérito. Los hechos se habrían producido cuando ya había abdicado y, por tanto, no estaba amparado por la inviolabilidad.

Posible fortuna oculta en Jersey

El Ministerio Público mantiene también abierta otras diligencias contra Juan Carlos de Borbón. Es la investigación de la que menos detalles se conocen, pues la fiscal general del Estado sólo explicó que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) detectó movimientos de dinero desde paraísos fiscales y dio la alerta. Después, el diario El Mundo publicó que se trataba de una fortuna oculta en la isla de Jersey. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, dejó claro que el delito que se investiga es el blanqueo de capitales. La Sexta informó unos días más tarde de que esta estructura financiera había llegado a acumular diez millones de euros.

Juan Carlos I transmitió a su entorno que él no es el propietario de esa fortuna, pero lo cierto es que las diligencias aún no se han cerrado.

Los pagos a Hacienda

En este contexto, el rey emérito debió pensar que si la Fiscalía estaba interesándose por sus finanzas, quizá sería mejor ponerse al día con la Agencia Tributaria en lo que respecta a lo que le pudiesen descubrir después de la abdicación. Asesorado por el abogado Javier Sánchez Junco, en otro tiempo fiscal de la Audiencia Nacional, en este último año ha regularizado algo más de cinco millones de euros para evitar querellas por delito fiscal.

El artículo 305.4 del Código Penal establece que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda antes de que por Hacienda se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate interponga querella o denuncia, o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

Juan Carlos I pagó a Hacienda en diciembre de 2020 678.393,72 euros, incluidos intereses y recargos, según un escueto comunicado de su defensa. En febrero de este año, abonó 4.395.901,95 euros. Lo que tienen que comprobar la Agencia Tributaria y la Fiscalía es que estas regularizaciones son completas y veraces. La Fiscalía afirma que los abogados del ex jefe del Estado fueron informados de la investigación, pero no han dado más detalles acerca de cómo fue esa comunicación y, de hecho, la versión oficial es que estaban estudiando si la notificación entra en los supuestos o no que establece el Código Penal para considerar que un contribuyente sabe fehacientemente que está siendo investigado. Y Hacienda, por su parte, tampoco había iniciado ninguna inspección antes de las regularizaciones, a pesar de las muchas alertas de fraude fiscal que había en torno a las finanzas del rey emérito.

Pero, ¿de dónde sale todo este dinero que ha pagado el rey emérito? El primer pago no fue especificado, pero lo que se sabe del segundo, según han publicado varios medios de comunicación, es que varios empresarios se lo prestaron. Según El Confidencial, la colecta fue organizada por Javier Corsini, gestor de una de las fincas de caza habituales del emérito y aportaron Vicente Boluda, Jaime Castellanos, Alejandro Aznar y Diego del Alcázar, entre otros. Según los técnicos de Hacienda, lo que se deberá comprobar, aparte de si está todo lo que debe, es si los contratos de préstamo no son una donación encubierta, es decir, sin devolución.

Frente suizo

En el país helvético es donde empezó todo. La actuación del fiscal Bertossa es lo que llevó al descubrimiento de las fundaciones Lucum y Zagatka. La primera ya se ha comentado que estaba asociada a la cuenta del banco Mirabaud donde fueron ingresados los 65 millones de euros regalados por el régimen de Arabia Saudí. Pero ha resultado que la segunda también tiene una cuenta asociada en un banco suizo y que la fundación pertenece a un primo lejano de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans, quien como el millonario mexicano, ha sufragado gastos del antiguo monarca tras su abdicación.

Son estos gastos, tampoco declarados al fisco, lo que regularizó el rey emérito en febrero de este año, tal y como informó su defensa en un comunicado. Sobre todo vuelos privados y otros gastos de viajes. Estos pagos, para el propio De Orleans, no implican que sea su testaferro, según declaró él mismo en una entrevista en marzo de 2020 con el diario El País, en la que también negó que los fondos de la fundación, que ascendían en ese momento a unos diez millones de euros, fueran en realidad de Juan Carlos de Borbón.

Pero en este año y medio transcurrido, el fiscal suizo sigue investigando y, según El Confidencial, las pesquisas han llevado a descubrir, por transferencias realizadas por la Fundación Zagatka, otras dos cuentas que podrían estar vinculadas al ex jefe del Estado, una en Suiza y otra en Andorra.

La Casa Real facilitó a Hacienda los datos sobre los pagos realizados desde la abdicación

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Una denuncia de Corinna Larsen en Londres

El último frente judicial que lleva el nombre de Juan Carlos de Borbón se abrió el pasado mes de diciembre, aunque se ha conocido esta semana: una denuncia de la que fue su amante, Corinna Larsen, por "vigilancia ilegal", hostigamiento "desde 2012 hasta la actualidad", incluidas amenazas y difamación, según el diario británico Financial Times, que apunta que el próximo paso será la batalla legal por la jurisdicción para saber si los tribunales británicos pueden investigar a un un exjefe de Estado de otra nación que no vive en Reino Unido.

De acuerdo con la comisionista germano danesa, ese hostigamiento, en el que implica también al el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, empezó cuando salió a la luz su relación después del viaje que realizaron juntos a Botsuana y que ese supuesto acoso tenía como objetivo impedir que revelara secretos de Estado que, según ella, le acusaban de tener en su poder. Larsen pide una indemnización por los daños causados –sin especificar una cantidad concreta– y también una orden judicial que impida al rey emérito o a cualquier agente de los servicios secretos españoles acercarse a menos de 150 metros de cualquiera de sus residencias o comunicarse con ella.