El juez Castro investiga las obras de remodelación de la sede nacional del PP

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha requerido a la presidencia nacional del PP que le aporte, "en el tiempo más breve posible", una relación de las obras de remodelación llevadas a cabo en la sede del partido de la calle Génova, entre los años 2002 y 2010, de cara a esclarecer si fueron financiadas de forma irregular.

La decisión ha sido acordada, mediante una providencia, en el marco de la causa que investiga el presunto amaño de la adjudicación de las obras del hospital de referencia de Baleares, conocido como Son Espases, un proceso en el que, según llegaba a afirmar el fiscal anticorrupción Pedro Horrach en la querella que dio pie a estas investigaciones, "la perversión alcanza su máximo exponente".

Castro extiende ahora las pesquisas a la reforma de la sede del PP, para lo cual ha solicitado el listado de las empresas que fueron contratadas y subcontradas para realizar estos trabajos y las facturas originales de los pagos.

Se trata de unas obras parte de las cuales podrían haber sido llevadas a cabo sin coste alguno para el partido por parte de empresarios que, a cambio, habrían resultado beneficiarios de los trabajos de Son Espases, o podrían haber estado a las puertas de lograr esta adjudicación, según han puesto de manifiesto fuentes de la investigación a Europa Press.

Según la confesión efectuada en esta causa por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, el PP de Jaume Matas, quien presidía entonces el Govern, reclamó hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital, que recayó finalmente, en diciembre de 2006, en manos de la UTE liderada por Dragados tras un proceso cuya tramitación está siendo investigada.

Se exigía el 3% por cada adjudicación

De Santos abundó además en el hecho de que era práctica habitual en el PP balear, bajo el último mandato de Matas (2003-2007), exigir el 3 por ciento en comisiones por cada adjudicación con la connivencia del partido a nivel nacional. El exconcejal apuntó además que era el extesorero del PP y cuñado de Matas, Fernando Areal, quien mediaba en el cobro de las comisiones.

Castro indaga de forma paralela, dentro de la última pieza separada abierta en el marco del caso Palma Arena, la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la reforma de su sede, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Matas.

El juez, entre otra documentación, tiene sobre la mesa los interrogatorios efectuados al constructor Juan Serra, quien reconoció haber recibido dinero negro en la sede del PP, de cuya reforma se encargó –hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través de Areal–, así como al administrador de la empresa Over Marketing, Daniel Mercado, quien declaró a su vez haber pactado con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales en dinero opaco al fisco.

Mercado manifestó incluso que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.

En el caso de Son Espases, el proceso de adjudicación se decantó inicialmente a favor de la competidora OHL, cuyo presidente, el exministro Juan Miguel Villar Mir, se encuentra imputado en las investigaciones. La constructora fue desbancada como favorita después de que el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el de Economistas variaran las puntuaciones inicialmente adjudicadas por la empresa privada Global PM.

Preguntado por esta última empresa, De Santos explicó que se trataba de una mercantil afín al PP y, más en concreto, al exconseller de Interior y expresidente del partido en Palma, José María Rodríguez.

En su querella, admitida por Castro el pasado julio, Horrach asevera cómo tras la "realidad formal" del proceso de adjudicación hay "una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias".

En su denuncia, el fiscal subraya además el hecho de que en este proceso se da el "paradigma" con el que "con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida".

En cuanto a los presuntos autores de los hechos, apunta que fue Matas quien "ordenó la manipulación del concurso" a través de la exconsellera de Salud, Aina Castillo, el exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz -ya fallecido-, "para beneficiar ilícitamente" a la UTE liderada por OHL.

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"Problema político" si las obras no se adjudicaban a Dragados

Por su parte, Castillo, quien también se ha prestado a colaborar con los investigadores, señaló del mismo modo que fue el propio Matas quien dio instrucciones para manipular el concurso, y que llegó a decirle que habría un "problema político" si la concesión no recaía en manos de Dragados, filial de ACS, presidida por Florentino Pérez.

La exconsellera relató cómo inicialmente Matas ordenó que la adjudicación se decantase a favor de OHL, si bien, cuando el supuesto trato de favor fue filtrado en la prensa, le comentó los inconvenientes que se producirían si una obra de tal "envergadura" no se adjudicaba a Dragados.