El juez investiga también si el PP en el Ayuntamiento de Valencia cometió un delito electoral

El titular del juzgado de Instrucción 18 de Valencia que investiga el caso Imelsa y su derivada por la Operación Taula está investigando si el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento cometió un delito electoral por las aportaciones presuntamente irregulares al partido, según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

Asimismo, el magistrado, a petición del fiscal, requirió el auxilio del Tribunal de Cuentas para investigar una cuenta desde la que el PP municipal pagó campañas municipales entre 2011 y 2015, según las mismas fuentes. De igual modo reclama que se informe por el órgano interventor si la cuenta abierta en su día a nombre del PP en una entidad bancaria era "objeto de control o supervisión contable" por el consistorio.

En una providencia con fecha de este jueves, el magistrado ordena expedir un oficio al Ayuntamiento de Valencia para que remita una relación completa de las personas que trabajaban en marzo de 2015 como asesores de los concejales del PP, de la Alcaldía y de Vicealcaldía, "con indicación de la vinculación correspondiente a cada uno de ellos".

Así lo decidió en la pieza en la que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal popular en la que están imputadas 47 personas más el propio PP y donde se investigan las donaciones al partido para blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita.

Entre las próximas diligencias pendientes que llevará a cabo el magistrado citó a declarar para el 22 de abril como testigo al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, marido de la exedil investigada María José Alcón, investigada tanto en esta pieza como en la principal de Imelsa, que seguirá estando en secreto un mes más, hasta el 14 de mayo.

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El 22 de abril también tomará declaración al concejal del PP en el Ayuntamiento Cristóbal Grau y a tres trabajadores del grupo popular en el consistorio, todos ellos como investigados. Uno ya había sido llamado el pasado viernes pero su declaración se dejó sin efecto a petición de su defensa.

En la misma resolución, el titular de Instrucción 18 suspende la declaración de la testigo que debía acudir este viernes, esposa de uno de los asesores investigados, al no haberse recibido aún la información bancaria que le fue requerida a una entidad.

En el caso Imelsa, cuya pieza principal seguirá estando secreta hasta el próximo 14 de mayo tras la nueva prórroga acordada por el instructor, hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción en varias administraciones públicas de la Comunitat cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.