Un juez sentará en el banquillo a 120 controladores aéreos de Madrid por el caos de 2010

El juez de instrucción número 3 de Madrid, Francisco Javier Teijeiro, ha acordado continuar con la tramitación de las diligencias abiertas contra 112 controladores aéreos y cinco miembros de la junta directiva del sindicato USCA, entre ellos su presidente entonces, Camilo Ramón Cela, y su entonces portavoz, César A. Cabo, por un delito de abandono de funciones públicas en relación con un delito de sedición durante su actuación en el plante que derivó en el caso aéreo de diciembre de 2010.

El auto dictado por el juez, al que ha tenido acceso Europa Press, supone un paso previo a sentar en el banquillo a los encausados. El magistrado sobresee provisionalmente la causa respecto de otros denunciados y traslada su decisión tanto a la Fiscalía, como a las acusaciones particulares, para que en el plazo de dos meses "formulen escrito de calificación, solicitando la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa si procediere y, excepcionalmente, la práctica de las diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación".

La Unión Sindical de Controladores Aéreos había solicitado en el Juzgado de Instrucción 3 bis de Madrid en diciembre de 2013 el archivo de la investigación sobre el supuesto abandono de sus puestos de trabajo durante el puente de la Constitución de 2010, lo que provocó, según defiende Aena, el cierre del espacio aéreo.

En el escrito, el abogado del sindicato de USCA, José Antonio Choclán, pidió el sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones aún pendientes contra los controladores aéreos de Madrid, por entender que "no hubo ningún plante" por parte del colectivo y que el cierre del espacio aéreo fue una decisión "unilateral" de AENA.

119 controladores de los 133 que van a juicio en Madrid pactan con la Fiscalía por el caos aéreo de 2010

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Un total de 19 juzgados de toda España, donde se han visto diferentes procedimientos judiciales contra los controladores aéreos, han desestimado la existencia de delito y han decretado el cierre de las diferentes causas abiertas.

Se trata de las causas que se abrieron en Valencia, Burgos, Álava, Cantabria, Asturias, Alicante, Andalucía, Vigo, Reus, Sevilla y las resoluciones judiciales dictadas por los Juzgados de Instrucción de Granadilla de Abona (Canarias), Sevilla, San Cristóbal de la Laguna, El Prat de Llobregat (Barcelona), Málaga, Reus, Sabadell, Bilbao, Santiago de Compostela y Santa Colomba de Farners (Girona).

Actualmente, solo quedan pendientes de resolución las causas abiertas contra los controladores en Madrid, Barcelona y Málaga.