La jueza amplía la investigación contra la pareja de Díaz Ayuso a los negocios con Quirón
La causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se amplía. La titular del Juzgado de Instrucción nº19 de la capital, María Inmaculada Iglesias, ha acordado este miércoles abrir una pieza separada centrada en los negocios del empresario con el grupo Quirón. "Debe analizarse si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Masterman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona SL pueden ser constitutivos de otros delitos que deban ser investigados", recoge el auto, que acepta parcialmente un recurso de PSOE y Más Madrid, que ejercen como acusaciones populares en la causa. [Aquí puedes leer Historia de un tranpantojo, de Daniel Bernabé]
Los hechos que ahora pasarán a estar bajo la lupa se remontan a finales de 2021. El 15 de diciembre de aquel año, se firmó un acuerdo entre Maxwell Cremona SL, Masterman SL y Quirón Prevención SLU por el cual se acordaba la cesión a la segunda firma del contrato que la primera sociedad y la compañía del gigante sanitario –Contrato marco de servicios a gran cuenta– habían suscrito el primero de enero de 2020, quedando de esta manera en manos de Masterman "la facturación de los contratos" relativos a la expansión en Latinoamérica y el "desarrollo e implantación de la Joint Commission International" en la Fundación Jiménez Díaz.
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Ese mismo día, Maxwell Cremona emitió una factura a Masterman en concepto de "consultoría de sistemas a clientes" por importe de 726.000 euros, "consiguiendo trasladar parte de los ingresos" de Quirón Prevención a esa firma, donde "son remansados". Y un día más tarde, Maxwell transmitió "la totalidad de las participaciones" de Masterman a González Amador por 3.300 euros. De esta manera, según se apunta en la resolución judicial, se consigue que parte de los fondos procedentes de la firma sanitaria "acaben en manos" de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El informe del Servicio Jurídico Regional de la delegación en Madrid de la Agencia Tributaria indica que además de la deducción de "gastos ficticios documentados en facturas falsas o falseadas", la inspección había detectado "otra conducta de carácter doloso y defraudatoria", consistente en utilizar Masterman como "sociedad instrumental" para, mediante la "cesión parcial de un contrato de servicios", ubicar "de forma ilícita y fraudulenta" en esta mercantil "pantalla" , que no contaba con "medios personales y materiales", parte de los ingresos generados por servicios que habría prestado realmente Maxwell, "consiguiendo con ello el efecto tributario de generar en Masterman unas bases imponibles negativas a compensar para el futuro".
La acusación popular entiende que detrás de la "simulación objetiva de ese negocio jurídico" puede haber "una administración desleal", como apunta el abogado del Estado, "un delito de corrupción en los negocios" o ambos –un concurso delictivo–. El primero de ellos conlleva penas de prisión de seis meses a tres años, mientras que el segundo va de los seis meses a cuatro años. Hasta ahora, González amador estaba siendo investigado por dos delitos de fraude fiscal –está acusado de defraudar al fisco 350.051 euros del impuesto de Sociedades– y otro de falsedad documental por, supuestamente, haberse valido de facturas falsas para rebajar los beneficios de sus sociedades.
