La jueza María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha imputado a tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía por las ayudas por un valor total de 2.378.592 euros concedidas a las empresas SK 3000 Aeronáuticas y SK 10 Andalucía.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende así la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y cita como investigados el día 8 de marzo de 2018 al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; al ex director general de Trabajo Juan Márquez y al ex director general de IDEA Jacinto Cañete.
La instructora señala que Agustín Barberá, como viceconsejero de Empleo entre los años 2004 y 2010 y miembro del Consejo Rector de IDEA, y "conociendo las conclusiones" de la Intervención General de la Junta de 2005, "da el visto bueno" a las órdenes de pago de 12 de junio de 2008 de SK 3000 Aeronáuticas por importe de 1.189.296,98 euros efectuadas por Juan Márquez.
Respecto a éste último, la juez señala que, como director general de Trabajo, firmó los convenios de colaboración con la agencia IDEA de 30 de junio de 2008 por los que se formalizó el otorgamiento de ayudas a ambas empresas, además de remitir a IDEA los oficios de 11 de junio de 2008 y efectuar las órdenes de pago de 12 de junio de 2008.
La jueza, en este auto fechado el 13 de diciembre y consultado por Europa Press, también imputa a Jacinto Cañete porque, como director general de IDEA, firmó los convenios de colaboración con la Dirección General de Trabajo de 30 de junio de 2008 por los que se formalizó el otorgamiento de ayudas a SK 10 Andalucía y SK 3000 Aeronáuticas.
Además, y según expone la magistrada, Cañete estuvo presente en las sesiones del Consejo Rector de IDEA de 24 de junio de 2008 y de 29 de julio de 2008 donde "propone, tal y como se refleja en las actas", la firma de los dos convenios de colaboración relativos a dichas empresas con la Dirección General de Trabajo.
Dos exconsejeros imputados
Anticorrupción también pidió a la juez que citara como investigados a los exconsejeros Francisco Vallejo y Antonio Fernández; al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y al administrador único de ambas empresas, Gaiska Balendin Grajales. En este sentido, la magistrada recuerda al Ministerio Público que los cuatro ya constan como investigados en esta pieza separada.
Además, y a petición del Ministerio Fiscal, la jueza acuerda la práctica de una serie de diligencias, y en concreto requiere a IDEA para que remita el expediente completo original y cualquier documento relacionados, "incluidos borradores si los hubiere", o copia compulsada obrante en sus archivos sobre una serie de convenios y órdenes de pago de la Dirección General de Trabajo relativos a TGA Aeroestructuras, SK 3000 y SK 10 Andalucía.
De igual modo, acuerda librar oficios y mandamientos a entidades bancarias para que informen sobre la titularidad y los movimientos de una serie de cuentas, "especialmente sus cargos y abonos".
Dos ayudas
Cabe recordar que la instructora, dentro de esta pieza separada, ya citó a declarar como investigados el día 15 de febrero de 2018 al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
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La magistrada dice que, en esta pieza, se investigan dos ayudas por valor de 1.189.296,98 euros concedidas a SK 3000 Aeronáutica S.A. y SK 10 Andalucía S.L., ayudas que tienen su origen en los convenios de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y la agencia IDEA, firmados ambos el 30 de junio de 2008.
En el primero de los convenios, se acordó conceder una ayuda a la empresa SK 10 Andalucía por importe de 1.189.296,98 euros, mientras que en el segundo de los convenios se acordó una ayuda por el mismo valor para SK 3000 Aeronáutica.
El pago de las ayudas se efectuó mediante sendas transferencias bancarias realizadas el 7 de julio de 2008 desde una cuenta de la agencia IDEA hasta las cuentas de dichas empresas.
La jueza María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha imputado a tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía por las ayudas por un valor total de 2.378.592 euros concedidas a las empresas SK 3000 Aeronáuticas y SK 10 Andalucía.