Junqueras y Puigdemont monopolizan la precampaña a pesar de la cárcel y la huida a Bélgica

La huida a Bélgica del destituido president Carles Puigdemont y el encarcelamiento del también cesado vicepresidente Oriol Junqueras no han sido obstáculo para para ambos se hayan adueñado de la agenda preelectoral catalana en el prólogo de las comicios más extraordinarios de la historia de Cataluña.

Puigdemont está en Bruselas desde el 30 de octubre y, aunque en situación de libertad vigilada, la justicia belga no le ha puesto de momento ningún impedimento a la hora de desarrollar actividades políticas y hacer declaraciones a los medios de comunicación. Lo peculiar de su situación, que comenzó con un autoexilio y ahora está pendiente de que las autoridades judiciales de Bélgica decidan sobre su entrega a la Audiencia Nacional, le ha hecho acreedor de toda la atención por parte no sólo de la opinión pública y de los medios de comunicación catalanes y españoles sino de los de media Europa.

La decisión de su partido, el PDeCAT, de situarle al frente de las candidaturas que la antigua Convergència presentará a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre le garantiza, además, que ese foco de atención se mantendrá vivo, como mínimo, hasta que se conozcan los resultados de la votación, en la que los independentistas esperan recibir un aval de los ciudadanos al fallido intento de hacer de Cataluña un Estado independiente.

El destituido president no tendrá que defender su caso ante la justicia belga hasta el 17 de noviembre. Será a las 14:00 horas y a puerta cerrada en la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia que deberá decidir sobre el fondo de las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional contra él y cuatro de sus cesados consellers. Eso le garantiza dos semanas de plena y tranquila dedicación a la preparación de la campaña electoral. Un espacio de tiempo que con toda probabilidad se extenderá más allá incluso del día de las elecciones en virtud de los sucesivos recursos que los cinco reclamados por la justicia española pueden presentar en el caso de que las autoridades belgas decidan su entrega a la Audiencia.

Puigdemont no está desaprovechando el tiempo. Además de una rueda prensa multitudinaria, en estos días ya ha concedido una entrevista a la principal emisora de televisión en lengua francesa de Bélgica y este mismo lunes ha publicado un artículo en el diario británico The Guardian, todo con el objetivo declarado de denunciar la dependencia política de la justicia española y la destitución, a su juicio autoritaria, del Govern catalán. Y es sólo el comienzo.

Mensajes desde la cárcel

Oriol Junqueras, el presidente de ERC, lo tiene mucho más difícil, porque está en prisión provisional desde el jueves 2 de noviembre. Pero, aún así, en los últimos días ha demostrado sobrada capacidad para participar en el debate político a través de artículos publicados en la prensa catalana. En todos los casos, el líder republicano, que su partido confirmará con toda probabilidad como cabeza de lista el próximo fin de semana, ha dejado claros los mensajes clave de Esquerra en los primeros compases de la campaña.

Primero, combinando críticas duras y reiteradas al PSC con elogios al exlíder de Podem por su respaldo al independentismo (en ambos casos con la intención poco disimulada de ampliar la base electoral de ERC atrayendo a los comuns más cercanos al soberanismo y a los socialistas más incómodos con el apoyo de Miquel Iceta a la intervención de la autonomía catalana). Segundo, fijando sin ningún género de dudas la preferencia de Esquerra por presentarse en solitario y evitar una lista conjunta con el PDeCAT como en 2015. De hecho, todas las encuestas publicadas hasta el momento coinciden en anticipar que ERC será con diferencia el partido más votado el 21D.

Junqueras ha vuelto este lunes a las portadas también por a su situación judicial. Un elemento clave en el objetivo del independentismo de dar protagonismo al debate democrático, más allá de la cuestión secesionista. Ha sido gracias al recurso contra la orden de prisión que ha presentado en la Audiencia su abogado, representante también de otros tres consellers cesados ingresados ahora en prisión: Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó. En el escrito, el letrado de los encarcelados desarrolla tres argumentos para reclamar la puesta el libertad de sus defendidos: la inexistencia de competencia para instruir por parte de la Audiencia, la tramitación irregular del procedimiento (y los procedimientos conexos que se están llevando a cabo) y la improcedencia de fijar fianzas por supuesta responsabilidad civil.

El abogado sostiene, primero, que rebelión y sedición no forman parte de los delitos cuyo enjuiciamiento las leyes atribuyen a la Audiencia. En segundo lugar, argumenta que la existencia de “una respuesta judicial diseminada en distintos procesos”, en referencia a los que se tramitan en el Supremo, un tribunal ordinario de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, “muchos de ellos coincidentes en objeto y propósito, que discurren paralelamente para investigar a las mismas personas en foros distintos” e “incompatibles entre sí” perjudican “a los investigados y a sus posibilidades de defensa eficaz”, lo que “conculca tanto la tutela judicial efectiva como el proceso con todas las garantías, el derecho a la defensa” y “el derecho al juicio justo”. “El escenario es desolador para la defensa: múltiples procesos con objetos total o parcialmente coincidentes, funcionando paralelamente, en jurisdicciones incompatibles”, subraya el escrito.

En cuanto a las fianzas, el recurso sostiene que, a falta de “razones para determinar la procedencia del aseguramiento de responsabilidad civil”, el “establecimiento de la fianza pasa a ser, contrariamente, una forma indirecta de sustentar la pretendida concurrencia de un delito de malversación”. La querella de la Fiscalía y el auto de prisión asumen “que la previsión presupuestaria de un gasto, que anuló el TC, es indicio de su efectivo desembolso para los fines de la celebración de un referéndum”, cuando en realidad “no es suficiente con decir que algo se presupuestó para decir que se gastó”. Un gasto que “no se produjo”, recuerda el abogado defensor, como prueba una certificación del 31 de octubre expedida por la Intervención General de la Generalitat de Cataluña.

Derechos lesionados

Las alegaciones del recurso con el que el letrado de Junqueras y otros cuatro encarcelados trata de convencer a la jueza Carmen Lamela para que revoque la orden de prisión no se quedan ahí. También alega dificultades insalvables para actuar simultáneamente en defensa de sus defendidos en el Supremo y en la Audiencia —la toma de declaración fue fijada a la misma hora—, lo que resultó en una lesión de sus derechos.

Y añade, finalmente, que no hay motivos que justifiquen la prisión provisional, porque se trata de personas con arraigo social “enorme” que, “a pesar de ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña, acudieron a la Audiencia Nacional ya como exconsejeros o exmiembros del Gobierno”. “El Gobierno catalán no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre”. Y no puede haber riesgo de reiteración en el delito cuando hasta la Fiscalía da por “terminado” ese 27 de octubre el “supuesto plan” de rebelión. “No parece existir ningún escenario por el que los investigados puedan ejecutar acciones de reiteración” de los supuestos delitos.

El recurso no rehúye además el fondo del asunto para intentar desmontar la necesidad de medidas cautelares tan extremas como la prisión provisional sin fianza. “La querella explica un proceso de autodeterminación nacional e intenta, sin éxito, vincularlo a hechos (cuya realidad esta parte cuestiona seriamente entre otras cosas porque no consta elemento probatorio alguno que los sustente) de signo violento o coactivo, mediante alambicadas interpretaciones. La mayoría de las conductas o hechos que se describen“, añade, “resultan claros ejercicios de derechos cívicos (reunión, manifestación, expresión) contaminados de ilicitud por una sesgada visión de lo sucedido”.

La estrategia de ERC

La situación personal de Puigdemont y Junqueras, cuya relación personal en los últimos días del Govern se había deteriorado mucho, según diferentes informaciones, no puede ser más diferente y al mismo tiempo más atípica en los prolegómenos de unas elecciones. Pero aún así, ambos han conseguido monopolizar la atención en las primeras jornadas de la carrera electoral que culminará el próximo 21 de diciembre.

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Los demás partidos se han quedado inevitablemente en un segundo plano y dos de ellos, PSC y Podem, se están viendo además afectados por la estrategia de los soberanistas en general y de Esquerra en particular.

Los socialistas sufren fuertes presiones en los ayuntamientos por su apoyo al 155, como una moción de censura contra el alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà, en Barcelona, que emplaza al regidor a elegir entre su militancia en el PSC o perder el cargo. También en la capital catalana: Barcelona en Comú ha decidido someter a referéndum de sus bases la continuidad del acuerdo de gobierno municipal firmado con el PSC. Hasta el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, tuvo incluso que salir este lunes a replicar las palabras de Junqueras desde la cárcel en las que les acusó de alinearse con la violencia ultraderechista. “No aceptamos lecciones de nadie y recordamos que Junqueras forma parte de un Govern que pidió a los ciudadanos que asaltaran a los alcaldes” no independentistas, subrayó Illa. “Ningún dirigente del PSC ha acusado a Puigdemont de recibir 155 monedas de plata”, añadió en referencia al tuit que puso el diputado republicano en el Congreso Gabriel Rufián un día antes de que Rajoy aplicase el 155.

Podem, mientras tanto, sufre un crisis sin precedentes. Su secretario general, Albano Dante Fachin, dimitió este lunes en pleno pulso con la dirección del partido en Madrid a cuenta de la política de alianzas de la organización. Fachin quiere un acuerdo con el soberanismo; Podemos prefiere integrarse en la candidatura de Catalunya en Comú, la organización de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Todo ello en medio en un debate muy tenso entre algunos dirigentes a cuenta de la posición de Podemos en el conflicto catalán. Un enfrentamiento al que las últimas encuestas, que predicen resultados muy modestos a la candidatura que presumiblemente liderará el diputado en el congreso Xavier Domènech, están añadiendo presión al debate interno.