La Junta de Andalucía admite fraude “puntual” en la formación pero acusa al Gobierno de inflar el caso

Las investigaciones sobre el fraude de formación destapado en Andalucía han desatado otra guerra políticaotra guerra política mientras Bruselas, que aporta la mayor parte del dinero para formación, ha anunciado una investigación propia. La Junta andaluza admite que hubo fraude "puntual", y así lo han confirmado a infoLibre fuentes autorizadas. Pero lo circunscribe a 17 empresas malagueñas que en 2010 se repartieron 1,5 millones de euros.

Los socialistas acusan a Interior de inflar el dinero desviado para multiplicarlo hasta 2.000 millones, que es casi el importe total destinado a formación por el Fondo Social Europeo entre 2007 y 2013. Y exigen el envío de la causa a los juzgados, mientras el PP exige que la presidenta andaluza, Susana Díaz, comparezca de inmediato para dar explicaciones. propia.

Iniciadas hace un año por la Policía y la Fiscalía tras una denuncia de la Seguridad Social, las pesquisas se centran en 17 empresas malagueñas que en 2010 recibieron ayudas por 1,5 millones, aunque la información difundida desde Interior dispara la cifra. Las investigaciones, que no están judicializadas y cuyo envío inmediato al juzgado reclaman los socialistas, podrían extenderse a las provincias de Granada y Almería.

En 2013, la Junta –cogobernada por PSOE e IU– traspasó a Educación las competencias sobre cursos de formación, hasta entonces gestionadas por la Consejería de Empleo, cercada por el caso de los ERE. Fuentes del Ejecutivo autonómico sostienen que el modelo previo al traspaso interno de competencias dejaba la formación casi en exclusiva en manos de sindicatos y patronal. Y que la nueva fórmula vincula la formación para el empleo a la política educativa.

Fuentes consultadas en CCOO sostienen que el sindicato no está afectado por la investigación. Y subrayaron que tampoco sus dirigentes han logrado hablar con la cúpula de Interior. 

Educación lleva "meses" revisando "de oficio" las ayudas concedidas para formación, recalcan en el Gobierno andaluz. Este diario no ha podido verificar si la Consejería comenzó a auditar las ayudas antes o después de que la denuncia de la Seguridad Social desencadenase la operación policial. Fuentes del ministerio público aseguran que las diligencias están en manos de la Fiscalía de Málaga y no en las de Anticorrupción.

El Ejecutivo autonómico considera "imposible" que el fraude se eleve hasta 2.000 millones, cifra que casi equivale a la total destinada entre 2007 y 2013 a formación por el Fondo Social Europeo. "Decir que la partida íntegra es fraude es como decir que porque una panadería esté contaminada, todas las panaderías andaluzas lo están", ejemplifica una fuente socialista. 

"Causa general"

El consejero andaluz de Educación, Luciano Alonso, de cuyo departamento dependen las ayudas para formación desde 2013, acaba de pedir a Interior una “rectificación inmediata” sobre las informaciones difundidas desde el Ministerio, con las que, a su juicio, se persigue presentar una "causa general contra Andalucía".

Alonso se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa en Sevilla en relación con la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre supuestas irregularidades detectadas en cursos de formación que habrían percibido de forma irregular dinero de la Junta.

La Fiscalía investiga el 25% de los fondos que la Junta gastó en Málaga en 2010 para cursos a parados con promesa de contrato

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Respecto al hecho de que la Comisión Europea haya anunciado que pedirá explicaciones al Gobierno andaluz por el posible fraude, Alonso ha instado a Bruselas a pedir las explicaciones al Ministerio del Interior y ha lamentado no haber podido contactar por teléfono con sus responsables a lo largo de la jornada. Fuentes del Gobierno andaluz aseguraron a infoLibre que Interior transmitió al consejero que ni el ministro ni el secretario de Estado estaban localizables y que sólo podían ponerle en comunicación con “un asesor”.

Desde la oposición, el PP pone el acento en la gravedad de las ilegalidades que estaría destapando la investigación. Según su líder andaluz, Juan Manuel Moreno, de confirmarse las informaciones aparecidas, supondría que "se están robando las oportunidades y los sueños de cientos de miles de andaluces".

De confirmarse este supuesto fraude, diagnostica Moreno, sería "gravísimo" y "tristísimo" y, además, "se deberían tomar decisiones políticas de mucho calado", en opinión del presidente del PP-A. Por ello, ha solicitado a Díaz que "saque hasta el último expediente".