La justicia pone fin a cuatro años de acoso mediático y jurídico de la derecha contra Podemos
Estaba llamada a ser la gran causa contra Podemos. La Gürtel de la formación morada. El procedimiento que destapase sus "cloacas" –como tituló algún diario–. Al fin y al cabo, tenía todos los elementos para conformar, como se hizo, un relato mediático y político de corrupción alrededor del partido que había llegado a las instituciones para regenerarlas. Se hablaba de sobrecostes en la reforma de la sede, de facturas falsas, de financiación irregular y hasta de una caja B. Pero no había nada, absolutamente nada. Y así lo ha confirmado la Audiencia de Madrid, que este martes ha puesto punto y final de manera definitiva a cuatro años de acoso a través del caso Neurona.
Las llamadas Diligencias Previas 1181/2020 arrancaron tras una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente por hechos que podían ser constitutivos, entre otros, de blanqueo de capitales, administración desleal o financiación ilegal. El denunciante, que había sido despedido de la formación, tampoco ponía sobre la mesa un relato excesivamente sólido. Buena parte de su primera comparecencia ante el juez José Manuel Escalonilla se sostuvo sobre rumores –"es lo que me dicen que está pasando" o "se estaba rumoreando esto"–. Pero eso no impidió al titular del Juzgado de Instrucción nº42 de la capital impulsar el caso.
Neurona se convirtió en el gran frente de ataque contra Podemos durante toda la pasada legislatura. La gota china perfecta para erosionar poco a poco a una formación convertida en objeto de caza mayor de la derecha y la ultraderecha. El partido, y buena parte de su dirección, fue imputado en el verano de 2020, cuando apenas llevaba seis meses formando parte del Ejecutivo de coalición. Y desde entonces, ha tenido que hacer frente a un torrente continuo de sospechas y rumores que coparon la agenda política y mediática. Solo en 2020, por poner un ejemplo, los informativos de la televisión pública emitieron 68 noticias sobre la financiación de Podemos y esta macrocausa.
Prácticamente desde el primer momento, Neurona se convirtió en una macrocausa. Se abrieron una decena de líneas de investigación. Y se indagó sobre los contratos del partido con una consultora portuguesa de cara a las generales del 28A, las obras en la sede del partido, el uso que se hizo de la llamada Caja de Solidaridad o las donaciones a varias entidades. También se llegaron a investigar supuestos sobresueldos. Y hasta se escrutó durante más de un año si un par de trabajadoras de la formación habían sido utilizadas como cuidadoras de los hijos de la exministra de Igualdad Irene Montero –el llamado caso niñera–.
Una causa vacía de enorme impacto mediático
Con todo esto se rellenaron portadas de periódicos: "La consultora de Podemos sacó fondos electorales de España con facturas falsas", "La Policía cree que Podemos justificó pagos a Neurona con documentos falsificados" o "La trama de Neurona salpica a Echenique". Y también horas de tertulias, en las que se llegaron incluso a establecer comparaciones con casos como el de las tarjetas black. "Si hay que investigar los presuntos privilegios de la Jefatura del Estado, también habrá que investigar en el Congreso sus presuntos privilegios", decía a Montero una periodista en relación al caso niñera, investigación que se abrió a horas de las elecciones madrileñas de 2021.
Pero todas esas líneas de investigación se fueron cerrando una a una. Y ahora, cuatro años después del inicio, con una formación morada en horas bajas, la justicia ha concluido que Neurona era, realmente, un no-caso. La Audiencia Provincial de Madrid ha cerrado definitivamente la parte relativa al contrato de 363.000 euros suscrito por el partido con la firma Neurona Consulting para los trabajos de la campaña electoral de abril de 2019 de Podemos. Se trata de una línea de investigación a la que hace justo un año el instructor dio carpetazo al no apreciar indicios de delito, un archivo que recurrió la ultraderecha de Vox y que han terminado confirmando los magistrados del órgano provincial.
Escalonilla consideró inicialmente que existían "indicios racionales" que llevaban a pensar que se trataba de un "contrato simulado" y que la consultora nunca había realizado los servicios para los que había sido contratada. Pero tras escuchar los testimonios de trabajadores del partido y de Neurona, así como de analizar el millar de documentos que la formación puso a su disposición, acabó considerando como "indiciariamente acreditado" que la firma había hecho esos trabajos. Pero entonces puso el foco en el precio pagado por los mismos. Al fin y al cabo, mantenía el juez, hay delito electoral cuando se emplean fondos de este tipo para pagar un gasto electoral por un precio mayor a su coste real.
Con la intención de aclarar este extremo, consideró oportuna la realización de una pericial. Y tras una larga búsqueda, al final se la encargó al consultor político Aleix Sanmartín. El informe final que se elaboró concluyó que lo que pagó Podemos por esos trabajos fue acorde al precio de mercado. "En relación al precio de los productos y servicios analizados debemos concluir que se encuentran dentro del rango medio, e incluso levemente por debajo, de lo establecido por los precios del mercado del sector", se recogía en aquel documento, que dio la estocada definitiva a la macrocausa.
Ni financiación irregular ni comisiones
La Audiencia de Madrid, en sus autos, reprocha a la extrema derecha que siga manteniendo en su recurso la comisión de un delito de financiación irregular, algo que la "instrucción de la causa rechazó". "El desarrollo de la misma se centró en la averiguación de la indiciaria comisión de un delito electoral y de falsedad documental", aclaran los magistrados. Y sin una financiación ilegal, completan, no procede "la continuación en calidad de investigado del representante del citado partido político". Un archivo definitivo en el que también despejan cualquier sombra de duda en torno al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y el exsecretario de Comunicación Juanma del Olmo.
En el caso del primero, dejan claro que no existen pruebas de que el contrato fuera simulado ni de que cobrase dinero sin realizar trabajo alguno –en su momento se llegó a hablar de "comisiones"–. "No es contrario a las máximas de la experiencia que Juan Carlos Monedero realizara actuaciones de asesoría o de impartición de formación, por lo que procede el sobreseimiento provisional de la causa respecto del citado investigado, al no resultar indiciariamente acreditado la existencia del contrato simulado", apunta la Audiencia de Madrid.
Podemos acusa al juez del 'caso Neurona' de "reorientar" la investigación
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Un extremo en el que insisten con Del Olmo y otros trabajadores del partido. "[No han resultado de las diligencias de investigación prácticadas] la existencia de contrataciones simuladas entre Podemos y la mercantil Neurrona, sino que los trabajos objeto de encargo se llevaron a cabo y se hicieron por un precio más bajo que el del mercado en aquellas fechas", apuntan los magistrados en un tercer auto.
En él, también rechazan las alegaciones de Vox que tachan de imparcial al perito que realizó el informe clave por haber asesorado en su día al PSOE. "Este perito llevó a cabo trabajos de colaboración con partidos de ideologías diferentes", resalta la Audiencia de Madrid. Y reprocha al partido que sea ahora cuando haga esta impugnación: "La recusación ahora formulada es extemporánea, la misma se tenía que haber realizado tras la aceptación de la pericial".
Ahora, tras cuatro años soportando una intensa cacería, en la formación morada celebran el carpetazo definitivo. Desde el partido recuerdan que "todas las causas judiciales" que se han puesto en marcha contra ellos siempre han acabado archivadas y nunca se ha encontrado "irregularidad alguna" en sus "cuentas". Sin embargo, creen que el daño causado por la "guerra sucia judicial, política y mediática" es "irreparable". "Podemos ha sido víctima de la guerra judicial desde su nacimiento. Hoy se archiva definitivamente Neurona, el falso caso que nos ha tenido secuestrados por la judicatura corrupta durante años. ¿Quién repara el daño?", ha escrito en redes la secretaria general, Ione Belarra.
