La mayoría independentista en el Parlament de Cataluña, que conforman Junts pel Sí y la CUP, presentó este lunes en rueda de prensa la proposición de Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Esa norma, con la que los independentistas pretenden realizar la transición y la constitución de la nueva república catalana en el caso de que se imponga el sí a la independencia en el referéndum del 1 de octubre, fue registrada este mismo lunes en el Parlament, aunque aún no hay fecha para su tramitación y aprobación.
Los diputados Lluís Corominas (JxS) y Benet Salellas (CUP) fueron los encargados de presentar ante los periodistas la ley, que según han acordado ambos grupos parlamentarios se tramitará y aprobará antes del referéndum del 1 de octubre. Toda vez que, si en esa consulta vence el no, se celebrarán elecciones autonómicas, "queremos que quienes son partidarios del sí tengan también un marco jurídico claro", explicó Corominas, que señaló que si venciera la opción independentista se celebrarían a continuación unos comicios "constituyentes".
Corominas y Salellas ofrecieron pocos detalles sobre el contenido de la norma en la rueda de prensa. No obstante, sí explicaron que contará con 89 artículos, y que también tendrá una disposición final que anulará su entrada en vigor si vence el no en el referéndum. Por el contrario, si triunfara la opción de la independencia, la Ley de transitoriedad sería la norma fundamental en el intervalo entre la secesión y la aprobación de una Constitución catalana.
Salellas insistió en que esta norma marca el principio del "fin del debate procesista". "Después del referéndum del 1 de octubre no tendremos el enésimo capítulo procesista"procesista, sostuvo el diptuado de la CUP, que además apuntó que la ley supone una llamada "para aquellos que aún no se han sentido interpelados por el referéndum". "Todos los que no quieran esta república catalana también están llamados a votar no", sostuvo Salellas.
Tras la rueda de prensa, los diputados de JxS y la CUP accedieron a una sala contigua para explicar en privado a los periodistas los aspectos fundamentales de la nueva ley. Con respecto a la nacionalidad de los hipotéticos nuevos ciudadanos catalanes, la proposición de ley establece que la obtención de la nacionalidad catalana "no exige la renuncia de la nacionalidad española". Además, el artículo 7 de la ley expone que podrán obtener la nacionalidad catalana aquellas personas de nacionalidad española que lleven dos años empadronados en Cataluña a fecha 31 de diciembre de 2016.
Igualmente, y hasta la aprobación de la Constitución catalana, quedarían garantizados los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española y en el Estatuto de autonomía, así como la cooficialidad del catalán y el castellano, junto con el aranés. La ley de transitoriedad también contempla que los contratos, convenios y acuerdos del Estado se subrogarían, y la administración de la Generalitat de Cataluña sucedería a la Administración General del Estado. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sería el jefe del nuevo Estado.
En el posterior encuentro con periodistas, JxS y la CUP también explicaron que la norma prevé la amnistía de todos los "investigados o condenados por procedimientos relativos a la independencia o la construcción de la república", lo que incluiría al expresident de la Generalitat, Artur Mas, y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega, así como al exdiputado Francesc Homs. Con respecto al poder judicial, la ley establece que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se reconvertiría en el Tribunal Supremo catalán y sería el máximo órgano de Justicia. La Audiencia Nacional desaparecería, y el fiscal general de la república sería nombrado por el Parlament y no por el Gobierno.
Reacciones
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Apenas unos minutos después de la rueda de prensa, el Gobierno central reaccionó y rechazó una norma que, asegura, refleja que no queda "ni un mínimo resto de sensatez" en la Generalitat. Así reaccionaron fuentes del Ejecutivo al conocer la presentación de una ley que, sostuvieron, "nunca entrará en vigor" porque el Ejecutivo va a "hacer cumplir las leyes" y dará "respuesta a todos los intentos de los independentistas de vulnerar" el orden constitucional. El PP catalán, en la misma línea, apuntó por boca de su líder, Xavier García Albiol, que es favorable a aplicar el artículo 155 de la Constitución "si sirve para evitar este golpe de estado", aunque sólo en un "caso extremo".
Por su parte, el PSC calificó de "engaño" la ley de transitoriedad. "El acto de hoy es un nuevo engaño de un proceso engañoso, no habrá ni referéndum el día 1 de octubre ni el día 2 tendremos una república", afirmó el primer secretario de los socialistas catalanes en una rueda de prensa, en la que apuntó que esta ley pretende sustituir el Estatut y que, por tanto, requeriría la aprobación de dos tercios del Parlament. Para Iceta, la norma presentada este lunes no es más que "otro episodio más de este proceso inacabable que no lleva a ningún lado".
Por parte de Ciudadanos fue su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, la encargada de hacer una valoración. Arrimadas aseguró que "la presentación de la ley de transitoriedad con prisas y opacidad es para pasar página de la vergüenza" que provocó la, a su juicio, politización de la manifestación del domingo, y apuntó que se conocen muy pocos detalles de una norma que tachó de "tomadura de pelo". "Unas elecciones autonómicas con urnas de verdad nos permitirían cambiar de gobierno y no de pasaporte", insistió Arrimadas.
La mayoría independentista en el Parlament de Cataluña, que conforman Junts pel Sí y la CUP, presentó este lunes en rueda de prensa la proposición de Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Esa norma, con la que los independentistas pretenden realizar la transición y la constitución de la nueva república catalana en el caso de que se imponga el sí a la independencia en el referéndum del 1 de octubre, fue registrada este mismo lunes en el Parlament, aunque aún no hay fecha para su tramitación y aprobación.