Laicos y padres de la escuela pública se oponen a que se imparta Religión en FP

La asignatura de Religión y su protagonismo en las aulas ha estado tradicionalmente en el epicentro del conflicto educativo. La derecha, espoleada por la Conferencia Episcopal, aboga por el mantenimiento del poder de la Iglesia católica en los centros educativos. Los socialistas, aunque nunca han sacado esta materia de las escuelas cuando han gobernado –lo han hecho durante 22 años en toda la democracia– dicen ahora que "no puede estar en el horario escolar ni formar parte del currículum". Entre tanto, los obispos piden más. Y su última reclamación, anunciada el pasado viernes por su portavoz en una entrevista a Europa Press, es que Religión se imparta también en FP. Una petición que llega tras el intento frustrado de incluir la doctrina católica como materia de oferta obligada en Bachillerato, donde se incluye como una asignatura específica optativa más dentro de un bloque de más de diez del que los centros están obligados a impartir un mínimo de dos y máximo de tres. Es decir, no se aclara que la oferta deba ser obligatoria tal y como reclama la jerarquía católica. 

En la redacción que el Gobierno remitió al Congreso se detalla que "la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español". Y ese Acuerdo, en su artículo II señala que "los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza el derecho a recibirla". Sin embargo, la doctrina católica desapareció de la formación en oficios con la LOGSE, aprobada en 1990. 

El plazo de enmiendas en el Senado acabó el pasado 31 de octubre, pero el texto se debatirá este martes en comisión y se votará el próximo 20 de noviembre en el pleno, así que los grupos todavía tienen plazo hasta ese día para incluir enmiendas transaccionales al texto. La pelota está ahora en el tejado de los grupos parlamentarios, especialmente el popular, que ya se mostró proclive a fijar la ofertad obligada de Religión en Bachillerato aunque finalmente dio marcha atrás. Fuentes de este grupo señalaron a infoLibre que "no ven posible" que se incluya este cambio en la 'ley Wert' aunque esperan que se pueda hacer en sus desarrollos para que "se cumplan los acuerdos". Por otro lado, la voluntad del ministro, según explican en su equipo, es la de no hacer modificaciones y mantener el tratamiento de la Religión en los términos en los que aparecía en el proyecto que el Gobierno remitió a Las Cortes. 

Los sectores laicistas y los padres de la escuela pública se muestran contrarios a que la reforma incluya más reclamaciones de la Iglesia católica. "La religión debe salir del currículo y del ámbito escolar con el fin de respetar los derechos de toda la comunidad educativa sin discriminación ni privilegio para que de esa forma se evite todo tipo de segregación por razones de ideas o creencias", señala Manuel Navarro, vicepresidente de Europa Laica. Según Navarro, con este tipo de presiones los obispos tratan de ofrecer una salida a los profesores de Religión ante la caída de la demanda de esta asignatura. "Pretenden ampararse en la literalidad un texto que data de 1979 para mantener su influencia", censura. 

La realidad es que si se observan los datos oficiales del Ministerio de Educación no resulta extraño ese empeño de la Iglesia por dar más presencia a la asignatura de Religión, especialmente en los cursos superiores. En los últimos diez años la matrícula de esta materia ha bajado de forma considerable. En el curso 2000/2001 cursaron Religión el 83,32% de los alumnos de Primaria, el 63,71% de los de Secundaria y el 47,68% de los de Bachillerato. Diez años después, en el curso 2010/2011, el último del que hay datos disponibles, ese porcentaje bajó al 72,62%, al 53,21% y al 38,16%, respectivamente. Es decir, hay un descenso de al menos diez puntos en todos los niveles. Además, es llamativo el descenso que se produce en Primaria una vez que los alumnos hacen la primera comunión.

Desde la confederación de padres CEAPA su presidente, Jesús Sánchez, también censura que se siga manteniendo la enseñanza de Religión en horario escolar. "En la escuela se enseñan concimientos y saberes, no dogmas ni creencias. La creencia religiosa pertenece al ámbito privado, al de la familia... al de la iglesia, la mezquita o la sinagoga. Los obispos siguen presionando al Gobierno para que adapte más la reforma a sus intereses. Y se equivocan", señala. 

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La reforma educativa del ministro Wert incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una alternativa fuerte. O que desaparezca Educación para la Ciudadanía, materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que es considerada por los obispos como un instrumento que utiliza el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos. 

La escuela es un espacio cómodo para garantizar la influencia social y la evangelización. Los obispos lo saben y, por ello, no han escatimado en esfuerzos para, bajo Gobiernos de uno y otro signo, mantener su poder en las aulas. La puntilla la ha puesto el actual ministro de Educación, José Ignacio Wert, que con su polémica reforma educativa ha satisfecho varias de las principales reivindicaciones de la Conferencia Episcopal. Además de lo mencionado anteriormente, el proyecto de ley también blinda los conciertos a los centros que segregan por sexo, gestionados en su mayoría por entidades ultracatólicas, aunque estos tendrán justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. Y prevé que las autonomías tengan en cuenta la “demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria, lo que se traduce en que esta prerrogativa primará sobre la voluntad de la Administración de proteger a la escuela pública y abre la puerta a la renovación automática de los conciertos.

Los conciertos con centros de la Iglesia católica se pusieron en marcha en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González implantó la doble red sostenida por el Estado para universalizar la educación básica. Hubo entonces concesiones a la enseñanza privada católica y se institucionalizó la concertada. Sectores laicistas criticaron al PSOE por sus posiciones demasiados laxas con la Iglesia. Cinco años después, en 1990, con González todavía como jefe del Ejecutivo, se puso en marcha la LOGSE. Bajo esta ley, la asignatura de Religión quedó establecida como optativa para el alumno, pero obligatoria para el centro. Era –en realidad lo sigue siendo hasta que entre vigor la nueva reforma– evaluable, aunque no contaba para la media ni tenía una alternativa fuerte como venían reclamando los obispos.