Ministerio del Interior, 8.00 horas del 29 de marzo de 2012. La directora general de Política Interior, Cristina Díaz, comparece ante los medios de comunicación para dar el segundo parte –el primero lo ofrecería dos horas antes– sobre la jornada de huelga general contra la reforma laboral, el primer parón al que tiene que hacer frente el Gobierno de Mariano Rajoy. Con voz pausada, la autoridad de la cartera capitaneada por Jorge Fernández Díaz asegura que "la situación transcurre casi como un día laborable más", afirma que el Ejecutivo garantizará los derechos "tanto de aquellos que decidan sumarse a la huelga como de los que desean ejercer su derecho al trabajo" y da las primeras cifras oficiales: 58 detenidos, 3 heridos leves y 6 policías heridos "de escasa consideración".
José Manuel Nogales y Rubén Sanz estaban entre los arrestados aquella mañana. Ahora, más de cinco años después, los dos sindicalistas de la Federación de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego (CHTJ) de la UGT deberán sentarse ante un juez. Lo harán el próximo 21 de junio en el Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid, acusados de los mismos delitos que en su momento se atribuyeron a Los Ocho de Airbus: uno contra los derechos de los trabajadores –artículo 315.3 del Código Penal– y dos de atentado –art. 550 y 551.1–. Además, la Fiscalía Provincial de Madrid incluye en su escrito de acusación cuatro faltas de lesiones –art.617,1–. En total, piden para cada uno siete años de cárcel y sendas multas.
De todos ellos, lo que más les duele, como sindicalistas, es que les imputen es el 315.3 del Código Penal: "Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". "Nos duele mucho que nos atribuyan un delito contra el derecho de los trabajadores porque, precisamente, lo que nosotros hacíamos ese día era defender sus derechos ante una reforma laboral que, entre otras cosas, dinamitó la negociación colectiva y redujo el valor de la indemnización por despido", sostiene Ranz en conversación con infoLibre. "¡Llevo defendiendo los derechos de los trabajadores toda la vida!", completa Nogales al otro lado del hilo telefónico.
'Los dos de la Lealtad'
Los dos encausados, incluidos entre los casi 300 que según los sindicatos han sido procesados en el marco de las últimas huelgas generales, formaban parte ese 29 de marzo de un piquete informativo de la federación CHTJ-UGT que, según el escrito de defensa al que ha tenido acceso este diario, se movía "por distintas zonas de Madrid informando a los trabajadores de los motivos de la huelga e instándoles a participar en ella". Más de seis decenas de personas que comenzaron la jornada de parón en Mercamadrid, donde se integraron en otro piquete de mayor tamaño y se registró el primer incidente: "Personas que tiran piedras desde el interior del recinto. Se consigue mantener la calma y no hay detenciones", apunta la defensa.
Tras esto, el grupo se desplazó al Paseo de la Castellana, donde se concentró y pitó frente al Hotel Villamagna, y continuó avanzando, "escoltado por la policía a unos cien metros", por la calle Serrano. Sobre las 7.00 horas, el piquete llegó a la Plaza de la Lealtad, donde los dos sindicalistas serían posteriormente detenidos, forjándose así el nombre de guerra que se ha utilizado durante estos cinco años para denunciar su encausamiento: Los dos de la Lealtad. "Allí nos detuvimos frente al edificio de la Bolsa. Queríamos señalar quiénes eran los verdaderos culpables de la crisis económica", explica Ranz a este diario.
Una vez concluida la concentración, continuaron su ruta por los hoteles de lujo de la capital. La siguiente parada era el Ritz. Pero a escasos diez metros de la puerta, una decena de personas se pararon en una cafetería abierta "para decir a los trabajadores desde fuera del local que se incorporaran a la huelga". "Un miembro del piquete abre la puerta y lanza desde la entrada al interior del establecimiento unos pasquines", relata el escrito de defensa. Fue entonces cuando, continúa, un camarero salió "muy alterado" y se enfrentó "con insultos" al sindicalista y al resto del grupo. El dueño del bar, por su parte, intentó calmar los ánimos.
Entre el intercambio de palabras, con "cierta tensión verbal", Ranz trata de apaciguar la situación "sin golpear en ningún momento ni al camarero ni al dueño del local, ni intentar impedir o limitar en momento alguno su derecho al trabajo". Nogales, por su parte, cuenta que él se encontraba en esos instantes "retirado", casi "en la entrada del Ritz", y señala que durante la "discusión" que se mantuvo en la puerta del establecimiento, que pudo ver desde su posición, no se produjo en ningún momento "agresión alguna". "Como en todas las huelgas, dábamos la tabarra. Pero ni somos gente agresiva ni privamos a los que quieran ir a trabajar de hacerlo", añade.
En medio de la refriega, y "sin previo aviso ni advertencia", la policía apareció "corriendo" y cargó "desde las espaldas" y con "violencia". El grupo del piquete que se encontraba en la cafetería se dipersó. Entre carreras, los agentes arrollaron a Nogales, que se estaba "alejando del lugar" y que, según su versión, cayó a los pies del jefe de la unidad policial. "En el suelo, me empezó a dar porrazos en las piernas mientras yo intentaba explicarle que no había hecho nada", afirma el sindicalista. En ese instante, "sin que hubiera intervenido" en el incidente del bar ni hubiera llevado a cabo "acto alguno de violencia, agresividad u hostilidad contra ninguna persona ni contra los policías", fue detenido.
Ranz se acercó a los agentes y les dijo: "Pero hombre, no os llevéis al más mayor". "En ese momento se abalanzan sobre él y le golpean con las porras, repetidamente, en brazos, muslos y espalda, deteniéndole a continuación", recoge el escrito de defensa, que añade que los dos sindicalistas tuvieron que ser atendidos por el Samur. De ahí, a la comisaría de Moratalaz, donde pasaron toda la jornada de huelga en los calabozos. A la mañana siguiente, prestaron declaración en el juzgado. El Ministerio Fiscal pedía para ellos prisión preventiva. El juez, sin embargo, consideró esta medida "desproporcionada e inadecuada, dado que los imputados detenidos carecen de antecedentes penales y han negado haber participado", tal y como consta en el auto en el que decreta su puesta en libertad.
La Fiscalía pide siete años de cárcel
La Fiscalía de Madrid, sin embargo, relata en su escrito de acusación que el grupo del piquete, "en el que se encontraban los dos acusados", impidió "tanto el acceso como la salida" de la cafetería, tiró en el interior del local "multitud de publicidad sindicalista" y, con intención "de obligar a las personas" que se encontraban en el establecimiento "a secundar la huelga", profirieron "gritos con insultos" y expresiones como "esquiroles", "cerrad el bar, que no vais a heredar la empresa" o "lo vais a pagar caro" al tiempo que "daban golpes en los cristales". Todos ello, continúa, "amparados en la protección, fuerza e intimidación del grupo y el tumulto".
Entonces, el camarero y el dueño del local salieron "para tratar de hacerles cambiar de opinión". En ese momento, señala el Ministerio Fiscal, "varios integrantes del piquete, entre quienes se encontraba José Manuel Nogales, golpearon en diversas partes del cuerpo" al propietario de la cafetería. "Otros varios, entre quienes se encontraba Rubén Ranz, golpearon de igual forma al camarero del establecimiento", continúa el escrito, que añade que los dos sindicalistas aprovecharon de igual forma el "tumulto" y la "confusión reinante" que se formaron con la carga policial para agredir "con un palo de bandera" a dos de los agentes. "Ninguno de ellos sufrió secuelas ni estuvo impedido para el ejercicio de sus actividades habituales, ni precisó otra cosa que la primera asistencia facultativa", completa.
Por todo ello, considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores –el tan criticado artículo 315.3–, dos delitos de atentado y cuatro faltas de lesiones. Por el primero, pide para cada uno tres años y nueve meses de cárcel, así como quince meses de multa con una cuota diaria de 15 euros. Por el segundo, tres años y tres meses de prisión. Y por cada una de las faltas, cincuenta días de multa con una cuota diaria de 15 euros. En total, cada sindicalista se enfrenta a siete años de cárcel y las respectivas sanciones económicas.
"Afectado psicológicamente"
"Yo creo que ese día, y a esa hora, [el Gobierno] lo que quería era dar la noticia de que había tantos detenidos, que estaban apaciguando la situación y que a los violentos no les estaban dejando actuar. Pero vamos, que no ocurrió nada que no hubiera pasado en otros piquetes", apostilla Ranz. Nogales, a punto de rozar ya la jubilación, asegura que los cinco años de proceso le han "afectado psicológicamente" y defiende que las acusaciones contra ellos "son falsas". "Como llamamos al Samur, yo creo que este policía [en referencia al jefe de la unidad] pensó que le íbamos a denunciar e intentó cubrirse las espaldas acusándonos", añade.
Los dos sindicalistas encausados consideran que las penas que pide la Fiscalía "son desproporcionadas". "Siete años de cárcel hunden a una persona y a su familia", lamenta Nogales. Sin embargo, no están solos en el trayecto. El sindicato lleva meses organizando una campaña, mano a mano con CCOO, para denunciar la "brutal desproporción de las penas" que piden para Los dos de la Lealtad y para exigir la derogación, con la "máxima urgencia posible", de los artículos 315.3 y 172 –el relativo a coacciones– del Código Penal. "Aprovechamos cada resquicio que tenemos para intentar sensibilizar a todos los estamentos posibles", cuentan a infoLibre desde UGT.
'Los dos de la lealtad' evitan la cárcel pero tendrán que afrontar una sanción económica
La campaña, relatan, sigue tres vertientes: internacional, nacional y legal. En el primer plano, la central sindical ha mantenido reuniones con miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha remitido una carta a su director general, Guy Ryder, poniéndole al corriente de la situación que vive el derecho de huelga en España con el 315.2 del Código Penal. Además, en este sentido, han pedido también a sindicatos de otros países que trasladen en forma de misiva su apoyo a los sindicalistas encausados, que pidan a los partidos españoles la derogación de los dos artículos del C.P. y que escriban al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solicitando que el Grupo Parlamentario Popular apoye esta derogación y que la Fiscalía retire los cargos.
Misivas que, en el plano nacional, también han enviado las distintas federaciones de UGT y CCOO. Las centrales sindicales están manteniendo, al mismo tiempo, reuniones con los distintos grupos parlamentarios para que respalden en el Congreso de los Diputados la proposición de Ley de Unidos Podemos que establece la derogación del 315.3 del Código Penal y la anulación de todas las causas, en firme o en proceso, por la aplicación de dicho artículo. La Cámara Baja aprobó a mediados de mayo la toma en consideración de la iniciativa parlamentaria por 176 votos a favor –los de UP, PSOE, PNV, ERC, PNV y parte de los diputados del Grupo Mixto–, 134 en contra –PP, Foro Asturias y UPN– y 32 abstenciones –Ciudadanos–.
Una campaña que se completa en la calle, con actos de apoyo a Nogales y Ranz a imagen y semejanza a los que en su momento se organizaron para respaldar a los Ocho de Airbus. Citas que ya se han celebrado en Fuenlabrada, donde reside el primero de los dos sindicalistas, Zaragoza y Navarra y que continuarán en Asturias y Getafe, donde está previsto otro acto multitudinario el próximo 20 de junio, un día antes de que se sienten en el banquillo de los acusados. Por el momento, estás acciones se completarán el 21 de junio. Está previsto que los dos sindicalistas sean acompañados hasta el juzgado por "más de 5.000 delegados", que esperarán a las puertas.
Ministerio del Interior, 8.00 horas del 29 de marzo de 2012. La directora general de Política Interior, Cristina Díaz, comparece ante los medios de comunicación para dar el segundo parte –el primero lo ofrecería dos horas antes– sobre la jornada de huelga general contra la reforma laboral, el primer parón al que tiene que hacer frente el Gobierno de Mariano Rajoy. Con voz pausada, la autoridad de la cartera capitaneada por Jorge Fernández Díaz asegura que "la situación transcurre casi como un día laborable más", afirma que el Ejecutivo garantizará los derechos "tanto de aquellos que decidan sumarse a la huelga como de los que desean ejercer su derecho al trabajo" y da las primeras cifras oficiales: 58 detenidos, 3 heridos leves y 6 policías heridos "de escasa consideración".