Las lecciones sobre responsabilidad política que Ábalos no tuvo en cuenta: de Josep Borrell a Antònio Costa

La práctica común, lo que los ciudadanos, los medios de comunicación y los partidos (al menos en teoría) exigen, es que un cargo público dimita cuando no puede justificar que sus acciones se ajustan a los estándares de ética, legalidad y eficacia esperados. Especialmente si estas acciones, entre las que están incluidos los nombramientos, han causado un daño significativo a la sociedad o han minado la confianza pública en las instituciones. La dimisión se convierte así en un acto a través del cual asumir una responsabilidad directa por los fallos cometidos. Y distanciarse de ellos.

En el caso de José Luis Ábalos, la acción sobre la que todos los partidos, desde el PP al PSOE, exigen su dimisión es haber nombrado asesor a una persona que, de acuerdo con todas las informaciones conocidas, se habría enriquecido aprovechándose de su posición en el ministerio y de una emergencia de salud pública con un elevado coste en vidas humanas.

Sin embargo, el exministro de Transportes, y desde este martes exdiputado socialista, no se siente interpelado por sus errores. Y, como hicieron en el pasado otros muchos políticos, argumenta que renunciar a su posición —en este caso, un escaño en el Congreso— no es exigible porque ni forma "parte de la investigación en curso" ni tampoco se le atribuye "ningún enriquecimiento ilícito". Es decir: como ni siquiera le está investigando un juzgado, no se da por aludido. Sobre su asesor, lo más que ha llegado a decir acerca de su propia responsabilidad es que él no es el único que ha visto defraudada su confianza, pasando por alto que solo él le dio entrada en el corazón del ministerio.

No figurar "ni en la querella ni en el auto judicial" es, en opinión de Ábalos, razón suficiente para no dimitir. Se apoya en el Código Ético y de Conducta del PSOE, un documento que solo obliga a entregar un cargo cuando en un procedimiento penal se dicte auto de apertura de juicio oral, pasando por alto que, en su caso, era una petición que le había trasladado la Ejecutiva Federal y que ha decidido incumplir.

Nada de ética

En todo caso, Ábalos niega la existencia de una "ética pública" que le obligue, ni siquiera moralmente, a dimitir. Porque esa "supuesta ética", aduce, no incluye "una fase de reparación posterior" a su "cancelación civil y sacrificio público".

El exministro sostiene, como han hecho otros políticos en el pasado, de todos los colores políticos, que renunciar "se interpretaría como un signo de culpabilidad", provocaría su "estigmatización política" y "personal" que acabaría convirtiéndole en "un apestado político".

Al mismo tiempo, afirma que mantener el escaño, aunque ya no sea como diputado del PSOE, argumenta Ábalos, le permitirá defenderse, restituir su "honor" sin "comprometer al grupo parlamentario socialista" y no acabar su "carrera política como un corrupto". Además de contar con "una tribuna pública", el Congreso de los Diputados, desde la que dirigirse a la opinión pública.

En las palabras del exministro no hay ni una referencia al principal argumento de quienes, situados ante el mismo dilema, optaron por renunciar a sus cargos: no perjudicar al proyecto político del que han formado parte. Ninguno de ellos ha acabado siendo estigmatizado por dimitir ni se han convertido en “apestados”. Algunos, incluso, han rehecho carreras políticas o profesionales prestigiosas.

Es lo que hizo Josep Borrell en 1999 cuando renunció a la candidatura del PSOE a la Presidencia del Gobierno, que había ganado en primarias, después de que dos excolaboradores suyos en el Ministerio de Hacienda fuesen investigados por la Fiscalía Anticorrupción por haber ocultado 2,8 millones de euros al fisco. El ahora Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, igual que Ábalos, nunca fue imputado, pero renunció porque "el cumplimiento estricto de la legalidad no puede ser un refugio para la duda sobre un comportamiento ético o moral".

"Soy un corredor de fondo, pero llegar a la meta no es el único objetivo. O no debería serlo llegar a ella de cualquier manera. Para los socialistas, el tiempo, los hechos y las conductas confirman o desmienten nuestra credibilidad, y no cabe otra regla de conducta". "No he cometido ningún delito, pero sí quizás algunos errores, y de ellos respondo. No tengo nada que reprocharme. Pero no quiero que ni un solo voto, ni una sola voluntad progresista, se pueda ver empeñada porque yo no sepa tomar la decisión adecuada".

Proteger el proyecto político

"Sé bien que no se utiliza la misma vara de medir para todos, pero me enorgullezco de pertenecer a un proyecto al que se exige más que a ningún otro", añadió Borrell hace ahora 25 años. "Prefiero pecar de exceso que por defecto, y no podría soportar que, por tibieza, nadie, ningún militante o simpatizante socialista, se vea obligado a dar explicaciones que solo yo debo dar. No soportaría pensar que por no tomar una decisión radical, alguien pudiera perder su confianza en el proyecto de progreso que encarnamos los socialistas".

Ese objetivo, no perjudicar al PSOE y a su proyecto, ha estado ausente en la decisión de Ábalos, cuyo empeño en aferrarse al escaño enfrenta a su partido a prolongar una situación que le resulta especialmente complicada de gestionar.

La responsabilidad política por la que Borrell sí se dio por interpelado, es la misma que motivó al exprimer ministro portugués Antònio Costa para renunciar a su cargo el pasado noviembre después de que altos cargos que él había nombrado se hubiesen visto involucrados en una investigación relacionada con tráfico de influencias, corrupción y prevaricación en proyectos energéticos. No tuvo dudas. "Obviamente, presenté mi dimisión", declaró a las pocas horas de conocerse las acusaciones, pese a tener "la conciencia tranquila" y negar cualquier relación con los hechos, por los que nunca ha sido imputado. "La dignidad del cargo es incompatible con la apertura de una investigación" por el Supremo. "Mi obligación es también preservar la dignidad de las instituciones democráticas", subrayó.

Demetrio Madrid, el único presidente socialista que ha tenido Castilla y León, dimitió en 1986, cuando se anunció su procesamiento por la supuesta venta ilegal de una empresa de su propiedad. "La instrumentación política que de mi situación personal se ha venido haciendo y puede hacerse, mi dignidad personal, la de las instituciones y el interés del partido me aconsejaban dimitir", alegó en aquel trance. "Siendo inocente, es más positivo para la democracia y para la comunidad" abandonar el cargo.

Nunca fue condenado. “Yo sabía que iba a ser absuelto. Pero no es obligatorio estar en política. Y sabía también que, mientras se mantuviera mi situación, estaba poniendo en cuestión la institución a la que representaba. Tomé la decisión absolutamente solo. Hay vida después de la política”.  Volvió a las Cortes en junio de 1993 y fue senador por Zamora hasta 2004.Tiene en su poder, entre otras distinciones, las medallas de Oro de la Comunidad de Madrid y de las Cortes de Castilla y León, así como la Orden del Mérito Constitucional.

Seis años en dique seco

El mismo argumentario que Ábalos ignoró esta semana fue el que utilizó el también socialista José Ramón Gómez Besteiro para renunciar a la secretaría general del PSdeG-PSOE en marzo de 2016 después de ser imputado repetidamente por una jueza de Lugo por diferentes causas que acabaron siendo archivadas. Es "lo mejor para mi partido y para mi país", señaló. No estaba dispuesto a ser "utilizado como excusa" para "impedir el cambio" de Gobierno "ni en Galicia ni en España". Volvió a su trabajo como abogado y no fue hasta seis años después que la jueza archivó todas las acusaciones. Entonces volvió a la vida política activa y acabó convirtiéndose, el pasado febrero, en el candidato socialista a la presidencia de la Xunta, un puesto para el que su partido iba a elegirle en 2016.

Hasta Alfonso Guerra, el que fuera secretario de Organización del PSOE y vicepresidente del Gobierno con Felipe González, dimitió en enero de 1991 para facilitar a su jefe de filas la formación de un nuevo ejecutivo después de que su reputación sufriese graves daños como consecuencia del llamado caso Juan Guerra, la utilización por parte de su hermano de un despacho oficial para hacer negocios particulares valiéndose de su parentesco.

Mónica Oltra (Compromís), dimitió como vicepresidenta del Govern de la Comunitat Valenciana y como diputada de Les Corts "para no comprometer el proyecto de cambio" que había comenzado en 2015 con la formación del gobierno del Botànic. Lo hizo en junio de 2022, apenas cinco días después de ser imputada por el presunto encubrimiento del caso de abuso a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido, un asunto que hoy, casi dos años después, sigue sin haber sido resuelto en los tribunales.

El ejemplo de Willy Meyer

Willy Meyer, el que fuera cabeza de lista de IU al Parlamento Europeo, dimitió en junio de 2014, un día después de que infoLibre desvelara que entre 2004 y 2009 participó en un fondo voluntario de pensiones de la Eurocámara gestionado por una Sicav —una sociedad de inversión de capital variable con bajísima tributación— con sede en Luxemburgo. El motivo alegado fue la "coherencia" y el compromiso con el electorado de IU. "Frente a esta crisis de legitimidad es muy importante garantizar la coherencia con nuestras prácticas". "Para despejar cualquier tipo de duda, he decidido renunciar a mi acta de eurodiputado. Es muy importante que los cargos públicos de IU demos un ejemplo a nuestro electorado y nuestros militantes, que se merecen un gesto de estas características. No solo hay que parecer que se trabaja conforme al discurso, sino hacerlo efectivo", declaró Meyer cuando hizo efectiva su dimisión.

La que fuera presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, presentó en febrero de 2016 su dimisión a la vista de "la gravedad" de las informaciones que en aquellos días habían puesto el foco en la supuesta financiación ilegal de su partido en la Comunidad de Madrid. No estaba imputada judicialmente. Eso sí: dejó claro que continuaría encabezando como portavoz el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid.

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Aguirre aseguró entonces que tomaba la decisión pese a no tener "ninguna responsabilidad directa" en los casos de corrupción que estaban siendo investigados por la justicia, pero explicó que tenía que asumir su "responsabilidad política" por haber nombrado a las personas "que nos están avergonzando a todos". "Debería haber vigilado mejor", admitió.

También Manuel Pimentel renunció a su cargo como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de José María Aznar. En febrero de 2000, Pimentel asumió la "responsabilidad política" por el comportamiento de la esposa de uno de sus colaboradores más estrechos en el ministerio, Juan Aycart, que participaba al 50% en una empresa que obtuvo 12 millones de euros en subvenciones del antiguo Instituto Nacional de Empleo (INEM).

"No voy a hablar de traición", dijo entonces el ministro, pero "no puede ser que el director de gabinete del secretario de Empleo tenga una empresa de formación" y obtenga cuantiosas subvenciones públicas. "Juan Aycart era más que un colaborador; era un amigo que no me había trasladado siquiera la existencia de esa empresa", dijo. Y aunque no vio "indicios ni de ilegalidad ni de desvío de fondos", Pimentel se mostró convencido de que los políticos deben "asumir su responsabilidad por acción y por omisión. Una persona pública tiene una responsabilidad y tiene que asumirla". "Uno debe ser responsable de lo que hacen sus colaboradores". Exactamente lo contrario que acaba de hacer José Luis Ábalos.