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Portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz y líder de Solidaridad, el sindicato impulsado por la misma formación ultraderechista. Esos son hoy los datos esenciales en la biografía política de Rodrigo Alonso Fernández. Pero, entre 2007 y 2015, fue concejal de Hacienda del PP en Antas, un pequeño municipio de Almería con 3.300 habitantes. En los primeros cuatro años y nueve meses de ese periodo, con Alonso al mando de las cuentas públicas locales, la corporación dejó mes tras mes de pagar la Seguridad Social de su plantilla: 35 empleados en 2008 que saltaron a 40 en 2011 y retrocedieron de nuevo a 36 al año siguiente. El impago duró casi cinco años. ¿Por qué incumplió Antas una de las obligaciones prioritarias de las corporaciones locales si, como han confirmado a este periódico fuentes oficiales, el saldo bancario del ayuntamiento, su liquidez, fue positivo ejercicio tras ejercicio? No se sabe. infoLibre formuló por escrito esa pregunta en la mañana de este martes al diputado y sindicalista Rodrigo Alonso así como a sus portavoces en el partido y en el sindicato que preside. No ha habido respuesta.
La deuda total contraída con la Seguridad Social, el gigante público con cuyos fondos se financian las pensiones y otras prestaciones para los trabajadores, alcanzó la cifra de 514.072,55 euros: así consta en la Resolución Estimatoria de Aplazamiento firmada el 23 de marzo de 2013 por la Seguridad Social y con la que se finiquitaba el asunto a menos que se produjeran nuevos incumplimientos, lo que no sucedió. Lejos de pedir de inmediato, es decir, en 2008 un acuerdo para el fraccionamiento y aplazamiento de los pagos, la solicitud a la Seguridad Social lleva fecha del 19 de marzo de 2013.
El acuerdo final contemplaba los impagos pendientes entre enero de 2008 y septiembre de 2012. Para el ayuntamiento de Antas, 2007 —primer año de mandato del PP en el municipio tras el desalojo electoral del PSOE— se había cerrado con un saldo bancario de 180.406 euros. Al año siguiente, esa cifra se había multiplicado por cuatro hasta situarse en 823.302 euros. Lo que el consistorio tenía en sus cuentas en entidades financieras se mantuvo con el signo más, aunque fluctuó: 370.171 euros en 2009; 163.740 en 2010; 129.263 en 2011 y 275.429 en 2012.
Un plan de ajuste elaborado por el Ayuntamiento de Antas para lograr dos préstamos destinados al pago a proveedores y a algunos de cuyos datos ha tenido acceso este medio ofrece datos del remanente de tesorería para gastos generales en los ejercicios 2011 y 2012. El primero, el remanente aparece cuantificado en 134.440 euros. En 2012, se eleva a 1.517.460 euros. Como derechos pendientes de cobro por ejercicios cerrados, en 2011 la cifra se elevaba a 2,23 millones y en 2012, a 2,03 millones. Las obligaciones pendientes de pago por ejercicios cerrados se quedaban por debajo en ambos ejercicios: 1,6 millones en 2011 y 102.270 euros en 2012.
De la información incorporada a los párrafos anteriores se infiere la segunda pregunta que este periódico envió por escrito a Alonso y sus portavoces: la de qué causa explica que se acumularan impagos a la Seguridad Social, prioritarios en la escala de obligaciones municipales, en 2009, 2010, 2011 y 2012.
El remanente de tesorería es el saldo que permite conocer, al final de cada ejercicio, la solvencia económica de una administración para hacer frente a sus deudas. Se calcula sumando los fondos líquidos a fin de ejercicio y los derechos pendientes de cobro en ese momento. Y restando a esa cantidad las obligaciones pendientes de pago a fin de ejercicio. El remanente de tesorería total puede estar integrando ingresos afectados, conformando lo que se viene denominando el remanente afectado. Detraídos estos ingresos, así como las dotaciones de saldos de dudoso cobro, se obtiene el remanente de tesorería para gastos generales, que se podrá destinar a financiar cualquier tipo de gasto en ejercicios posteriores.
El remanente de tesorería total puede estar integrando ingresos afectados, conformando lo que denomina el remanente afectado. Detraídos esos ingresos, así como las dotaciones de saldos de dudoso cobro, se obtiene el remanente de tesorería para gastos generales, que se podrá destinar a financiar cualquier tipo de gasto en ejercicios posteriores.
La tercera pregunta, igualmente formulada a Alonso y sus portavoces y para la que tampoco hubo respuesta, guarda relación con otro aspecto relevante: el de por qué el acuerdo con la Seguridad Social se produjo en 2013 y no varios años antes. Que ese acuerdo llegara en marzo de 2013 —y así lo acredita el texto de la resolución oficial— se tradujo en intereses de demora. “Para el año 2013, el interés de demora queda establecido en el 5%”, dice el texto.
¿Un coste laboral de 75.000 euros por mes?
Hace seis meses, el diario digital El Español mencionó en una de sus noticias sobre la existencia de este impago a la Seguridad Social. Entonces, el portavoz adjunto de Vox en Andalucía y máximo responsable del sindicato Solidaridad, que comparte sede con Disenso, la fundación de cabecera creada por el partido y presidida por Santiago Abascal, sostuvo lo siguiente en un texto de “rectificación”: “Respecto de no haber pagado la Seguridad Social de los empleados municipales, la realidad es que recibieron unas arcas públicas con 40.000 euros, cuando el coste laboral del Ayuntamiento era de 75.000 euros al mes; lo que obligó a negociar con la Seguridad Social los pagos de las cuotas de los empleados”. Entonces no había trascendido un dato que, cuando menos, pone en solfa la versión de Alonso: que el Ayuntamiento de Antas disponía de liquidez. En diciembre de 2006, último año completo del mandato socialista, las fuentes consultadas por infoLibre cuantifican el saldo bancario de la corporación en 336.937 euros.
Expertos independientes consultados por este medio aseguran que 75.000 euros como coste laboral total por mes resulta poco probable si la deuda que la Seguridad Social cuantificó en 514.072,55 euros se corresponde con la contraída durante los 57 meses comprendidos entre enero de 2008 y septiembre de 2012. Porque la división de esos 514.072,55 euros entre 57 arroja un resultado de 9.018 euros. Y las cuotas de Seguridad Social no son discrecionales sino que siempre representan un determinado porcentaje del coste total.
En la mencionada rectificación que envió a El Español, remarcó esto: "El Sindicato Solidaridad no pertenece a VOX, sino que solamente se ha visto impulsado y saludado por el partido político".
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De concejal de Hacienda durante dos mandatos locales, Rodrigo Alonso había pasado en 2015 a ocupar un puesto como suplente en la lista municipal del PP en Antas. Y luego terminó saltando a Vox. Tras enfrentarse a varios militantes de base que habían llegado a registrar una asociación sindical y que le acusaron de traicionarles para robarles la idea, se convirtió finalmente en el máximo responsable del sindicato Solidaridad. Desde el inicio de esta etapa, Alonso ha cargado contra UGT y CCOO. En una entrevista concedida al digital Vozpopuli, se expresó así: "UGT y CCOO son dos sindicatos de clase que no se ocupan de los derechos de los trabajadores. Se han vendido a los diferentes gobiernos de izquierdas por subvenciones y han asumido las políticas globalistas que destruyen a nuestros trabajadores y fomentan la mano de obra esclava". En enero de 2020, el Parlamento andaluz le reprobó por arrancar carteles de un sindicato, en este caso CGT.
Como desveló en septiembre infoLibre, a efectos oficiales el sindicato Solidaridad notificó como domicilio social un edificio situado en una zona vip del centro de Madrid –junto al Retiro– en el que ahora también tiene sede Disenso, la fundación constituida por Vox como partido, presidida por Santiago Abascal y con la que el partido edita su principal medio de comunicación, gaceta.es. Este martes, la web del sindicato ofrecía como "dirección postal" la misma que los buscadores mercantiles indican como sede de una de las empresas de Gabriel Ariza.
Hijo de Julio Ariza, antiguo candidato de Vox y fundador del grupo mediático Intereconomía, Gabriel Ariza es el titular de la empresa propietaria del dominio gaceta.es. Según Disenso, la fundación lo ha hecho suyo mediante una "cesión gratuita temporal". En su rectificación dirigida a El Español el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz remarcó que el Sindicato Solidaridad "no pertenece a Vox, sino que solamente se ha visto impulsado y saludado por el partido político". Este martes, la web del sindicato que dirige el diputado Rodrigo Alonso continuaba a nombre de Gabriel Ariza.